La política laboral del Fondo Monetario Internacional (FMI) está bajo fuego a raíz del despido de dos guardias de seguridad que trabajaban para la institución a través de la firma Wackenhut Corporation, por intentar organizar un sindicato.
Los dos empleados entablaron una demanda contra esa empresa ante el gobierno de Estados Unidos. Wackenhut alegó que su contrato con el FMI prohíbe la sindicalización.
Como resultado, dos legisladores de este país escribieron una carta a la directora gerente interina del Fondo, Anne Krueger, expresándole su alarma ante los hechos.
En momentos en que la política expresa del gobierno de Estados Unidos es estimular la formación de sindicatos como forma de promover y evaluar la fuerza de la democracia en los países en desarrollo, demandas como ésta plantean dudas muy preocupantes acerca de la política laboral del FMI, escribieron los congresistas George Miller y Robert Andrews, del opositor Partido Demócrata.
Es extremadamente perjudicial para el FMI e inaceptable para el gobierno de Estados Unidos que este tipo de violaciones a los derechos de los trabajadores ocurran dentro de la institución, agregaron.
Además de las críticas por favorecer a empresas multinacionales de los países ricos a expensas de las condiciones sociales, ambientales y laborales en los países pobres, el FMI enfrenta ahora la amenaza de una acción sindical concertada para exigir el derecho a la organización en Washington, DC, advirtió Soren Ambrose, del grupo 50 Años es Suficiente, crítico de las políticas del FMI y el Banco Mundial.
El FMI ha hecho esfuerzos ocasionales por demostrar que cree en los derechos de los trabajadores, pero por otro lado ha servido de instrumento para reprimirlos en todo el mundo en desarrollo, declaró Ambrose en una entrevista por correo electrónico.
Las acusaciones de violaciones a los derechos laborales van desde interrogatorios ilegales y revisación de los empleados en la sede del FMI en Washington hasta el despido en febrero de los guardias de seguridad que presentaron la demanda contra Wackenhut, Anderson Carter, de 60 años, y Terence Purnell, de 57, por promover la organización de los empleados.
Ambos hombres son veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ex funcionarios de cárceles.
El FMI debería ser un ejemplo en cuanto a normas laborales en Estados Unidos y en todo el mundo, declaró Tom Kiley, portavoz de Miller. Por lo tanto, cuando nos enteramos de que el Fondo instruyó a una empresa contratada para que violara las normas laborales estadounidenses, nos resulta muy preocupante, agregó.
Ambos empleados presentaron cargos por violación de leyes laborales federales contra Wackenhut, alegando que fueron destituidos sin indemnización por estar involucrados en un sindicato.
Según su propio relato, los funcionarios de seguridad que trabajan en el FMI intentan desde hace tiempo formar un sindicato que los represente frente a Wackenhut.
Más de la mitad de esos empleados firmaron tarjetas en apoyo a la incorporación al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), con sede en Washington. Los funcionarios pidieron formalmente a Wackenhut que reconociera al sindicato a principios de este año, pero la empresa se negó.
Según los congresistas firmantes de la carta a Krueger, la compañía dijo a sus ex empleados que su contrato con el FMI contiene una cláusula que prohíbe la sindicalización de los trabajadores de Wackenhut, y que el Fondo tiene normas contra los sindicatos.
Un portavoz del FMI negó esas acusaciones, y agregó que la institución exige a sus contratistas que respeten las normas laborales nacionales. No prohibimos la sindicalización, aseguró William Murray, y anunció que el FMI está preparando una respuesta a Miller y Andrews.
Wackenhut Corporation es la filial en Estados Unidos de Group 4 Falck A/S, una empresa de Copenhague, Dinamarca, que es la segunda proveedora mundial de servicios de seguridad.
Con sede en Palm Beach Garden, Florida, Wackenhut tiene 40.000 empleados en Estados Unidos. La empresa no respondió a los llamados de IPS el martes.
