La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que evita habitualmente sentar a los países poderosos en el banquillo de los acusados, pondrá a prueba su credibilidad este jueves cuando trate el planteo cubano de pedir explicaciones a Estados Unidos sobre la situación de los detenidos en su base de Guantánamo.
La sesión anual en su sede de Ginebra del máximo organismo humanitario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se deslizaba imperturbable hacia su finalización el próximo fin de semana hasta que Cuba sacudió el tablero y complicó la partida con la cuestión del enclave militar estadounidense en el extremo sudoriental de esa isla caribeña.
El gobierno cubano de Fidel Castro demandó a la Comisión que reclame a Washington un informe sobre las condiciones de vida y el estatus jurídico de unas 600 personas detenidas en la base naval de Guantánamo desde la guerra de Afganistán de fines de 2001.
Por ahora, las censuras de la Comisión se limitan cada vez más a los países aislados políticamente, coincidió Joanna Weschler, una de las directoras de Human Rights Watch, el grupo independiente con sede en Nueva York.
La propia Comisión pareció darle la razón a esta organización humanitaria el jueves pasado, cuando aprobó resoluciones críticas contra Cuba, Turkmenistán, Corea del Norte y Belarus, pero rechazó decisiones similares contra China, Zimbabwe (apoyado por el grupo africano) y contra Rusia por la situación en Chechenia.
Aunque esta vez el calibre del acusado es completamente diferente, pues Estados Unidos constituye en la práctica un monobloque dentro de la Comisión.
Con su oposición, Washington impide el consenso en múltiples temas, en particular los relacionados con Medio Oriente y con los derechos económicos, sociales y culturales, que obstruye de manera sistemática, acompañado este año por Australia.
En el otro rincón de la disputa aparece Cuba, debilitada por el voto adverso, aunque ajustado, que aprobó la resolución en su contra presentada por Honduras, aunque promovida claramente por Washington.
Tampoco le favorece a Cuba su argumento de que Estados Unidos viola en Guantánamo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno los basamentos del sistema de derechos humanos de la ONU.
Cuba, lamentablemente, no ha ratificado ese tratado, observó Alfred de Zayas, un jurista cubano-estadounidense profesor del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.
En relación con esa omisión, la delegación cubana distribuyó este martes un texto revisado de su proyecto de resolución sobre Guantánamo, en el que suprimió todas las menciones a Estados Unidos como país miembro del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Pero De Zayas admitió la violación de Estados Unidos porque no reconoce que el Pacto se aplica también en Guantánamo, un territorio bajo su jurisdicción.
Un alto magistrado de la justicia británica, Lord Johan Steyn, opinó que la justicia deparada a los prisioneros de Guantánamo no se compadece con las mínimas normas internacionales de un juicio justo.
Steyn dijo que Guantánamo representa un fracaso monstruoso de la justicia.
Además, el estatus legal de los detenidos replantea al mismo tiempo el antiguo problema de la posesión del territorio donde Estados Unidos instaló la base naval de Guantánamo.
De Zayas recordó, en un encuentro con periodistas, que Estados Unidos arrendó ese territorio cubano destinado a los fines exclusivos navales y de aprovisionamiento de carbón.
La Habana sostiene que Washington ha violado esos términos, porque utilizó la base antes como de internación de refugiados haitianos y ahora de prisioneros de guerra.
Desde 1959, apenas asumido el gobierno revolucionario de Castro, Cuba dejó de percibir el arriendo de poco más de 4.000 dólares anuales e informó a Washington de su deseo de poner fin al convenio.
Empero, Estados Unidos replica que el arrendamiento sólo puede cancelarse por un común acuerdo.
Con esas facetas, la cuestión de Guantánamo planteada ante la Comisión adquiere otra importancia, evaluó Hardeep Puri, representante de India. La cuestión ya no se reduce a un voto favorable o negativo a la resolución, dijo.
Hasta este miércoles, India no había decidido todavía su voto, reconoció Puri a IPS.
Tampoco en la Unión Europea había consenso y se esperaba una decisión política de Bruselas, pues los países miembros de este bloque representados en la Comisión se dividían entre partidarios del voto negativo y de la abstención.
En tanto, los países de América Latina tenían dificultades para presentar una posición común. Fuentes cercanas a los representantes de esa región adelantaron la posibilidad de que Argentina, Brasil y Paraguay vuelvan a abstenerse, como hicieron hace una semana ante la resolución de condena a Cuba.
Mientras, Amnistía Internacional observó este martes que durante más de dos años se han levantado muchas voces de condena por la situación en Guantánamo que reflejan preocupación porque Estados Unidos está sentando un precedente peligroso en su política de detenciones de la guerra contra el terrorismo.
La organización, con sede en Londres, dijo que otros gobiernos se amparan en el ejemplo de Guantánamo para justificar sus propias conductas abusivas.
