El exterminio de jóvenes es el pan de cada día en Honduras: 2.230 menores de 23 años han sido asesinados desde 1998, la mitad de ellos en los dos últimos años. Y la impunidad reina.
”Vivimos en violencia cotidiana”, dijo a IPS José Manuel Capellín, director en Honduras de la organización no gubernamental Casa Alianza, centro de atención a niñas y niños de la calle que lidera en ese país las denuncias contra la creciente ola de crímenes contra jóvenes.
El gobierno de Ricardo Maduro, en funciones desde enero de 2002, sostiene que la violencia está controlada.
Pero apenas el domingo 25 fue encontrada en la ciudad de San Pedro Sula, al norte del país, una cabeza humana aparentemente de un joven, perforada a cuchilladas y acompañada de un mensaje dirigido al mandatario, cuyo contenido no se reveló.
Se trata del cuarto hallazgo de ese tipo en lo que va del año, en el que han muerto más de 70 jóvenes, la mayoría pobres, en hechos no aclarados.
Las sospechas recaen en policías y escuadrones paramilitares creados para aniquilar a miembros de pandillas juveniles.
En octubre de 2002 Maduro nombró una comisión intergubernamental y un equipo de investigación especial para aclarar los asesinatos de los últimos años, 1.100 de los cuales corresponden a menores de 18 años, según investigaciones de Casa Alianza
”La intención es buena, pero los resultados son muy pobres, lo que indica que la estrategia requiere cambios”, dijo Capellín, quien ha mantenido varias conversaciones con Maduro al respecto.
De los 2.230 asesinatos se han investigado apenas 332, y sólo 66 están en los tribunales, mientras hay 36 personas detenidas y acusadas.
El gobierno admite que 20 por ciento de los crímenes son atribuibles a funcionarios policiales y 21 por ciento a particulares. Pero asegura que el resto se debe a enfrentamientos entre pandillas juveniles.
”Se transmite la idea de que la violencia es producto casi exclusivo de las pandillas, pero nosotros lo dudamos y creemos que las razones están relacionadas con la impunidad, el contubernio de autoridades y la operación de bandas de aniquilamiento”, dijo el director de Casa Alianza, de origen religioso y que atiende a menores en varios países de América Central y México.
En marzo, el comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, denunció que en Honduras operan ”justicieros particulares y estatales” que realizan una ”limpieza social” de presuntos delincuentes.
Casa Alianza reclama a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una investigación especial sobre los asesinatos de jóvenes, así como una estrategia para frenar la violencia y la impunidad.
Pero las autoridades hablan otro idioma.
El ministro de Seguridad, Oscar Alvarez, ha acusado a las organizaciones no gubernamentales de distorsionar los hechos de la violencia y la muerte de jóvenes.
Los activistas ”ven conflicto y conspiración en todo, pero raramente se centran en la realidad. Sí, hay niños que han sido asesinados por policías, pero niños en vecindarios infestados por pandillas han hecho su porción de asesinatos”, dijo Alvarez.
Para el ministro, los crímenes de menores están relacionados con la actividad de las pandillas, que buscan sembrar un clima de temor ”ante la desesperación que experimentan, porque han sido neutralizadas por las autoridades”.
”En la mayor parte del país, en los barrios y colonias, ya se respira más tranquilidad y eso realmente tiene (a los pandilleros) en una situación precaria, porque ya no pueden accionar como en el pasado, y como un niño malcriado quieren dar a conocer su malestar de esta manera” con asesinatos, agregó.
En 2003, el Congreso legislativo aprobó una ley propuesta por Maduro, que castiga con penas de hasta doce años de prisión a miembros de las pandillas juveniles.
La policía estima que unas 100.000 personas integran estas pandillas, conocidas como Mara 18 y Mara Salvatrucha, en ese país de 6,7 millones de habitantes, 80 por ciento de los cuales viven en la pobreza, según cifras oficiales.
Estos grupos, presentes en varios países de América Central y el sur de México, se identifican por tatuajes, pañuelos en sus cabezas y un lenguaje cifrado de palabras y señas.
La Mara Salvatrucha y otros similares se originaron en la comunidad de inmigrantes salvadoreños de la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Angeles. Se desplazaron luego a América Central, cuando la mayoría de sus integrantes fueron deportados.
Las políticas de seguridad interna en la región se han centrado en los últimos años en combatir a estos grupos con endurecimiento de penas y represión policial dirigida particularmente a la población juvenil.
La emergencia de la violencia obedece a causas más profundas y hay responsabilidad de las autoridades en ella, replican los activistas.
”No creo que tanta muerte de jóvenes sea una política de Estado de Honduras, pero sí que la impunidad, la lentitud de la justicia y la pobreza que afecta a 80 por ciento del país, son motores importantes de la violencia que ahora nos ahoga”, señaló el director de Casa Alianza.
Para Custodio, el comisionado de Derechos Humanos, Honduras vive hoy la más grave ola de violaciones a los derechos humanos desde los años 80, cuando América Central sufría varias guerras civiles y el territorio hondureño era base de tropas estadounidenses que operaban contra el régimen sandinista de la vecina Nicaragua.
”Un creciente segmento de la sociedad hondureña se ha habituado a la violencia y a escenas de muerte de niños”, lamentó.
