Los niños y las mujeres son las principales víctimas de la criminalidad y la violencia asociadas con el narcotráfico en América Latina, señaló este miércoles en la capital chilena el médico Alfredo Pemjean, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).
Pemjean presentó para la región, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el informe 2003 de la JIFE, que se caracteriza por proponer una estrategia de intervención social y económica para combatir los impactos del narcotráfico en las personas, las familias, el vecindario y las comunidades.
Este enfoque constituye un cierto avance con respecto al tratamiento represivo y policial que ha predominado en el combate al consumo y comercio de drogas ilícitas, señalaron expertos consultados por IPS en México, Colombia y Brasil, tres países donde existe el narcotráfico en gran escala.
La JIFE es un organismo técnico de la Organización de Naciones Unidas conformado por 13 expertos independientes, uno de los cuales es el chileno Pemjean.
El informe pone el acento en las connotaciones microsociales del tráfico de drogas y sus vínculos con la criminalidad y la violencia, mientras el informe 2002 se centró en los aspectos macroeconómicos del narcotráfico.
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Pemjean destacó que las mayores ganancias del comercio ilegal de sustancias ilícitas se generan en los países industrializados, grandes centros de consumo, mientras los países productores, entre ellos los latinoamericanos, son los menos beneficiados por la llamada ”economía de la droga”.
El informe 2003 señala, sin embargo, que en la región, y particularmente en América del Sur, aumenta la importancia política del fenómeno de las drogas, a partir de la relación que se establece, sobre todo en Colombia, entre narcotráfico, insurgencia y terrorismo.
Brasil, donde bandas locales de traficantes desafían a las autoridades, y Perú, con la protección de insurgentes a cultivos ilícitos de coca, son también parte de la ”amenaza política” que representa el ”narcoterrorismo”, apunta el informe, que exhorta a aumentar la cooperación internacional para reprimir el narcotráfico y el lavado de dinero.
Otro punto crítico en la región es Haití, que ”ha sido el mayor paso de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos” y podría convertirse en una réplica de Afganistán, que ha vuelto a ser el mayor productor mundial de opio, si no se da una salida a su actual crisis que conduzca al desarrollo económico y social, apuntó Pemjean.
El movimiento Talibán, fundamentalista islámico, controlaba la mayor parte del territorio afgano y había logrado abatir el cultivo de opio hasta que la invasión estadounidense de Afganistán causó su derrocamiento en diciembre de 2001.
En lo medular, el informe de la JIFE advierte que ”el propio tejido de la sociedad civil está en peligro a raíz de la presencia constante en las comunidades de la delincuencia violenta relacionada con las drogas”, destacó el director de la División de Desarrollo Social de Cepal, Martín Hopenhayn.
Según el informe, ”las comunidades que sufren niveles desproporcionados de delitos violentos relacionados con las drogas también están sujetas a mayores niveles de otros tipos de delitos y a las perturbaciones en la sociedad civil asociadas a ellos”.
Pemjean destacó que los niveles de criminalidad y violencia en delitos vinculados con el consumo de drogas son de relativa poca monta, pero no así los asociados con el narcotráfico, que terminan victimizando a los consumidores y a otros miembros de la comunidad, sobre todo mujeres y niños.
En Brasil, un gran porcentaje de los 30.000 homicidios anuales está relacionado con el abuso y comercio ilícito de drogas. Allí, los narcotraficantes usan a niños de la calle como vigilantes para que los protejan de la policía y como distribuidores de drogas en pequeña escala, y también los asesinan si temen ser delatados por ellos.
Janaína Conceiçao Pascoal, presidenta del Consejo de Estupefacientes del meridional estado de Sao Paulo, dijo a IPS que en Brasil la criminalización de las drogas ha contribuido a aumentar la violencia. ”Con la penalización total empujamos a muchas personas a la marginalidad y al crimen”, aseguró.
Pascoal, quien es además profesora de Derecho Penal en la Universidad de Sao Paulo, dijo que el énfasis en lo social del informe de la JIFE ”es un avance, porque el enfoque policial empobrece la cuestión, es un reduccionismo”.
”Considerar los varios aspectos (sociales y económicos) del problema será más eficaz”, pronosticó.
”En México hemos visto que muchos jóvenes se vuelven violentos por el cóctel de drogas, pobreza, desunión familiar y falta de educación que los afecta desde niños. Eso lo aprovechan los narcotraficantes y sus pequeños distribuidores, que encuentran allí su mercado”, señaló a IPS Santiago Estela, trabajador social de los Centros de Integración Juvenil, una organización civil que recibe apoyo del Estado.
Para hacer frente al narcotráfico y su impacto en la comunidad, hace falta combatir la pobreza, el desempleo y la falta de educación, así como inculcar valores sociales, pero también mantener la represión, porque ”no se puede permitir que un grupo de individuos ataque de manera flagrante la convivencia y el contrato social”, alegó.
”En México, sin embargo, se pone mucho énfasis en la prevención y el tratamiento de los adictos, pues se sabe que la represión sola no funciona”, explicó Estela.
El sociólogo Ricardo Vargas, representante en Colombia de la organización no gubernamental Acción Andina, opinó que ”la prohibición (de las drogas) tal como está genera mecanismos de violencia, porque al ser organizaciones privadas las que ejercen las actividades del narcotráfico en forma clandestina, no hay instancias legales para frenar los conflictos que generan”.
Vargas dijo a IPS que la propuesta de la JIFE de un enfoque social y económico no es nueva, y que ”la pregunta es hasta dónde van las medidas económicas, las sociales y de represión en los tres niveles de la actividad: consumo, narcotráfico y producción”.
”En el caso de Colombia, en cuanto al consumo hay un déficit impresionante de medidas de salud pública y abunda la represión. La penalización del consumo y la represión a los cultivos ilícitos (de coca) le quitan la dimensión social al problema”, concluyó.
* Con aportes de Diego Cevallos (México), Yadira Ferrer (Colombia) y Mario Osava (Brasil).
