Washington ejerce presiones brutales en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para evitar que se discuta la situación humanitaria de los presos en el enclave militar estadounidense de Guantánamo, afirmó este martes el canciller cubano Felipe Pérez Roque.
En conferencia de prensa, Pérez Roque confirmó que el próximo jueves deberá someterse a votación en el máximo organismo humanitario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el proyecto de resolución presentado por su país sobre las detenciones arbitrarias en áreas de esa base naval de Estados Unidos en el extremo sudoriental de la isla caribeña.
Según datos de la Cruz Roja Internacional, en ese lugar hay 660 detenidos, entre ellos algunos menores de edad, procedentes de 40 países y de 16 lenguas diferentes, todos llevados allí tras la invasión de octubre a Afganistán liderada por Estados Unidos.
El canciller de Cuba dijo, además, que se trata de seres humanos almacenados en el recinto militar, sin garantías legales e imposibilitados de ver a sus familiares.
Coincidentemente, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos comenzó este martes a estudiar la legalidad de las detenciones por tiempo indefinido en Guantánamo, tomando en primer lugar las apelaciones presentadas por familiares de 12 kuwaitíes y dos australianos.
Analistas estadounidenses entienden que, además, el alto tribunal determinará finalmente la certeza legal o no de la política adoptada por el presidente George W. Bush en su guerra contra el terrorismo.
Pero el jefe de la diplomacia del gobierno de Fidel Castro no manifestó duda alguna sobre la ilegalidad de la situación al presentar el texto definitivo de la moción de su país ante la sesión anual de la Comisión en su sede de Ginebra. Hay alegaciones de tortura, trato degradante de los presos, golpes, palizas, manos y pies amarrados, tortura física y psicológica, señaló.
Al documento se le incluyeron enmiendas de las delegaciones de Suiza, para precisar párrafos, y de Rusia, que propuso tomar nota de la reciente liberación y traslado a sus países de origen de algunas de las personas bajo arresto.
Pérez Roque detalló las gestiones realizadas por Cuba entre los países miembros o no de la Comisión y lamentó que hasta el momento ninguno se ha interesado por copatrocinar el proyecto.
Para el diplomático, esa postura de la Unión Europea y de algunas naciones latinoamericanas contrasta con la preocupación demostrada a la hora de juzgar a naciones pequeñas. Esta es la oportunidad para algunos países de demostrar que son coherentes en la defensa de los derechos humanos, apuntó.
También advirtió que Estados Unidos está intentando alguna fórmula procesal para evadir la consideración del tema en la Comisión, que sesionará hasta fines de esta semana.
La delegación del país norteamericano llegó al colmo de amenazar a los países que tienen prisioneros en la base con la interrupción del proceso de excarcelación y traslado de sus connacionales, si se suman a Cuba, aseguró.
El alto funcionario descartó afán de venganza en la decisión cubana de promover esa moción, luego que el jueves 15 fuera aprobada por 22 votos a favor, 21 en contra y nueve abstenciones una moción contraria a los intereses de la isla de sistema socialista.
En su opinión, no se trata de un país sino de un asunto que involucra a 40 naciones con ciudadanos apresados en ese territorio, y la Comisión perdería crédito y autoridad si no examina el tema.
Subrayó, además, que el proyecto de resolución sobre los prisioneros de Guantánamo no condena ni tiene que ver con la conflictiva relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, que se arrastra desde hace más de cuatro décadas.
El documento de La Habana solicita a Washington que informe sobre las condiciones de vida y estatus jurídico de los detenidos y acerca de los pasos que ha dado para garantizar el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Demanda que se ocupen del caso el relator especial sobre tortura, el relator especial sobre la independencia de los jueces y el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, todos de la ONU.
Estados Unidos defiende su decisión de mantener prisioneros en la base naval alegando que se aplica la ley de la guerra que Washington libra contra la red terrorista islámica Al Qaeda (La Base), acusada de cometer los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La semana pasada, el jefe de la delegación estadounidense ante la Comisión, Richard S. Williamson, argumentó que el derecho internacional vigente en los conflictos armados autoriza a Estados Unidos a detener a combatientes enemigos mientras perdure el conflicto.
Para Cuba, la lucha contra el terrorismo no puede llevarse a cabo mediante el terror que imponen la negación de derechos y el ejercicio de un llamado derecho unilateral de hacer la guerra.
El dominio de Washington sobre la base naval de Guantánamo se remonta a 1903, cuando firmó con Cuba un tratado, que se perfeccionó en un documento semejante de 1934 y por el cual se prolongó la posesión estadounidense a perpetuidad.
Cuba no reconoce el tratado espurio que dio lugar a la base naval que Estados Unidos mantiene en una parte de la isla, ocupada en contra de nuestra voluntad, recordó Pérez Roque, en referencia a los acuerdos suscritos antes de asumir en 1959 el gobierno revolucionario de Castro.
