La semana pasada fue una de las peores para las fuerzas ocupantes de Iraq encabezadas por Estados Unidos.
El viernes, docenas de invitados internacionales, una multitud de periodistas y una orquesta vestida de etiqueta esperaron en vano durante horas a que los 25 integrantes del consejo de gobierno interino instalado por las fuerzas invasoras firmaran una Constitución transitoria, prevista para regir mientras se elige y se establece, antes de diciembre de 2005, un gobierno surgido de elecciones generales.
Pero la ceremonia que se había organizado nunca comenzó, porque cinco musulmanes chiitas integrantes del consejo interino mantuvieron objeciones al documento planteadas por su máximo líder religioso, el ayatolá Ali Sistani.
La firma del proyecto, de 60 artículos, había estado prevista para el miércoles, pero se suspendió porque ese día una serie de atentados suicidas con bombas en Bagdad y en la ciudad sagrada islámica de Karbala, cercana a la capital, causaron la muerte de más de 270 chiitas que practicaban ritos religiosos, y heridas a unos 600 más.
Los líderes chiitas acusaron a Estados Unidos de no mantener condiciones de seguridad adecuadas en el país, y funcionarios estadounidenses culparon de los atentados a la organización extremista islámica Al Qaeda, a la que la Casa Blanca considera responsable de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Por otra parte, una conferencia de donantes a Iraq realizada en Abu Dhabi el último fin de semana de febrero la semana pasada, con participación de más de 30 países y organizaciones internacionales, se comprometieron a aportar sólo la cuarta parte de los 4.000 millones que pidió con urgencia el gobierno interino iraquí.
El ministro interino de planeamiento de Iraq, Mehdi Hafez, alegó que ese dinero era necesario para desarrollar este año 700 proyectos de ”infraestructura fundamental”.
La mitad de los 1.000 millones de dólares prometidos en Abu Dhabi corresponderá a una donación del gobierno japonés.
Los donantes habían anunciado el año pasado en Madrid que aportarían 33.000 millones de dólares a Iraq en un periodo de tres a cinco años, pero la mayoría de ellos no desean realizar grandes desembolsos mientras ese país sea controlado por fuerzas extranjeras.
Las fuerzas encabezadas por Washington aseguran que traspasarán el gobierno a los iraquíes el 30 de junio, pero no está claro quiénes estarán al mando el 1 de julio.
Funcionarios de las fuerzas ocupantes y especialistas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en que no hay condiciones adecuadas para realizar elecciones directas en la primera mitad de este año.
La ONU decidió que las donaciones a Iraq se volcaran a un fondo administrado por el Banco Mundial, pero el coordinador en Iraq de ese organismo financiero internacional, Joseph Saba, dijo que los planes han cambiado.
El banco y la ONU acordaron que haya dos fondos coordinados por el mismo comité, y con un mecanismo común de información a los donantes, explicó.
El Banco Mundial se encargará de los proyectos de infraestructura, y la ONU de los relacionados con la construcción de escuelas, los servicios de salud y otras políticas sociales, indicó el funcionario.
El proyecto de Constitución interina surgió de un largo proceso de negociaciones, en el que se destacaron tres grandes controversias.
La primera se relaciona con el papel del Islam. Hasta ahora se ha acordado que el Estado adopte en forma oficial la religión musulmana, con el compromiso de respetar los derechos de otras religiones.
Eso ha sido un importante avance para sectores laicos, que temían la imposición de la ley islámica en perjuicio de las libertades civiles.
La segunda cuestión tiene que ver con una cuota mínima de lugares para mujeres en el parlamento y el Poder Ejecutivo. Grupos de activistas demandaban 40 por ciento, y se acordó que sea 25 por ciento.
El tercer asunto es el de las características de un sistema federal, que se aceptó como principio general sin que se hayan acordado aún aspectos cruciales como los límites de las divisiones administrativas y los poderes de sus instituciones propias de gobierno. (
