La anunciada concesión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Brasil, permitiendo que algunas inversiones en infraestructura no sean consideradas gastos en el cálculo del ajuste fiscal, es por ahora un triunfo sólo aparente del gobierno brasileño.
El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, aclaró este lunes desde Nueva York que el esfuerzo fiscal se mantendrá inalterado, con la meta de 4,25 por ciento del producto interno bruto interno (PIB) de superávit primario, es decir de ahorro en las cuentas públicas, sin contar el pago de intereses.
No se trata de una simple exclusión de las inversiones infraestructurales en la contabilidad de los gastos, que equivaldría a reducir la meta fiscal acordada con el FMI, sino de una estrategia aún en discusión para que tengan tratamiento distinto los recursos aplicados en proyectos de gran rentabilidad y eficiencia, explicó el ministro.
El objetivo es calificar inversiones que, por su productividad y retorno seguro, fortalecen la situación fiscal del país, favoreciendo el crecimiento económico, acotó.
Las gestiones de las autoridades brasileñas, que obtuvieron el apoyo de gobiernos sudamericanos y de Estados Unidos, tuvieron como respuesta del FMI la disposición a poner a prueba la idea de flexibilizar los cálculos del superávit primario, a través de proyectos pilotos en Brasil y otros países a ser elegidos.
Esta decisión fue anunciada por Palocci el domingo, tras reunirse en Washington con la directora gerente interina del FMI, Anne Krueger.
La identificación de proyectos y la definición de la nueva metodología pueden empezar inmediatamente, pero llevará tiempo concretarlas, y el cambio efectivo en las reglas del Fondo dependerá de los resultados de las experiencias puestas en marcha.
Los acuerdos brasileños vigentes con el FMI, firmados desde 1998 para obtener ayuda financiera ante una crisis cambiaria, establecieron crecientes reducciones de los gastos públicos.
El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidió por su cuenta, al asumir en enero de 2003, elevar la meta del superávit primario a 4,25 por ciento del PIB. El acuerdo con el FMI la había fijado en 3,75 por ciento del PIB.
La meta se cumplió con creces, junto con una política monetaria de elevadas tasas de interés para contener la inflación. El precio fue una recesión económica, con disminución de 0,2 por ciento del PIB el año pasado, y desempleo abierto para más de 12 por ciento de la población activa.
Excluir las inversiones en infraestructura del rubro de los gastos, en las cuentas presentadas al FMI, apareció como una alternativa para ablandar el ajuste fiscal y recuperar alguna capacidad de inversión por parte del sector público.
El hecho de que el FMI acepte una flexibilización en esta cuestión no soluciona los problemas de Brasil, según el profesor Fernando Cardim de Carvalho, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, un economista crítico de la política económica oficial.
La medida tendrá ”un impacto muy pequeño” y parece ”más destinado a distraer atenciones”, incluso porque el gobierno anunció que no pretende renovar el acuerdo con el FMI el próximo año, señaló a IPS.
Falta definir qué inversiones serán contempladas y cómo, pero seguramente serán inferiores a lo que necesita la economía brasileña para una efectiva recuperación, por encima del superávit primario acordado con el FMI, sentenció Cardim de Carvalho.
La economía brasileña está metida en un círculo vicioso en que los altos intereses aumentan la deuda pública, anulando con creces el esfuerzo fiscal, y traban el crecimiento agravando el desequilibrio de las cuentas públicas. Por eso marcha hacia una nueva crisis si no se corrige su rumbo, pronosticó.
Entre economistas que apoyan la gestión económica del gobierno, el temor es que la nueva metodologia conduzca al aflojamiento de la política fiscal, que aumentaría la deuda pública y pondría en peligro la estabilidad económica.
Señales de que algunos miembros del gobierno buscan alternativas menos ortodoxas para restablecer el crecimiento económico del país ya provocaron reacciones en el mercado, como la devaluación de los títulos de la deuda externa brasileña.
El ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Luis Furlán, saludó la decisión del FMI como un factor de aceleración del crecimiento económico.
Su colega de Agricultura, Roberto Rodrigues, destacó que ampliar la infraestructura es indispensable para sostener la expansión de su sector, cuyas exportaciones aseguran el superávit comercial del país, de 24.824 millones de dólares el año pasado.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, estatal de fomento, informó que la medida permitirá liberar 5.600 millones de reales (1.930 millones de dólares) en inversiones ya aprobadas, pero trabadas por las metas fiscales. Casi la mitad de ese dinero se destinará al sector eléctrico.
Pero las necesidades son gigantescas. Por ejemplo, hace falta realizar abultadas inversiones en la generación eléctrica para que a partir de 2007 no se repitan los grandes apagones de 2001, las carreteras del país presentan un deterioro que encarece los transportes, y el estado de los puertos amenaza con trabar las exportaciones agrícolas.
La escasez de inversiones públicas en los últimos años obligó a suspender 111 obras en carreteras, agravando las dificultades del transporte por esas vías, al que corresponde 60 por ciento de la circulación de mercancías en Brasil, según un informe publicado el domingo por el diario O Estado de Sao Paulo.
