El secretario general de la ONU, Kofi Annan, quien admitió que pudo haber hecho más para impedir el genocidio en Ruanda hace 10 años, se manifestó decidido a tomar medidas para impedir en el futuro tragedias similares.
Annan encabezaba el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 1994, cuando ocurrió la masacre de al menos 900.000 de los ocho millones de habitantes de Ruanda en presencia de una fuerza militar multinacional mandatada por el foro mundial.
El funcionario anunció que designará en breve, tal vez la semana próxima, a un asesor especial en materia de prevención de genocidios, definidos como el exterminio sistemático y planificado de un grupo nacional, racial o étnico.
El portavoz de la ONU, Fred Eckhard, dijo que el nuevo asesor estará a cargo de elaborar un plan de acción para asegurar que no vuelva a ocurrir otra masacre masiva.
Pero activistas de derechos humanos, académicos estadounidenses y diplomáticos de la ONU se muestran escépticos sobre la eficacia del mandato de un asesor especial.
La creación del puesto requeriría el consentimiento del Consejo de Seguridad del foro mundial, explicó a IPS el experto Christian Davenport, profesor de Gobierno y Política en la estadounidense Universidad de Maryland.
Se impone un acuerdo previo, con un compromiso público sobre el envío de tropas, dijo Davenport, asesor del Tribunal para Crímenes de Guerra en Ruanda y autor de un libro recién publicado sobre este acontecimiento.
Se necesita un compromiso internacional para impedir las matanzas masivas. Hacerlo requiere también un reconocmiento de que, en la mayoría de los casos, hay pocos 'chicos buenos', si existen, en los bandos en pugna, dijo Davenport.
En ese sentido, la ONU debe estar preparada para garantizar la estabilidad en los lugares donde podrían ocurrir masacres, agregó. En segundo término, es necesario establecer un esquema sistemático y abierto de recolección de datos, una tarea que ha demostrado ser muy difícil, sostuvo.
El experto Christian Scherrer, del Proyecto de Investigación del Genocidio en Holanda, cree que estas acciones sólo pueden ser impedidas por la creación de un sistema de reacción rápida y otro de alerta temprana.
En un nivel más práctico, se requiere el enjuiciamiento de todos los perpetradores de genocidio y el cumplimiento del derecho internacional en la materia.
Annan dijo la semana pasada que si la comunidad internacional hubiera actuado pronta y determinadamente, el genocidio en Ruanda podría haberse frenado. Pero no hubo voluntad política ni tropas, se lamentó.
El jefe de la ONU recordó que él mismo, en su carácter de subsecretario general y de jefe del Departamento de Misiones de Mantenimiento de la Paz en ese entonces, presionó a varios países para que enviaran tropas a Ruanda.
Creía que estaba haciendo las cosas lo mejor posible. Pero me di cuenta después del genocidio que pude y debí hacer más para que sonara la alarma y apareciera el apoyo, dijo.
El 6 de abril de 1994, el avión en que viajaban los presidentes Juvenal Habyarimana, de Ruanda, y Sylvestre Ntibantunganya, de Burundi, fue abatido en Kigali.
Pocas horas después, una ola de violencia inundó este pequeño país de Africa central, a manos de soldados y milicias de la mayoría hutu que se ensañaron con la minoría tutsi y otros hutus con posiciones moderadas.
El ministro de Deportes, Juventud y Cultura de Ruanda, Robert Bayugamba, dijo la semana pasada que se recuperaron los cadáveres de 937.000 masacradas en ese periodo, y que esperaban hallar más.
Fuerzas del gobierno entonces dominado por los hutu y las milicias Interahamwe (los que luchan juntos, en ruandés) son responsabilizados del genocidio, pero también se acusa al insurgente Frente Patriótico Ruandés (RPF), mayoritariamente tutsi, que comenzó sus ataques en 1990.
Expertos consideran que la acción del RPF fue lo que enardeció a las fuerzas hutu.
El entonces jefe de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ruanda, Romeo Dallaire, recuerda haber exigido reiterada e infructuosamente a Annan medidas para poner fin al genocidio pocos días antes de que comenzara.
En su recién publicado estudio sobre la masacre, Davenport concluyó que la mayoría de los asesinados en Ruanda pudo no haber sido de la minoria tutsi, como se ha evaluado hasta ahora, sino integrantes de la mayoría hutu, etnia a la que también pertenecían los perpetradores.
Nuestra investigación sugiere con fuerza que una mayoría de las víctimas eran hutu. No había suficientes tutsis en Ruanda entonces, afirmó el experto.
La decisión del secretario general de designar un asesor especial en materia de genocidio coincide con la crisis humanitaria en la región de Darfur, en Sudán, a la que muchos comparan con la situación imperante en Ruanda poco antes del genocidio.
La mayoría de la población de Darfur es negra, mientras el gobierno en Jartum está dominado por la mayoría árabe.
La experta Samantha Power, de la estadounidense Universidad de Harvard, sostuvo en una columna para el diario The New York Times que se requeriría una fuerza multinacional de 10.000 soldados para detener las masacres en Darfur.
El propio subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, consideró que los acontecimientos en Sudán constituía una limpieza étnica y una de las peores y más ignoradas crisis humanitarias del mundo.
La mayoría de los ataques son dirigidos contra la población civil. Poblados enteros fueron saqueados y arrasados con el fuego, y gran cantidad de civiles fueron violados, torturados y asesinados, dijo Egeland la semana pasada.
Un representante asiático ante la ONU que pidió reserva sobre su identidad dijo a IPS que la mayoría de los diplomáticos muestran dudas acerca de la eficacia de un asesor especial en materia de genocidio.
Tenemos docenas de relatores especiales investigando violaciones de derechos humanos, pero desafortunadamente varios gobiernos se niegan a que visiten sus países. Un asesor especial de la ONU tiene poder en la medida que el país en cuestión le conceda la visa, sostuvo el informante.
El diplomático mencionó el clásico ejemplo de Israel, país acusado de la matanza indiscriminada de civiles palestinos. El gobieno israelí se negó a que una misión de la ONU investigara la muerte de palestinos en el campamento de refugiados de Jenin en abril de 2002.
El equipo, encabezado por el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari, fue designado sin consulta, carecía de experiencia técnica y no era neutral, según Israel.
