Ex trabajadores mineros bolivianos, excluidos del sistema de pensiones que nació al calor de las privatizaciones, acaban de conquistar una magra jubilación de 60 dólares, a costa de la inmolación de un obrero y la amenaza de otros tres de seguir su ejemplo.
¡Qué más se puede hacer cuando mi estado de salud es crítico y vivo en una desesperación!, exclamó el ex minero Julio Saravia Oporto, de 55 años, uno de los tres que el sábado amenazaron con seguir los pasos de Eustaquio Picachuri, muerto el 30 de marzo cuando hizo estallar la carga de dinamita que llevaba atada al cuerpo.
Mejor es desaparecer, dijo Saravia Oporto a IPS, sentado en su silla de ruedas y mostrando una carta escrita por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) reclamando la restitución de su pensión por invalidez.
La muerte de Picachuri en la antesala del edificio del Congreso Nacional y a 30 metros del palacio de gobierno despertó las reivindicaciones de 3.500 ex mineros que, pese a haber aportado al sistema previsional cuando estaban activos, perdieron su derecho a una jubilación con la reforma de 1997, que privatizó la administración de aportes e impuso el principio de la capitalización individual.
Con Picachuri murieron el militar encargado de la seguridad del Congreso, coronel Marbel Flores, y el policía experto en explosivos René Amurrio, mientras otros 10 efectivos resultaron heridos.
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Picachuri, de 47 años, desempleado y sumido en profunda desesperación, reclamaba la devolución de los aportes realizados al antiguo sistema de pensiones durante 15 años.
Al quedar cesante como obrero de la fundida minería estatal, Picachuri no consiguió jubilarse porque su edad no alcanzaba a los 55 años exigidos por el viejo sistema de reparto, que reunía en una bolsa común los aportes laborales y patronales para crear un fondo destinado al pago de rentas a los retirados.
Su caso es similar al de casi 8.700 trabajadores (3.500 de ellos ex mineros) que perdieron sus aportes y su derecho a una pensión con la reforma de 1997.
El primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) implantó un sistema basado en la capitalización individual e introdujo la participación de dos fondos privados de pensiones (Futuro de Bolivia y Previsión BBVA) que recolectan y administran los aportes laborales.
Además, se aumentó la edad mínima de jubilación de 55 a 65 años para los hombres y de 50 a 60 años para las mujeres.
A diferencia del antiguo sistema regido por el principio de solidaridad para distribuir pensiones de un fondo común, el nuevo se basa en el ahorro personal, y paga jubilaciones en función de los aportes realizados durante el ciclo activo de cada trabajador.
Reformas similares se han aplicado en los últimos 20 años en varios países de América Latina, al impulso de la reducción del aparato estatal y las privatizaciones de empresas y servicios públicos.
El sábado, Saravia Oporto, el ex minero Francisco Franco, de 54, y la viuda de otro obrero, Ana Bazagoitia, de 58, amenazaron con seguir los pasos de Picachuri en la sede de la FSTMB. Llevaban cargas de dinamita atadas a sus cuerpos y unidas por una mecha.
A sus espaldas se veía una imagen de grandes dimensiones del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, muerto por militares bolivianos en 1967, pintada sobre un paño rojo.
Durante 20 horas, los tres permanecieron en calma y vigilando los detonadores que sostenían en sus manos. La policía instaló un cerco de 100 metros en torno a la sede sindical, y se retiró a prudente distancia en el paseo céntrico del Prado de La Paz.
Con la dinamita en nuestras manos, sentimos el poder y recordamos la fortaleza de los mineros que resistieron a las más feroces dictaduras que sufrió Bolivia, dijo Oporto Saravia emocionado a IPS.
Militante del Partido Comunista durante su juventud, fue peón, ayudante de perforista y un activo dirigente sindical en el yacimiento de estaño y zinc María Luisa, de la estatal Corporación Minera de Bolivia, hasta que en 1982 sufrió un accidente automovilístico mientras organizaba la resistencia obrera contra la última dictadura militar (1980-1982).
Impedido de caminar, Saravia Oporto consiguió una renta por invalidez equivalente a 101 dólares en 1991, pero en 2001 fue despojado sin explicaciones de su único ingreso.
A partir de entonces, hizo cuatro viajes de 500 kilómetros desde su domicilio en Salinas de García Mendoza, en la región occidental fronteriza con Chile, hasta la sede de gobierno para reclamar su pensión, todos en vano.
La dinamita fue para Saravia Oporto su material de trabajo cuando quebraba la peña para hallar minerales, y también un arma de resistencia contra los gobiernos militares. Ahora se ha convertido en dramático instrumento para defender sus derechos laborales.
La protesta concluyó con una negociación entre sindicatos y el gobierno, que aceptó otorgar una pensión vitalicia equivalente a 60 dólares a todas las personas que no pudieron jubilarse bajo el antiguo sistema.
La muerte de Picachuri y la protesta de Saravia Oporto y los demás acabaron beneficiando a 8.698 trabajadores que quedaron en medio de los dos sistemas de jubilación, a los que se conoce como la generación sándwich.
Pero Saravia Oporto aún continúa esperando la restitución de su pensión por invalidez.
Y el dirigente de los ex mineros sin jubilación, Serafín Salvatierra, cree que la batalla por obtener el reconocimiento social está a medio camino.
Indignado, Salvatierra explicó a IPS que otros sectores, como los militares y los jueces, gozan de privilegios o de jugosos retiros.
Los militares bolivianos tienen garantizada su jubilación y en caso de falta de aportes mínimos, el Estado otorga una compensación, dijo a un canal de televisión el interventor del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, Alberto Bonadona.
A diferencia de otros sectores, los militares consiguieron conservar en funciones su régimen de seguro social, mientras el resto de las cajas de jubilaciones y pensiones sectoriales fueron intervenidas y su control transferido al gobierno.
Esta semana, el Ministerio de Hacienda anunció que el personal de las Fuerzas Armadas también comenzará a aportar a las administradoras privadas de fondos de pensiones. Esa medida llevará a aumentar la edad de jubilación de 55 a 65 años para los uniformados, dijo Bonadona.
Mientras, el diario La Prensa, de La Paz, publicó los montos más altos que se pagan a los jubilados de la administración pública, encabezados por el que percibe el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Edgar Rosales Lijerón, equivalente a 3.506 dólares.
Tras la inmolación de Picachuri, el gobierno ordenó recortar las pensiones y jubilaciones, estableciendo un tope máximo de 1.011 dólares.
Según datos oficiales, 60 por ciento de los 8,7 millones de bolivianos son pobres. El salario mínimo nacional equivale a 50 dólares.
No existe justicia, protesta Salvatierra, mientras Saravia Oporto continúa esperando que alguna autoridad le restituya su renta de 101 dólares.
En vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra este sábado, la FSTMB resolvió iniciar el lunes una huelga nacional por la derogación de la ley de pensiones, entre otros reclamos. La medida no será acatada por algunos sindicatos de empresas privadas.
