Después de dos años, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se dispone por fin a decidir si el Poder Ejecutivo puede mantener detenidos indefinidamente a combatientes enemigos sin aval judicial.
La Corte ya atendió los argumentos de abogados de 16 prisioneros y los del gobierno la semana pasada, y analizará dos casos más este miércoles, pero no se prevé un dictamen hasta fines de la presente primavera boreal.
Se trata de determinar en qué carácter están detenidas bajo custodia militar personas capturadas en el marco de la guerra contra el terrorismo, declarada por el gobierno tras los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington del 11 de septiembre de 2001.
Los tres debates determinarán el alcance del poder de la Casa Blanca para detener ciudadanos estadounidenses o extranjeros en el marco de la guerra contra el terrorismo.
Los casos discutidos la semana pasada se refieren a personas capturadas por fuerzas estadounidenses en Afganistán y Pakistán en 2001, en la operación militar realizada tras los atentados de ese año. Este miércoles, la Corte tratará la situación de dos presos estadounidenses.
Docenas de organizaciones humanitarias, de ex prisioneros de guerra y de abogados presentaron alegatos en carácter de amicus curiae (amigos del tribunal), como se denomina a los terceros ajenos a una disputa pero con un interés justificado en el litigio.
La mayoría de esos alegatos se oponen a la posición del gobierno.
Defensores de las libertades civiles confían en que la mayoría de los nueve miembros de la Corte determinen que el Poder Ejecutivo no puede impedir el acceso de los detenidos a los tribunales, para que éstos determinen si las autoridades obraron correctamente al mantenerlos presos.
Al parecer, cuatro de los jueces están fuertemente del lado de los detenidos en (la base naval estadounidense de) Guantánamo (en Cuba) en cuanto a que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción para tratar estos casos, dijo la experta Deborah Pearlstein, de la organización Human Rights First.
Al analizar las intervenciones de los miembros de la Corte ante los argumentos presentados la semana pasada por el representante legal del gobierno, Ted Olson, Pearlstein agregó que dos de ellos —Sandra Day O'Connor y Anthony Kennedy— también mostraron escepticismo.
Olson afirmó que las facultades del Poder Ejecutivo para detener combatientes enemigos debería ser virtualmente ilimitada en tiempos de guerra.
Los dos jueces que, según la activista, serán el fiel de la balanza fueron designados por presidentes pertenecientes al hoy gobernante Partido Republicano.
Los tres casos son seguidos de cerca por organizaciones de derechos humanos y diplomáticos de todo el mundo. Se trata de las primeras audiencias sobre los combatientes enemigos capturados en la guerra contra el terror, con juicios pendientes en comisiones militares especialmente creadas y muy criticadas por expertos en derecho.
Unas 700 personas sospechosas de integrar la red terrorista Al Qaeda y el movimiento islámico Talibán, que controló la mayor parte del territorio afgano entre 1996 y 2001, están detenidos desde fines de ese año en Guantánamo.
Un centenar, entre ellos algunos considerados inofensivos, fueron devueltos a sus países de origen. Hoy continúan en la base naval 595 de 40 nacionalidades.
El diario estadounidense The Boston Globe afirmó el domingo que, según un alto funcionario del Departamento (ministerio) de Defensa, el gobierno carece de evidencia suficiente para procesar a la mayoría de los detenidos ante una comisión militar.
Pero esos detenidos, según la misma fuente, son considerados demasiado peligrosos —o valiosos como fuentes de información de inteligencia en el futuro— como para liberarlos en el futuro cercano.
Los casos atendidos la semana pasada fueron interpuestos en nombre de 16 detenidos en Guantánamo, que se declaran combatientes inocentes capturados o entregados por error a las autoridades militares estadounidenses en Afganistán o Pakistán.
Según las Convenciones de Ginebra, los prisioneros de guerra pueden invocar esa condición ante un tribunal independiente. Pero el gobierno de George W. Bush decidió a comienzos de 2002 que los detenidos en Guantánamo no son prisioneros de guerra.
Como consecuencia, los abogados defensores de los 16 combatientes —dos de los cuales han sido devueltos a Gran Bretaña— presentaron recursos de hábeas corpus.
Pero Olsen argumentó que los tribunales federales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre la base de Guantánamo porque no se encuentra en territorio de Estados Unidos.
Seis de los jueces de la Corte Suprema formularon preguntas a Olson sobre si los detenidos pueden encontrarse en una zona sin ley, sin posibilidad de recurrir a ninguna autoridad judicial y privados de sus derechos básicos.
Olson podría pasar más dificultades este miércoles, pues las audiencias de esa jornada se referirán a la situación de dos ciudadanos estadounidenses detenidos durante dos años sin acusación en una base naval de Carolina del Sur.
A ambos se les negó el acceso a un abogado por considerárselos combatientes enemigos.
Yaser Hamdi fue capturado por la afgana Alianza del Norte, y obtuvo la ciudadanía estadounidense porque nació en Estados Unidos de padres sauditas.
El segundo caso es el de José Padilla, arrestado en el aeropuerto de Chicago hace dos años sospechoso de conspirar con la red Al Qaeda para detonar una bomba con material nuclear.
Su caso, según expertos, será aun más difícil de argumentar para el gobierno, porque fue detenido demasiado lejos del campo de batalla.
En el caso de Padilla, un tribunal en Nueva York dictaminó que debe tener derecho a apelar su detención, basada sobre información de fuentes confidenciales.
