Sectores sociales presionan al gobierno boliviano de Carlos Mesa para que cumpla sus promesas de mejoras de le economía y de cambios en la política petrolera, mientras las instituciones armadas cuestionan a sus mandos y los partidos políticos se acusan de ser desestabilizadores. Las movilizaciones de las organizaciones sociales, supuestas pugnas internas en las Fuerzas Armadas y la Policía y especulaciones de los políticos sobre afanes desestabilizadores de la democracia configuraron, en los últimos días, un clima enrarecido en torno a Mesa. El lunes La Paz prácticamente fue paralizada por unos 20.000 universitarios que reclaman un incremento de 17 por ciento para el presupuesto de la educación. A esto se suman los campesinos de la central región del Chapare que, liderados por el diputado Evo Morales, anunciaron el domingo que iniciarán medidas de presión porque el gobierno no atiende su pedido de pausa en la erradicación de ancestrales cultivos de coca. También, el fin de semana pasado, se proclamó la formación de una nueva coordinadora del gas en Cochabamba, que se sumará a las medidas cocaleras, pero, en este caso, para oponerse al proyecto de Ley de Hidrocarburos propuesto por el Poder Ejecutivo y en contra de la exportación del gas.
