Organizaciones humanitarias urgieron a la comunidad internacional a detener lo que llamaron limpieza étnica contra comunidades de Darfur, una región del oeste de Sudán, por parte de milicias progubernamentales.
Las últimas organizaciones en sumarse a la exhortación fueron el Grupo Internacional de Crisis (ICG), con sede en Bruselas, y el Comité Estadounidense para los Refugiados (USCR).
Jartum (el gobierno sudanés) debe estar apostando a que el mundo está demasiado preocupado por Iraq para ocuparse de Darfur, declaró Gareth Evans, ex canciller de Australia y actual presidente del ICG.
Sin embargo, la comunidad internacional debe estar dispuesta a demostrarle que no es así, proveyendo la voluntad política y los recursos militares necesarios para obligarlo a cumplir con una (eventual) resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), agregó.
Mientras, y en medio de informes sobre crecientes violaciones por milicias árabes al cese del fuego en Darfur, la directora ejecutiva de USCR, Lavinia Limon, instó al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a actuar en forma unilateral si es necesario.
Un millón de desplazados internos y refugiados están amenazados por el hambre como resultado de las atrocidades del gobierno de Sudán y la privación del acceso irrestricto para las agencias humanitarias. En pocas semanas, las lluvias volverán intransitables los caminos, y cientos de miles podrían morir de inanición, advirtió.
El presidente (Bush) debe impedir que esto ocurra. Debe actuar para asegurar que cantidades masivas de alimentos y suministros de emergencia lleguen a todos quienes los necesitan en Darfur, instó Limon.
El ICG y USCR recordaron la advertencia realizada en ese sentido por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en ocasión del décimo aniversario del genocidio de Ruanda.
Evans reclamó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que imponga sanciones selectivas, como el congelamiento de activos de gobernantes sudaneses en el exterior, y habilite una acción legal internacional como último recurso antes del uso de la fuerza. Jartum debería recibir un plazo de tres semanas para cumplir la resolución, exhortó.
El conflicto en Darfur, que comenzó hace 15 meses, enfrenta a las milicias árabes Janjaweed (Jinetes), armadas y apoyadas por el gobierno, con las tribus africanas fur, masalit y zaghawa, que constituyen la mayoría de la población del lugar. Todas las partes involucradas en el conflicto son musulmanas.
Cerca de un millón de personas fueron desarraigadas por el conflicto que comenzó cuando dos grupos rebeldes aliados, el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLA) y el Movimiento por la Justicia y la Igualdad (JEM) atacaron instalaciones militares en protesta por los ataques de los Janjaweed contra sus comunidades y por el abandono de la región por parte del gobierno.
Unos 120.000 de los desplazados se refugiaron en el vecino Chad, donde la ONU ha establecido campamentos de refugiados. Pero la mayoría permanecen en Darfur, incapaces de regresar a sus hogares, mucho menos de trabajar su tierra, pese al cese del fuego acordado el mes pasado entre Jartum y los dos grupos rebeldes.
En un informe lanzado el 7 de mayo, el grupo estadounidense de derechos humanos Human Rights Watch describió lo que ocurre en Darfur como una campaña de tierra quemada que incluye el incendio y la despoblación forzada de tierras, que se cuentan entre las más fértiles de Sudán.
El informe, titulado Darfur destruido, sostiene que las milicias progubernamentales frenan el envío de comida y detienen a cualquier persona que quiera irse del pueblo, y que entre ocho y nueve niños mueren diariamente por desnutrición. El documento denuncia también la violación de mujeres y niñas, condiciones sanitarias infrahumanas y falta de asistencia médica.
Annan exhortó en una carta dirigida el jueves al presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir a desarmar de inmediato a los paramilitares.
