Estados Unidos impulsa una nueva resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para exonerar a sus tropas de responsabilidad por eventuales crímenes de guerra cometidos en operaciones de mantenimiento de la paz del foro mundial.
Si tiene éxito, se renovaría una excepción aprobada por primera vez en 2000 y renovada con renuencia en 2003. Washington presentó la solicitud en medio de la indignación de la comunidad internacional por los abusos cometidos por soldados estadounidenses contra prisioneros en una cárcel de Iraq, plasmados en fotografías que circularon por todo el mundo.
Dadas las recientes revelaciones desde la prisión de Abu Ghraib (en Bagdad), el gobierno de Estados Unidos ha elegido un terrible momento para pedir tratamiento especial sobre crímenes de guerra, comentó Richard Dicker, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no debería otorgar favores especiales a ningún país, incluido Estados Unidos, agregó Dicker, director del programa de justicia internacional de Human Rights Watch.
El órgano ejecutivo de la ONU, integrado por 15 miembros, iba a reunirse en la noche de este viernes para discutir la solicitud de Washington. Si hay oposición o reservas al proyecto de resolución, la decisión final podría postergarse hasta la semana próxima.
Un diplomático asiático que solicitó reserva cree que Estados Unidos ejercerá suficiente presión sobre los miembros del Consejo para lograr la aprobación de la resolución.
Pero en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos en Bagdad, el debate podría proveer la plataforma necesaria para criticar a Estados Unidos, predijo, en declaraciones a IPS.
Mientras Washington impulsa la resolución, soldados estadounidenses en Iraq son acusados de torturar y humillar a prisioneros en violación de las convenciones de Ginebra. Uno ya fue condenado a un año de prisión.
Los abusos cometidos por los soldados ameritarían un juicio por crímenes de guerra, según abogados constitucionalistas, pero Estados Unidos no puede ser llevado ante la Corte Penal Internacional (CPI) porque su gobierno no ratificó el Estatuto de Roma que lo creó.
El CPI es el primer tribunal internacional permanente de la historia a cargo de juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio. El presidente Bill Clinton (1993-2001) firmó el Estatuto en diciembre de 2000, pero en mayo de 2002, su sucesor, George W. Bush, retiró la firma.
Poco después, Washington lanzó una campaña para socavar la CPI. Así, amenazó con vetar operaciones de paz de la ONU a menos que el Consejo de Seguridad del foro mundial diera inmunidad durante un año a los ciudadanos estadouidenses ante la CPI.
Además, Estados Unidos firmó una serie de acuerdos bilaterales, incluso con países miembros de la CPI, que obligan a las contrapartes a no entregar soldados estadounidenses al tribunal mundial.
Con el escándalo de las torturas en Abu Ghraib, el mundo sabe exactamente por qué el gobierno de Bush ha hecho todo lo posible para sabotear a la CPI, dijo a IPS Francis Boyle, profesor de derecho internacional de la Facultad de Leyes de la Universidad de Illinois.
En julio de 2000, el Consejo de Seguridad adoptó una polémica resolución que otorgó inmunidad a los cascos azules estadounidenses. La resolución fue renovada el año pasado y estará vigente hasta fines de junio. Ahora, Washington pretende una segunda renovación.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, advirtió el año pasado que la exoneración no debe transformarse en una rutina anual.
De lo contrario, dijo, el mundo interpretaría que el Consejo de Seguridad pretende inmunidad absoluta y permanente para quienes sirven en las operaciones de paz que establece o autoriza.
Eso debilitaría no sólo la autoridad del CPI, sino también la autoridad del Consejo de Seguridad y la legitimidad de las operaciones de paz de la ONU, previno.
En una declaración emitida el jueves, Human Rights Watch afirmó que Bush pretende hacer aprobar la resolución lo antes posible, para que el polémico asunto no entorpezca los esfuerzos por obtener el respaldo del Consejo para la transferencia de la soberanía a autoridades iraquíes el 30 de junio.
