El reclamo de aborígenes de Brasil de reconocimiento de sus tierras ancestrales, en la celebración este lunes del Día Nacional del Indígena, sufre los embates de la conmoción causada por el asesinato de al menos 29 mineros que extraían diamantes en un territorio reservado.
La masacre, resultado de conflictos que estallaron en las dos últimas semanas entre los cintas-largas y los garimpeiros (mineros informales) que invadieron su territorio, tiene bajo impacto al país y probablemente perjudique los reclamos que en Brasilia casi dos centenares de representantes indígenas presentaron al gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva.
Mientras los indígenas reclamaban en Brasilia, la policía trataba este lunes de rescatar en helicóptero los cuerpos de 26 garimpeiros (mineros informales) hallados en las selvas de la reserva Roosevelt, en el noroccidental estado amazónico de Rondonia, en una operación dificultada por las lluvias.
Otros tres cuerpos ya fueron rescatados hace una semana y el Sindicato de Garimpeiros local estima que pueden elevarse a 41 los asesinados por los indígenas cintas-largas (cinturones anchos), ya que aún hay 12 desaparecidos.
En Brasilia, los líderes de 27 tribus de todo el país pidieron principalmente la homologación de la reserva Raposa Sierra del Sol, en el septentrional estado de Roraima. Es una medida pendiente apenas de una firma de la presidencia desde 1998, ya que las tierras en cuestión están demarcadas y aprobadas en todas las instancias competentes.
Sin embargo, Lula hesita como lo hizo su antecesor Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), ante la presión de gobernantes de Roraima y de la población blanca que ocupa partes del territorio, como productores de arroz y habitantes del poblado de Uiramután.
La fragmentación de la reserva es inaceptable según los líderes indígenas, organizaciones no gubernamentales que defienden esa etnia y la misma Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano oficial encargado de la política hacia la población autóctona.
No se puede dar tratamiento político a una cuestión de derecho, argumentó la primera abogada indígena de Brasil, Joenia Batista de Carvalho, en diálogo con IPS, señalando que las negociaciones que impulsa Lula, intentando conciliar los intereses en conflicto, no tienen respaldo constitucional.
La reserva, demarcada después de larga discusión, incluso venciendo cuestionamientos judiciales, es un derecho claramente definido en la Constitución.
Todo está hecho y la conclusión de tres décadas de lucha sólo depende de una firma del presidente, dijo a IPS la abogada también conocida como Joenia Wapichana, nombre de su grupo indígena, uno de los cinco que viven en el territorio disputado.
La abogada estuvo entre las casi 200 personas que participaron en un acto de celebración del Día Nacional del Indígena en el parlamento y luego decidieron acampar en un salón de la Cámara de Diputados hasta que Lula los reciba en una audiencia.
Es posible que la masacre en Rondonia tenga una repercusión negativa para la causa de Raposa Sierra del Sol, pero no se puede olvidar la tragedia anterior de los cintas-largas. Esa población indígena contaba con 5.000 miembros antes de las invasiones a sus tierras, hace 30 años, y hoy se limita a 1.300, destacó Joenia de Carvalho.
Además de los asesinatos directos, los invasores provocan la mortandad llevando enfermedades a las que los indígenas son poco resistentes y contaminando los ríos con el mercurio usado en la minería, observó.
En la historia de conflictos violentos entre indígenas y garimpeiros siempre morían los primeros, esta es una de las pocas veces que ocurre al revés, reconoció el presidente de Funai, Mercio Pereira, lamentando la masacre pero sosteniendo que los indígenas actuaron en defensa de sus tierras.
La tensión en el territorio cinta-larga era conocida, pero Funai poco puede hacer porque sus funcionarios no tienen el poder de policía para intervenir adecuadamente en estos conflictos, explicó Pereira. Además el organismo carece de recursos humanos y financieros para proteger las tierras indígenas que suman 12 por ciento del territorio nacional.
La demora en homologar Raposa Sierra del Sol también es fuente de tensión y favorece brotes de violencia, observó Carvalho. En enero, por ejemplo, arroceros apoyados por algunos indígenas aliados bloquearon carreteras, destruyeron escuelas y secuestraron a tres sacerdotes católicos en Roraima, para oponerse a la anunciada homologación de la reserva como un área continua.
Las protestas buscaban convencer al gobierno a fragmentar el territorio indígena, sacándole tierras cultivadas de arroz y las ocupadas por el municipio de Uiramután, creado por antiguos garimpeiros, que también actúan en la región.
La Funai, varios ministros y organizaciones indigenistas rechazan tal fragmentación, defiendendo el derecho de los 15.000 indígenas ingarikó, macuxi, patamona, taurepang y Wapichana a su territorio integral ya reconocido y demarcado, de 1,67 millones de hectáreas.
La minería de oro, diamantes y otros metales preciosos es un factor permanente de invasiones. La Funai estima en 600 a 800 millones de dólares al año el contrabando de diamantes extraídos ilegalmente de las reservas indígenas.
