La versión oficial sobre ”errores militares” para explicar el asesinato de cinco jóvenes, incluidos tres adolescentes y un bebé, el 10 de este mes en el central municipio colombiano de Cajamarca, se da de bruces con denuncias de la familia de las víctimas, confirmadas por dos fuentes de IPS.
Una pareja de 17 años, su bebé de seis meses, un tío del niño, de 24 años, y un joven de 14 fueron muertos por disparos del ejército a las 21.00 horas del sábado 10 de abril. La madre y su hijo quedaron con el cráneo totalmente destrozado.
Según dos familiares, el grupo de campesinos no murió en un camino por ”confusiones” de la tropa que opera en la zona, sino que fue sacado de su casa.
La noticia llegó a las redacciones de los diarios el domingo 11. El comandante de las Fuerzas Armadas, Carlos Alberto Ospina, calificó de ”confusas” las circunstancias de las muertes y reveló que el ejército se dirigía a una casa en la que supuestamente se ocultaba un jefe guerrillero herido en combate.
Al día siguiente, el presidente Alvaro Uribe viajó al lugar y en la noche expresó por televisión su ”dolor de padre”, añadiendo que no habría sanciones contra los militares, pues se trató de un error, en medio de un operativo para asegurar la movilización de turistas durante la festividad católica de Semana Santa.
De acuerdo con la versión militar, corroborada por Uribe, una patrulla del batallón contrainsurgente Pijaos, percatada de ”la presencia de personal extraño en el sector y en atención al inminente contacto con terroristas”, y ”previa advertencia de detención” que no había sido atendida, disparó al grupo a 30 metros de distancia, cuando los labriegos caminaban por una vía rural.
El ejército dijo que esa noche había neblina. Pero un habitante del lugar afirmó que era una clara noche de luna.
El ejército prometió indemnizar a las familias de las víctimas y anunció que la justicia militar ya había iniciado una investigación.
Pero Uribe puso el lunes 12 ”punto final” a la investigación, aduciendo estar ”convencido de la buena fe del ejército en esta equivocación”.
”Si se tratara de un ejército violador de derechos humanos, los comandantes regionales y nacionales de los soldados que dispararon contra los campesinos hubieran inducido a sus subalternos a la mentira o a la distorsión de los hechos. Nuestros comandantes afrontaron la responsabilidad y dijeron la verdad”, subrayó.
Según familiares, los jóvenes tenían intención de llevar esa noche al bebé a recibir atención médica urgente en Anaime, corregimiento de Cajamarca, a 25 kilómetros de su vivienda.
El ejército situó el lugar de las muertes a nueve kilómetros de distancia de la casa, en la vía hacia Anaime. Las autoridades no permitieron que el alcalde local, Everardo Rodríguez, se acercara al sitio de los hechos y mantuvieron a la prensa a una hora de camino.
Rodríguez explicó que las familias de las víctimas carecen de recursos y que el municipio donó los ataúdes.
El miércoles, cuando los familiares se dirigían a la Sexta Brigada del ejército, con sede en Ibagué, capital del departamento de Tolima, para recibir del comandante Lelio Fadul Suárez un instructivo sobre la indemnización, un miembro de la familia interceptó a un alto funcionario civil.
Fue así como comenzó el incómodo vuelco en este relato.
Ernesto Saraza, un vecino, acudió el lunes a la casa de la pareja muerta para dar de comer a los animales. Encontró la puerta abierta, los cerdos adentro, los platos servidos, dos ollas con comida en el fogón y la ropa tendida afuera, donde también estaba sin cerrar la cerca de entrada a la finca, contrariando toda costumbre campesina cuando se deja sola una vivienda.
En el clima frío del pre páramo tropical, los padres olvidaron las dos mantas de arropar al bebé, sus pañales y su biberón a medio consumir, además de la tarjeta de identidad del padre y el carné de vacunas del niño, necesario para que recibiera atención médica en Anaime.
”O huyeron al sentir la presencia de hombres armados, o fueron sacados a la fuerza de la casa”, fueron las hipótesis del funcionario cuya identidad IPS se comprometió a guardar, así como el nombre de la institución que representa.
Pero Alexander Mendoza, hermano de tres de los muertos, de poco más de 20 años, tímido y de apariencia serena, fue directo al grano el viernes cuando habló a la televisora Caracol: ”¿Por qué los sacaron de la casa? Que se sepa quién los sacó de la casa y los mató”.
Mendoza tampoco pudo acercarse al lugar donde cayeron sus parientes.
El padre y abuelo de las víctimas confirmó al legislador por Tolima Hugo Zárrate que todos los indicios muestran que los jóvenes fueron sacados a la fuerza de la casa cuando estaban cenando.
”El grave problema es que ese mismo vecino (Saraza), un campesino ingenuo, lavó las ollas, barrió el piso, cerró las puertas, sacó los animales”, dijo a su vez el funcionario.
Así, se ha ”roto la cadena de pruebas”, entre otras razones porque ”los investigadores no tuvieron oportunidad de llegar a tiempo” a la casa. ”A la fiscalía el ejército le impidió subir” al escenario de los hechos, agregó el funcionario.
Cajamarca, con una larga historia de lucha agraria por la tierra, es una región traumatizada por la guerra que sacude a Colombia desde hace cuatro décadas.
Hasta fines de 2003 ”en la guerrilla (de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), había un asesino brutal, un hombre de sangre fría capaz de ultimar a los heridos”, que luego fue retirado de la zona por sus superiores, relató el funcionario a IPS.
Y el congresista Zárrate, del izquierdista Polo Democrático, dijo a IPS que el guerrillero, de nombre de combate ”Carrillo”, cometió ”toda clase de atropellos durante muchos meses”.
”Pero a renglón seguido entraron el ejército y los paramilitares y sucedieron hechos iguales y aún peores”, agregó.
El alcalde Rodríguez recordó que en la vereda de Potosí, un paraje montañoso del municipio de Cajamarca, ”hemos tenido muchos problemas”.
Según Zárrate, ”en este momento hay 150 familias desplazadas de esa región”.
Siete campesinos fueron asesinados allí en noviembre, entre ellos dos líderes sindicales agrarios, y otros 16 están desaparecidos. Las víctimas habían participado en marzo de 2003 en la toma de una finca de un diplomático, de donde fueron desalojados poco antes de la operación Pijao.
Cuatro testigos, incluido un sobreviviente bajo protección de organismos internacionales de derechos humanos, declararon que en la matanza, precedida de torturas y descuartizamiento, participaron hombres con insignias del ejército y, al mismo tiempo, brazaletes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), organización de los paramilitares derechistas.
Los perpetradores ”se comunicaban por radio, presumiblemente con miembros del ejército que comandaban una operación contra la guerrilla”, relató a IPS el alto funcionario, repitiendo testimonios recogidos.
La matanza de noviembre continúa impune.
En agosto del año pasado las autoridades detuvieron a 56 personas acusadas de ayudar a la guerrilla, incluyendo un párroco y un bibliotecario, dos maestras, un ex alcalde de Cajamarca y el entonces candidato izquierdista al mismo cargo, además de comerciantes, líderes populares y amas de casa.
La mayor parte de los detenidos fueron liberados sin cargos. Casi todos, o familiares de ellos, habían participado en la toma de tierras.
La muerte de los jóvenes de Cajamarca ”no es un hecho aislado. Hay un atropello general a los derechos de movilización y propiedad”, dijo a IPS Zárrate, quien el fin de semana visitó la zona. ”La gente allá está viviendo como en un campo de concentración”.
”Lo que se pone en evidencia es que al presidente (Uribe) se le dijeron mentiras y fue engañado, a no ser que el propio presidente esté diciendo mentiras”, agregó.
Los asesinatos de Cajamarca ocurrieron tres días antes de que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sesión anual hasta este viernes en Ginebra, debatiera el caso colombiano.
El Alto Comisionado interino de la ONU para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharan, calificó de ”crítica” la situación humanitaria de este país de 43 millones de personas, y expresó la necesidad de que el gobierno modifique medidas del Estatuto Antiterrorista, bajo estudio del parlamento, ”especialmente aquellas que dan a las Fuerzas Armadas poderes de policía judicial”.
Existen ”denuncias creíbles sobre la responsabilidad directa de servidores públicos, incluyendo Fuerzas Armadas y policía, algunas veces en concierto con fiscales” en casos de violación de derechos humanos, así como un aumento de ”las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y tratos degradantes, detenciones arbitrarias o ilegales y violaciones al debido proceso”, sostuvo Ramcharan.
