Tres activistas están detenidos en Japón desde fines de febrero por distribuir panfletos contra el envío de tropas japonesas a Iraq, en señal de una preocupante tendencia a la represión del activismo por la paz, según grupos de derechos humanos.
No hay nada malo en distribuir panfletos, incluso si el objetivo es organizar una protesta contra el despliegue de las Fuerzas de Autodefensa en Iraq, afirmó Makoto Teranaka, de la organización Amnistía Internacional/Japón.
Estas detenciones son una clara violación a la libertad de expresión, y se producen en un momento en que la seguridad es una de las principales preocupaciones de la población, agregó Teranaka.
Los activistas, una mujer y dos hombres, están detenidos bajo el cargo de violar el artículo 130 del Código Penal. Los tres pertenecen a Campamento Tachikawa, un grupo que protesta desde hace más de tres décadas contra una antigua base militar estadounidense en Tachikawa, al oeste de Tokio.
Tamaki Kino, portavoz del grupo, dijo que los arrestos se realizaron un mes después de que los activistas dejaran los panfletos contra la guerra en Iraq en casillas de correo pertenecientes a las familias de integrantes de las Fuerzas de Autodefensa, lo más parecido a un ejército que tiene Japón desde su derrota en la segunda guerra mundial.
Nos quedamos pasmados cuando la policía llegó de improviso… Registraron nuestras casas en base a denuncias presentada contra nosotros. Sin embargo, muchos vendedores hacen rutinariamente lo que nosotros hicimos, dijo.
La decisión del gobierno de Japón el pasado diciembre de enviar una misión militar a Iraq pese a la abrumadora oposición pública asestó un duro golpe al pacifismo que se arraigó en este país asiático desde el fin de la segunda guerra mundial, en 1945.
Los panfletos de Tachikawa exhortaban a los familiares de los soldados a pensar seriamente en el despliegue de tropas.
El objetivo era generar debate en las familias de los militares. Después de todo, hacer que las Fuerzas de Autodefensa reconsideren su despliegue es importante para un gran número de personas que se oponen a la decisión del gobierno de enviar tropas a Iraq, comentó Kino.
Amnistía Internacional consideró que los activistas detenidos son prisioneros de conciencia, detenidos en violación de su derecho a la libertad de expresión, y expresó grave preocupación por la persecución de las familias de los tres activistas, que incluyó el registro de sus casas y la posterior confiscación de sus notas y computadoras personales.
Desde su detención, los tres activistas son sometidos a casi ocho horas de interrogatorio por día, sin que ningún abogado esté presente, afirmó Amnistía en un comunicado de prensa.
Información recibida por Amnistía Internacional sugiere que son interrogados por autoridades de la unidad de seguridad pública de la Policía Metropolitana de Tokio, lo cual sugiere que el caso tiene implicaciones nacionales de seguridad, agregó la organización.
Según Teranaka, esta persecución envía un preocupante mensaje a los activistas, porque se enfrentan a un sistema policial que no respeta derechos humanos como el acceso a un abogado durante los interrogatorios.
Encuestas de opinión pública revelaron que casi la mitad de los japoneses rechazan la decisión del primer ministro japonés Junichiro Koizumi de enviar tropas a Iraq en enero para apoyar a las asediadas fuerzas ocupadoras de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Ese despliegue fue el primero de las Fuerzas de Autodefensa posterior a la segunda guerra mundial en una zona militar.
Cientos de militares japoneses ya están en Iraq, y el gobierno planea enviar 1.000 más.
Como aliado de Estados Unidos en la guerra contra Iraq, Japón enfrenta amenazas de atentados de grupos terroristas islámicos. La persecución de grupos pacifistas parece formar parte de las consiguientes medidas gubernamentales para fortalecer la seguridad.
En consecuencia, el gobierno no considera que las actividades de grupos como Tachikawa sean una expresión de derechos políticos, sino actividades subversivas y criminales, señaló Manabu Ishizuka, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Asia.
El creciente riesgo del terrorismo enmascara la realidad: el gobierno es responsable por las amenazas terroristas, porque su decisión de enviar tropas a Iraq no contó con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, afirmó Ishizuka.
