Con la solitaria excepción de Venezuela, los gobiernos latinoamericanos consideran que no hubo un golpe de Estado en Haití, y que por tanto no corresponde aplicar en el país caribeño la Carta Democrática de la OEA (Organización de Estados Americanos).
En contraste, la Comunidad del Caribe (Caricom), cuyos 15 miembros pertenecen también a la OEA, demandó este miércoles en Kingston, Jamaica, una investigación internacional independiente sobre las circunstancias que rodearon la caída este domingo del presidente hatiano, Jean Bertrand Aristide.
La Carta Democrática de la OEA plantea acciones colectivas ante el derrocamiento por la fuerza de un gobierno legítimo, pero no tendría aplicación en Haití porque, además de la supuesta dimisión de Aristide, se garantizó la continuidad institucional al asumir como mandatario interino el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Boniface Alexandre.
Aristide abandonó Haití el domingo 29 de febrero escoltado por 60 infantes de marina estadounidenses y al llegar a su primer punto de exilio, la República Centroafricana, denunció que había sido secuestrado en un golpe de Estado fraguado por Estados Unidos.
Ira Kurzban, abogado que representa a Aristide en Estados Unidos, dijo este miércoles que el derrocado presidente se encuentra bajo arresto e incomunicado en su hospedaje de Bangue, tras las denuncias telefónica hechas a sus simpatizantes en el Congreso estadounidense.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, desmintió tajantemente las denuncias de Aristide, pero varios congresistas respaldaron al depuesto presidente, quien fue el primer mandatario elegido democráticamente en toda la sufrida historia de Haití como nación independiente.
La OEA está integrada por 34 estados, 15 del Caricom, 16 de América del Sur y América Central a los cuales se suma México para completar los 17 del bloque latinoamericano, además de Estados Unidos y Canadá. Cuba está excluida de la OEA desde 1962.
La ministra de Defensa de Chile, Michelle Bachelet, desestimó este miércoles las denuncias de Aristide.
"Hay que tener confianza en los organismos internacionales”, dijo Bachelet, luego de una reunión con el presidente Ricardo Lagos, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cheyre, y los tres oficiales a cargo del contingente chileno de 120 soldados, de una fuerza total de 300, que viajaron este miércoles a Haití para integrar la fuerza multinacional de paz.
Lagos declaró que los soldados chilenos van a Haití "a luchar por la paz y no por la guerra”. Agregó que el envío de tropas "es un sacrificio que hacemos por el bien de aquellos que hoy día están sufriendo una lucha desgarradora”.
Hasta el momento, la fuerza multinacional cuenta con contingentes castrenses de Estados Unidos, Francia, Canadá y Chile, mientras otros gobiernos latinoamericanos analizan aún su posible incorporación.
El canciller de Argentina, Rafael Bielsa, dijo que la decisión al respecto la va a tomar el presidente Néstor Kirchner, mientras en círculos gubernamentales y políticos de ese país no se registran reacciones acerca de las denuncias de Aristide.
En Brasil, el otro miembro rotativo latinoamericano en el Consejo de Seguridad, tampoco se registraron comentarios oficiales sobre la aplicabilidad o no de la Carta Democrática de la OEA en la crisis de Haití.
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que no enviará por ahora tropas a la nación caribeña, pero que participará en la llamada "fuerza de estabilización” que se instalará en Haití hacia finales de mayo.
Luis Ernesto Derbez, canciller de México, dijo que el gobierno de Vicente Fox considera cierta la versión de que Aristide renunció sin coacción y que los cauces constitucionales fueron respetados con la posesión como mandatario de Alexandre.
El gobierno venezolano de Hugo Chávez rompió este concierto de reacciones y sostuvo, a través de su embajador ante la OEA, Jorge Valero, que la caída de Aristide debe ser examinada "a la luz de la Carta Democrática” de la organización hemisférica.
Junto con dar credibilidad a las denuncias del depuesto presidente haitiano, Valero sostuvo que la crisis de Haití fue agudizada por el bloqueo de créditos por 500 millones de dólares de la banca internacional para el gobierno de Aristide.
El gobierno cubano tampoco ha hecho pronunciamientos políticos coyunturales sobre la crisis de Haití, atribuida estructuralmente por el canciller Felipe Pérez Roque a "cientos de años de colonialismo con todas sus secuelas horrorosas de miserias”.
La Habana anunció que continuará su ayuda humanitaria a Haití, manteniendo allí a 500 profesionales que prestan asistencia médica, pese a la presencia de tropas extranjeras.
En Argentina, los analistas Rosendo Fraga y Leandro Despouy reclamaron un mayor protagonismo de la OEA y América Latina en la crisis de Haití, advirtiendo que las decisiones fundamentales han sido adoptadas por Estados Unidos, Francia y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las reacciones latinoamericanas ante la situación de Haití tampoco incluyen valoraciones sobre los líderes de la rebelión contra Aristide, como Guy Philippe, el autoproclamado jefe militar de Haití, ex integrante de escuadrones de represión en la dictadura de Raoul Cedras (1991-1994) y convicto por asesinatos.
Philippe anunció sorpresivamente este miércoles que sus hombres – que controlan el centro de Puerto Príncipe- "depondrán las armas" si las fuerzas extranjeras salen a la calle.
Según el corresponsal en Haití del diario británico The Guardian, la rebelión contra Aristide habría sido secretamente financiada por Estados Unidos, cuyo Gobierno ordenó este miércoles a Philippe guardar silencio y retirar sus fuerzas.
El presidente del Caricom, P. J. Patterson, advirtió este miércoles que la organización no está dispuesta a admitir en sus reuniones a "matones y anarquistas” y calificó a los rebeldes haitianos de "personas con una reputación contraria a los principios de las sociedades civiles a los que adherimos”.
*Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Mario Osava (Brasil), Diego Cevallos (México) y Humberto Márquez (Venezuela)