Las Fuerzas Armadas de Bolivia iniciaron una estrategia para anular los fallos emitidos por el Tribunal Constitucional referidos a los disturbios del 12 y 13 de febrero de 2003, cuando fueron utilizados para reprimir manifestaciones sociales ante la huelga policial de ese momento. Según fuentes militares, recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, porque consideran que las sentencias contra cuatro oficiales del Ejército, responsabilizados por la violencia desatada en las calles, vulneraron sus derechos constitucionales. El asesor de las Fuerzas Armadas Gonzalo Valenzuela dijo que sus defendidos no fueron citados por el Tribunal antes de dictar las sentencias constitucionales y no tomaron en cuenta que ya fueron procesados por el Tribunal Permanente de Justicia Militar.
