Medio centenar de ciudadanos del sudoriental estado de Florida, muchos de ellos ex presidiarios, se presentaron en marzo ante el gobernador Jeb Bush para pedirle que se les devolviera el derecho al voto.
Pero esos ciudadanos fueron reprendidos por su deuda personal con la sociedad o porque supuestamente cometieron errores al tratar de sufragar en elecciones anteriores, indicó un testigo de la reunión.
En este tipo de audiencias todo entra en juego, hasta los medicamentos que toma una persona… Es verdaderamente chocante y retuerce las tripas, dijo Courtenay Strickland, de la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).
Cuatro veces por año, Jeb Bush y otros tres integrantes de la Junta Ejecutiva de Clemencia encabezan audiencias en las cuales algunos de los 600.000 residentes de Florida que perdieron el derecho al voto pueden solicitar que les sea restaurado.
Bush es hermano del presidente George W. Bush, elegido en 2000 gracias a los decisivos votos de Florida. Este es uno de los siete estados donde los condenados por diversos delitos deben solicitar formalmente, una vez cumplida la pena, la restauración del derecho al voto.
Veintiocho de los solicitantes que se presentaron el 18 de marzo, cerca de la mitad del total, tuvieron éxito. Unos 35.000 iniciaron el mismo trámite y esperan una respuesta o la mera convocatoria a la audiencia, según Strickland, director del Proyecto Derecho al Voto en Florida de ACLU.
Pero, según diversos cálculos, otros 40.000 residentes del estado corren peligro de perder el derecho al sufragio antes de las elecciones presidenciales de noviembre.
Esa es la cantidad de supuestos ex delincuentes incorporados a una lista a estudio de funcionarios de Florida a cargo de elaborar los padrones electorales en los 67 condados del estado
El procedimiento en curso sirve como recordatorio de lo sucedido en las elecciones de noviembre de 2000, cuando la Corte Suprema de Justicia en Washington debió inclinar la balanza en una disputa por los votos de Florida. Y lo hizo a favor de George W. Bush.
Las elecciones de 2000 terminaron decidiéndose en perjuicio del demócrata Al Gore por apenas 537 votos emitidos en Florida. Bush ganó, a pesar de que Gore había obtenido la mayoría de los votos a nivel nacional.
Por diversos errores, las autoridades electorales de Florida impidieron asistir a los circuitos de votación a millares de ciudadanos de Florida, la mayoría negros. La comunidad afroestadounidense ha apoyado tradicionalmente al Partido Demócrata.
Y esta es apenas una de las muchas preocupaciones de los defensores del derecho al voto en las vísperas de las elecciones presidenciales, que este año enfrentarán a George W. Bush con el demócrata John F. Kerry.
Una flamante coalición de organizaciones civiles manifestaron en las últimas horas su preocupación por los confusos padrones y requisitos para la identificación de los votantes, así como por los defectos y el mal uso de las máquinas utilizadas para emitir y contabilizar los sufragios.
La coalición, encabezada por la Liga de Mujeres Votantes y la Conferencia de Líderes sobre Derechos Civiles, exige a los estados que suministren listas completas de electores registrados y de los circuitos electorales correspondientes.
Su intención es que los funcionarios locales sepan qué hacer en caso de que un ciudadano acuda por error a una mesa de votación.
Los activistas también presionan por mejoras en el entrenamiento en materia de registro e identificación y de uso de máquinas de votación que se brinda a los voluntarios.
La coalición ni siquiera abordaron el problema del voto electrónico en pantallas sensibles aplicado en 37 estados, calificado de queso suizo por un experto en elecciones.
Una ley en materia electoral aprobada en Florida en 2001 impidió al gobierno estadual contratar a terceros la confección final de los padrones, que en las elecciones pasadas resultó en numerosas querellas de votantes que no pudieron ejercer sus derechos.
En consecuencia, las autoridades compilaron una base central de datos. Pero eso no significa que la lista sea en esta ocasión mejor que en 2000.
Aun si fuera mejor, creo que corremos un peligro real de tener tantos ciudadanos potencialmente removidos por error que antes con las nuevas normas, dijo Strickland a IPS.
El nuevo proceso incluye el uso de correo certificado para advertir a los votantes a punto de ser despojados de su derecho.
Pero los votantes negros tienden, en general, a no reaccionar ante avisos postales ni en los periódicos, el paso siguiente en el procedimiento, dijo Barbara Arnwine, directora ejecutiva del Comité de Abogados para los Derechos Civiles.
En los comicios de 2000 en Florida, era 10 veces más probable que se rechazara en un circuito electoral a un negro que a cualquier otro ciudadano, según un informe publicado al año siguiente en el diario The Washington Post.
ACLU y otras organizaciones advirtieron que 19.000 personas fueron erróneamente registradas como delincuentes y retiradas de los patrones de Florida.
El supervisor de elecciones del condado floridense de Hillsboroug County, Buddy Johnson, afirmó que 553 delincuentes fueron reincorporados a los padrones, lo cual demuestra que la de este año será una contienda justa.
Mi intención es aprovechar cada oportunidad que tenga para mantener una persona en los padrones. Somos serios y cautelosos en esta determinación, dijo Johnson.
Quienes lleguen al circuito de votación y vean su nombre excluido podrán, incluso, votar de manera condicional, aseguró el funcionario.
Pero Strickland advirtió que es la ley, y no la buena voluntad, lo que obliga a los supervisores a hacer los máximos esfuerzos en la verificación de la información que reciben.
Arnwine y Strickland consideraron que el derecho al voto debería restaurarse automáticamente a los delincuentes que cumplieron su condena, como ocurre en la mayoría de los estados de Estados Unidos.
Strickland informó que la ACLU está impulsando una reforma constitucional en ese sentido. Básicamente todo el proceso asigna al elector, y no al estado, la carga de la prueba sobre su capacidad de voto. Eso contradice la idea de que todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
