El diálogo del gobierno colombiano de Alvaro Uribe con las paramilitares de las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que estaba al punto de la ruptura, recibió la víspera un fuerte impulso con el consenso que establece la llamada "zona de ubicación" de irregulares en el norte del país. Los jefes paramilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, de ascendencia italiana, dispondrán de un territorio de 368 kilómetros cuadrados para el desarrollo con el Ejecutivo de un acuerdo anterior, que estaba en suspenso. El nuevo consenso sorprendió al país, pesimista desde mediados del mes pasado por una puja entre las partes, radicalizadas ante una iniciativa legal del Ejecutivo que propone prisión para los responsables de delitos atroces, múltiples en el caso de las AUC, que han advertido de que no purgarán ni un día de cárcel. Pero ante todo, por la negativa del presidente Alvaro Uribe a negociar la extradición de los solicitados bajo cargos de narcotráfico por los Estados Unidos, como el desaparecido líder político de la organización, Carlos Castaño, y Mancuso, el jefe militar. La extradición "se conservará tal y como está en la actualidad y con plena vigencia", ratificó ayer el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, una vez que regresó de Santafé de Ralito, eje de la creada "zona de ubicación". No obstante, matizó que, en el momento de decisiones, el gobierno considerará como "elementos de juicio" la "buena conducta" y el "propósito de enmienda" de personas que, como Mancuso, se comprometan con un proceso de paz, caso en el cual las comunidades nacional e internacional pueden asumir una "actitud comprensiva". La aldea que centrará la "zona de ubicación" pertenece a la localidad de Tierralta, a unos 800 kilómetros de Bogotá y en el departamento de Córdoba, región con un extendido control de las AUC, que se lo arrebataron a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
