Inversiones petroleras estadounidenses y europeas amenazan con retirarse de Bolivia, mientras el presidente Carlos Mesa se apresta a solicitar al Congreso la aprobación de una ley que atenúa los reclamos de nacionalización de yacimientos concedidos a las transnacionales por el depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada.
El gobierno se debate en medio de silenciosas presiones de las compañías extranjeras y continúa revisando su proyecto de Ley de Hidrocarburos, que había prometido enviar esta semana al Congreso legislativo.
Esa iniciativa incorpora el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) con el objetivo de retener hasta 32 por ciento de los ingresos por la producción petrolera.
Este impuesto, sumado a otras obligaciones impositivas (regalías por concepto de exportación), de 18 por ciento, elevaría a 50 por ciento la proporción que recibirá el Estado de los ingresos generados por la explotación de petróleo y gas.
El cambio de política tributaria para las petroleras es un hecho consumado y obliga a un compás de espera (de las transnacionales) en sus inversiones, dijo a IPS el ex ministro de Energía Carlos Miranda, funcionario del gobierno de Sánchez de Lozada (2002-2003).
La caída de las inversiones petroleras de los 680 millones invertidos en 1998 a los 40 millones de 2003 representa el colapso de la industria energética, dijo a IPS el consultor y ex viceministro del sector, Carlos Alberto López.
Entre 1996 y 2003, ingresaron a Bolivia casi 3.600 millones de dólares de inversión extranjera directa, destinada al desarrollo de yacimientos, en particular gasíferos, mientras el presupuesto estatal para la salud, la educación y otros servicios públicos es de 500 millones de dólares por año en este país de 8,7 millones de habitantes.
Los montos invertidos en el sector son insuficientes, sostuvo López, para quien se requieren unos 4.400 millones de dólares para concluir la preparación de los campos que guardan 54 trillones de pies cúbicos de gas natural, la segunda mayor reserva de América del Sur, después de la venezolana.
En octubre, organizaciones de campesinos y sindicatos, liderados por los movimientos de la occidental ciudad de El Alto, intensificaron sus reclamos de cambios en la política energética, paralizando actividades y suministros y bloqueando caminos.
Esas protestas de semanas eran contra la exportación de gas a Estados Unidos, concedida al consorcio LNG Pacific, mediante un gasoducto que conduciría a puertos de Chile, rival histórico de Bolivia desde la Guerra del Pacífico de 1879, cuyo desenlace dejó al país del Altiplano sin salida al mar.
Ese proyecto preveía ingresos de más de 1.000 millones de dólares al año para el consorcio, conformado por las trasnacionales British Gas, de Gran Bretaña, Repsol/YPF, de España, y Pan American Energy, de Estados Unidos.
Mientras, por impuestos y regalías, el Estado boliviano sólo recibiría entre 70 y 80 millones de dólares anuales, según previsiones de las autoridades de entonces.
Pero las protestas iban mucho más allá del gasoducto. Apuntaron a la política económica del gobierno y exigían una reforma constitucional que contemplara reclamos de autonomía, y ampliara los derechos ciudadanos en materia electoral y en instrumentos de democracia directa.
La represión dejó un saldo de más de 70 muertes, según organizaciones de derechos humanos. Aislado, Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar y huyó a Estados Unidos.
La movilización popular respaldó la sucesión constitucional del entonces vicepresidente Mesa, a condición de que llevara a cabo aquella plataforma de reclamos.
Pero hoy, las corrientes sociales que apoyaron a Mesa en octubre, le quitan respaldo. El secretario general de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, recordó al gobierno la demanda de nacionalizar los yacimientos y de recrear a la casi extinguida empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
El pueblo de El Alto no conoce el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos y por lo tanto la decisión de aprobar su contenido es autoritaria y unilateral, declaró de la Cruz a IPS.
Desde la postura opuesta, López cuestionó el difícil equilibrio de Mesa entre las presiones sociales y las necesidades estratégicas de desarrollar el potencial gasífero de Bolivia. Hay una urgencia política coyuntural (del gobierno) de responder a las consignas demagógicas, dijo.
López apuntó que las nuevas propuestas llevarían a Bolivia a aplicar impuestos 10 por ciento superiores a los de Brasil y 12 por ciento a los de Argentina.
El ministro de Hidrocarburos, Alvaro Ríos, estima que el ICH recaudará 50 millones de dólares anuales, mientras el déficit del sector público está estimado en 700 millones de dólares y las exportaciones de productos no tradicionales ascienden a 1.200 millones de dólares.
Mientras, la Corte Nacional Electoral anunció el lunes que la consulta popular sobre la exportación de gas natural podría verificarse en los primeros días de junio. Su presidente, Oscar Hassentaufel, explicó que el Congreso debe aprobar primero la ley del referendo.
La creación de este instrumento fue uno de los compromisos asumidos por Mesa después de las movilizaciones de octubre.
Pero, tras esa crisis y la salida de Sánchez de Lozada, el proyecto de LNG quedó trunco. (
