Tres altos funcionarios de la ONU, entre ellos el subsecretario general Benon V. Sevan, son ahora acusados de aceptar sobornos del régimen de Saddam Hussein al dirigir el plan humanitario Petróleo por Alimentos en Iraq.
Obviamente, se trata de acusaciones serias que tomamos seriamente. Y creamos un grupo muy serio para investigarlas, dijo el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan.
Estas imputaciones salieron a la superficie tres días después de que Annan designara un panel independiente de tres miembros, dirigido por el ex jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos Paul Volker, para investigar supuestos casos de corrupción y mala administración.
El escándalo se refiere al manejo del programa Petróleo por Alimentos, surgido en 1996 como excepción al embargo internacional que sufría Iraq por la invasión de Kuwait en 1990.
El sistema permitía la venta de cantidades limitadas de petróleo para adquirir alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios, bajo supervisión de la ONU y en especial de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia).
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Consultado por un periodista sobre el impacto de las acusaciones en el eventual regreso de la ONU a Iraq, Annan contestó: Creo que se está adelantando a las conclusiones del señor Volcker.
Mientras se procesan las inculpaciones, aumenta la presión estadounidense para que la ONU juegue un papel mayor en Iraq con el fin de legitimar el plan del presidente George W. Bush, que incluye la entrega del control político nominal a un gobierno iraquí provisorio para el 30 de junio.
Los 650 empleados extranjeros de la ONU en Iraq fueron trasladados a Jordania y Chipre luego de que un atentado con explosivos matara en agosto en las oficinas del foro mundial a 22 personas, incluido el jefe de la misión, Sergio Vieira de Mello.
Hoy, las operaciones son desarrollados por unos 2.000 funcionarios iraquíes.
Analistas consideran que los iraquíes detestan a la ONU por considerarlo una organización títere de Estados Unidos, y por su papel en la implementación de las sanciones económicas que empobrecieron al país entre 1990 y 2003.
Espero que los iraquíes se den cuenta de que, aun si ciertos miembros del equipo de la ONU cometieron actos ilícitos, las Naciones Unidas como un todo hizo esfuerzos genuinos por cubrir sus necesidades humanitarias, afirmó Annan.
Y hubo cientos de empleados de la ONU que trabajaron muy dura y diligentemente con el régimen iraquí para establecer el sistema de distribución de alimentos y asegurar el suministro, agregó.
La cadena televisiva estadounidense ABC informaron el martes que el ministro de Petróleo de Iraq, Amer Mohammed Rasheed, posee cartas y documentos que vinculan a tres altos funcionarios de la ONU con el esquema de sobornos.
Sevan, subsecretario general de la ONU y último director ejecutivo del programa Petróleo por Alimentos, fue el único empleado del foro mundial identificado por el informe de ABC. Bueno, puedo decirle que no hubo acusaciones en mi contra. Tal vez usted pueda investigarlo, declaró.
La Oficina General de Contabilidad (GAO), órgano estadounidense de contralor dependiente del Congreso legislativo, calculó que funcionarios del gobierno de Saddam Hussein se embolsaron 4.400 millones de dólares, tanto de ventas de petróleo como de compras de artículos humanitarios.
La GAO también estimó que se contrabandearon 5.700 millones de dólares en petróleo por fuera del programa Petróleo por Alimentos.
El programa manejaba entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales, pero esos ingresos por ventas de petróleo pasaron en noviembre a las arcas de la Autoridad Provisional de la Coalición, encabezada por L Paul Bremer, el administrador civil estadounidense en Iraq.
El cambio disgustó a los opositores de la guerra que Estados Unidos lanzó contra Iraq, así como a funcionarios de la ONU que ayudaron a crear y administrar el exitoso programa.
La entrega de alimentos y medicinas, en beneficio de más de 60 por ciento de la población de un país devastado por las sanciones y por la guerra, era implementado en territorio iraquí por una red de 44.000 funcionarios del gobierno de Saddam Hussein bajo supervisión de la ONU.
El foro mundial calculó que el programa canalizó la venta de petróleo iraquí por 64.200 millones de dólares, y la compra y distribución de mercancías humanitarias por 39.000 millones de dólares a unos 22 millones de iraquíes durante seis años.
Las acusaciones de corrupción salieron a la superficie hace varios meses, cuando un diario de Bagdad publicó identificó a empresarios, dirigentes políticos, jefes de Estado y hasta funcionarios de la ONU que habrían recibido sobornos del régimen de Saddam Hussein.
Los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal incluyeron en sus informes al respecto críticas a la labor de Sevan al frente del programa, considerado el mayor esquema humanitario jamás implementado por la ONU.
Sevan negó haber recibido petróleo y dinero del antiguo régimen iraquí, depuesto por una coalición militar liderada por Estados Unidos en abril de 2003.
The New York Times indicó que el precio al público de casi tres cuartas partes del suministro de alimentos y medicinas se elevó para pagar 10 por ciento de comisiones ilegales a exportadores de petróleo, mientras los funcionarios de la ONU fingían no darse cuenta.
Entre los vendedores figuraban contratistas de Medio Oriente, Europa y de algunos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a cargo de supervisar el programa.
Funcionarios de la ONU afirman que también debe echarse la culpa al Consejo de Seguridad, que no pudo impedir o detectar los sobornos, de haber existido éstos.
Volcker dijo a la prensa el miércoles que su investigación no solo se referirá a la existencia de corrupción, sino a la posibilidad de que el programa hubiera sido mal administrado.
No somos el Buró Federal de Investigaciones (estadounidense, FBI). No somos la Agencia Central de Inteligencia (estadounidense, CIA). No somos la agencia oficial de ningún gobierno, afirmó Volcker.
Obviamente, habrá personas que tratarán de ocultarnos cosas, pero nosotros las descubriremos, dijo. La investigación fue aprobada este miércoles por unanimidad por el Consejo de Seguridad.
El informe inicial está previsto para dentro de tres meses. El panel no tendrá poder de citación, y por lo tanto no podrá exigir el testimonio de gobiernos.
Los restantes dos miembros del panel son el juez sudafricano Richard Goldstone y el jurista suizo Mark Pieth.
