IRAQ: Corrupción petrolera, dura prueba para ONU y EEUU

La credibilidad de la ONU está a prueba por las denuncias de corrupción en el programa de Petróleo por Alimentos para Iraq. Pero también la de los países del Consejo de Seguridad a cargo de controlar el plan, con Estados Unidos a la cabeza.

El secretariado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) designará una comisión independiente esta semana para investigar las denuncias relativas al esquema multimillonario que permitía a Iraq vender cantidades limitadas de crudo para comprar alimentos y medicinas.

La portavoz de la ONU Marie Okabe dijo este lunes a la prensa que el secretario general del foro mundial, Kofi Annan, trabajó durante el fin de semana ”para lograr que personas del máximo calibre” figuren en la comisión.

Okabe atribuyó el retraso en la designación a la meticulosidad en la búsqueda de las personas adecuadas.

La experta Phyllis Bennis, del Instituto de Estudios de Política que concentra sus análisis en las actividades de la ONU, dijo a IPS que la credibilidad del foro mundial no está en peligro

”Son los miembros del Consejo de Seguridad, más significativamente Estados Unidos y sus aliados, los responsables de aprobar todos los contratos del programa Petróleo por Alimentos”, explicó Bennis.

”Este es uno más en una larga serie de esfuerzos de Estados Unidos para desviar la responsabilidad de sus propias fallas para acusar a la ONU en su lugar”, agregó.

El programa era supervisado por el Comité de la ONU para las Sanciones en Iraq, integrado por el Consejo de Seguridad.

”No debería sorprender a nadie que una empresa de 60.000 millones de dólares no haya quedado libre de ineficiencia, mal manejo y aun de soborno”, dijo el alemán Hans Von Sponeck, ex subsecretario general de la ONU y coordinador de asuntos humanitarios del foro mundial para Iraq.

Von Sponeck, quien manejó la distribución de alimentos, medicinas y otras mercancías en el marco del programa Petróleo por Alimentos entre 1998 y 2000, dijo a IPS que el panel que se creará deberá arrojar luz sobre el alcance de las denuncias.

Hasta entonces, ”el periodismo responsable debería abstenerse de emitir juicios” sobre el caso.

El Consejo de Gobierno Iraquí designado por las autoridades de la ocupación estadounidense también anunciaron el lanzamiento de su propia investigación en torno del programa.

El programa Petróleo por Alimentos, surgido en 1996 como excepción al embargo internacional que sufría Iraq por la invasión de Kuwait en 1990, permitía la venta de cantidades limitadas de petróleo para adquirir alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios, bajo supervisión de la ONU.

El programa manejaba entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales, pero esos ingresos por ventas de petróleo pasaron en noviembre a las arcas de la Autoridad Provisional de la Coalición, encabezada por Paul Bremer, el administrador civil estadounidense en Iraq.

El cambio disgustó a los opositores de la guerra que Estados Unidos lanzó contra Iraq, así como a funcionarios de la ONU que ayudaron a crear y administrar el exitoso programa.

La entrega de alimentos y medicinas, en beneficio de más de 60 por ciento de la población de un país devastado por las sanciones y por la guerra, era implementado en territorio iraquí por una red de 44.000 funcionarios del gobierno de Saddam Hussein bajo supervisión de la ONU.

Las acusaciones de corrupción salieron a la superficie hace varios meses, cuando un diario de Bagdad publicó identificó a empresarios, dirigentes políticos, jefes de Estado y hasta funcionarios de la ONU que habrían recibido sobornos del régimen de Saddam Hussein.

Los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal incluyeron en sus informes al respecto críticas a la labor del subsecretario general de la ONU, Benon Sevan, último funcionario del foro mundial que encabezó el programa.

Sevan rechazó la acusación según la cual recibió petróleo y dinero del antiguo régimen iraquí, depuesto por una coalición militar liderada por Estados Unidos en abril de 2003.

The New York Times indicó que el precio al público de casi tres cuartas partes del suministro de alimentos y medicinas se elevó para pagar 10 por ciento de comisiones ilegales a exportadores de petróleo, mientras los funcionarios de la ONU fingían no darse cuenta.

Entre los vendedores figuraban contratistas de Medio Oriente, Europa y de algunos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia), países a cargo de supervisar el programa.

Funcionarios de la ONU afirman que también debe echarse la culpa al Consejo de Seguridad, que no pudo impedir o detectar los sobornos, de haber existido éstos.

La Oficina General de Contabilidad (GAO), órgano estadounidense de contralor dependiente del Congreso legislativo, calculó que funcionarios del gobierno de Saddam Hussein se embolsaron 4.400 millones de dólares, tanto de ventas de petróleo como de compras de artículos humanitarios.

La GAO también estimó que se contrabandearon 5.700 millones de dólares en petróleo por fuera del programa Petróleo por Alimentos.

”Sé que están descargando mucho sobre el Secretariado de la ONU, lo cual no es justo. No digo que el Secretariado no haya cometido algunos errores, pero creo que hay muchas cosas y que el panel que crearemos podrá clarificarlas”, dijo Annan el mes pasado.

Annan dijo que la investigación no tendría éxito sin la cooperación activa de todos los países miembros de la ONU, en especial aquellos que han hecho negocios con Iraq, y no sólo los miembros del Consejo de Seguridad.

El secretario general de la ONU también admitió que su hijo, Kojo Annan, trabajó para una empresa suiza que se benefició con el programa. ”No tengo nada que ver con el comité de contrataciones” a cargo de la selección de las empresas, aseguró Annan.

El senador estadounidense Richard Lugar, del gobernante Partido Republicano, dijo la semana pasada que la corrupción en el programa no se debía sólo a las maquinaciones de Saddam Hussein.

”El requirió a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU dispuestos a ser complices de sus actividades, y requirió a funcionarios de la ONU y contratistas deshonestos, desatentos o deseosos de dañar una misión compasiva”, sostuvo Lugar.

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