Dos musulmanes al servicio de las fuerzas armadas estadounidenses en Guantánamo, Cuba, continúan presos por espionaje, tras la absolución del capellán islámico del ejército que atendía a los 600 prisioneros en esa base naval, acusado del mismo delito.
El clérigo islámico y capitán del ejército estadounidense James Yee, de 35 años, fue absuelto y regresó a su puesto en Guantánamo la semana pasada, luego de seis meses de prisión que incluyeron 76 días en confinamiento solitario.
Organizaciones árabes y musulmanas de Estados Unidos acusan al gobierno de George W. Bush de haber incriminado a Yee, y mantener presos a los traductores Ahmad Halabi y Ahmed Fathy Mehalba, sólo por sospechas basadas sobre su pertenencia religiosa.
Algunas de nuestras agencias gubernamentales acusan a los estadounidenses musulmanes de varios orígenes sin evidencia suficiente, como lo demuestra el caso de James Yee, dijo el presidente del Centro Musulmán de Derechos Civiles, Rasheed Ahmed.
Para colmo, los medios de comunicación sientan a esos individuos en el banquillo e infieren una sentencia de culpabilidad, advirtió.
Cada vez con más frecuencia, si alguno logra afrontar un juicio justo, las acusaciones son levantadas o reducidas a imputaciones muy diferentes, sostuvo Ahmed.
Yee, bisnieto de inmigrantes chinos, fue acusado en septiembre de transportar material confidencial a su casa sin permiso y sin condiciones adecuadas de seguridad. Pero la incriminación se redujo luego a las de adulterio y almacenamiento de pornografía en una computadora del gobierno.
Las primeras sospechas sobre Yee se originaron cuando se quejó ante sus superiores por el tratamiento de los detenidos en Guantánamo y les procuró actividades recreativas, según informó en octubre pasado el diario The Washington Post.
Los detenidos en Guantánamo, originarios de 44 países, fueron capturados en los combates que provocaron la caída del régimen islámico de Talibán en Afganistán.
Washington los ha calificado de combatientes enemigos y les niega carácter de prisioneros de guerra, protegidos por las Convenciones de Ginebra. Eso, sumado al carácter de territorio extranjero del enclave de Guantánamo, los ha sumido en un limbo legal.
Yee no fue el único funcionario estadounidense en Guantánamo preocupado por los detenidos. Un alto oficial de la Fuerza Aérea, Ahmad Al Halabi, trasladado a esa base militar como traductor en noviembre de 2002, también expresó su preocupación en ese sentido.
Organizaciones de derechos humanos indicaron que hubo 32 intentos de suicidio entre los prisioneros en los últimos 18 meses, y que muchos deben recibir tratamiento para la depresión.
Halabi fue detenido en julio pasado en la base aeronaval de Jacksonville, en el meridional estado de Florida, mientras se preparaba para viajar a Siria, donde planeaba casarse.
Su computadora portátil contenía, supuestamente, cartas de detenidos y otros documentos, algunos considrados secretos. Los investigadores consideran que Halabi pretendía sacar ese material del país, pero el oficial lo niega.
Halabi afronta 17 acusaciones, entre ellas espionaje y asistencia al enemigo. Una docena de cargos fueron levantados, como el de convidar a prisioneros con pasteles árabes típicos. Los investigadores afirman que ya no se trata de un caso sancionable con la pena capital.
Su abogado civil, Don Rehkopf, afirmó que estará totalmente falto de preparación para afrontar el juicio en la fecha prevista, 15 de junio, porque los fiscales militares se han negado a compartir con él información clave.
En todos mis años como abogado, nunca me topé con algo como esto. Es una paranoia total: ven un terrorista debajo de cada piedra y a todo musulmán como sospechoso, dijo Rehkopf.
Hay una significativa cantidad de evidencia que no he visto y asuntos de los que no puedo preguntar a mi cliente. Los fiscales sostienen que no son relevantes, pero yo les digo que no deben marcarme cómo hacer mi trabajo. Han sido obstruccionistas, afirmó.
El defensor de Halabi, por ejemplo, no ha conseguido aún los registros del primer interrogatorio de su cliente. Solo nos dieron lo que querían darnos: unas 150 páginas de documentos de las 30.000 que el juez ordenó a la fiscalía entregar hace tres semanas.
El tercer caso se refiere a otro traductor, Ahmed Fathy Mehalba, detenido el 29 de septiembre en el aeropuerto internacional de Boston cuando regresaba de sus vacaciones en Egipto.
Mehalba, quien revistó durante un breve periodo en el ejército en 2001 y nunca superó el grado de soldado raso, es acusado de poseer ilegalmente documentos reservados en su computadora y de mentirle a los investigadores.
Sus abogados alegan que el traductor había copiado esos archivos por error, al intentar borrarlos. Mehalba se declaró inocente y espera en una cárcel de Massachusetts.
Observadores indican que el efecto de la absolución de Yee en los restantes casos es incierta. Los tres arrestos fueron inicialmente vinculados con un anillo de espionaje en Guantánamo, si bien no se mostró públicamente evidencia al respecto.
La lección del caso del capitán Yee es que el gobierno tiene el gatillo sensible y está dispuesto a ver amenazas y conspiraciones aun antes de conocer los hechos, dijo la profesora de Derecho Mary Cheh, de la Universidad George Washington, en la capital estadounidense.
Si prestan atención al hecho de que un musulmán atienda las necesidades de otros musulmanes, el nivel de suspicacia se salió de control. Eso podrá ser comprensible, pero el gobierno tiene el deber de determinar los hechos con rapidez y de disculparse cuando se equivoca, añadió.
Otros creen que los arrestos no son producto de una caza de brujas deliberada sino de la intensa presión para garantizar la seguridad en la base de Guantánamo.
Dudo que pretendan tratar mal a los musulmanes. Creo, sí, altamente probable que la conducta de un musulmán en el servicio sea vista con más suspicacia si tiene contacto evidente con detenidos, dijo Steven Saltzburg, del no gubernamental Instituto de Justicia Militar.
Con la comisión del Congreso que investiga los atentados del 11 de septiembre de 2001 analizando las fallas del gobierno al 'unir los puntos', los funcionarios del gobierno podrían tener una comprensible, aunque errónea, tendencia a ver conexiones donde no las hay, concluyó.
