Los derechos económicos, sociales y culturales son la cenicienta de la legislación humanitaria internacional a causa principalmente de Estados Unidos, que bloqueó este viernes un acuerdo para darles jerarquía equivalente a la de los derechos civiles y políticos.
Un grupo de trabajo creado por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó dos semanas de sesiones sin alcanzar consenso sobre un protocolo facultativo adicional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En el plano internacional no existe un mecanismo para exigir el goce efectivo de esos derechos, ni de los consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.
Ese tipo de mecanismo sí existe para demandar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las convenciones sobre discriminación racial, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y contra la tortura.
La delegación estadounidense alegó que en el grupo de trabajo persistían diferencias fundamentales que le impedían dar su acuerdo al texto de conclusiones y recomendaciones presentado por la presidenta del organismo, Catarina de Albuquerque, de Portugal.
En realidad, Estados Unidos ni siquiera forma parte del Pacto, ya que firmó pero nunca ratificó ese tratado, establecido en 1966 por la ONU.
El principal aliado de Washington en la ofensiva contra la iniciativa de Portugal para redactar un proyecto de protocolo facultativo fue Arabia Saudita, que ni siquiera firmó el Pacto.
La representación estadounidense criticó la ausencia de equilibrio en la elección de los expertos que expusieron ante el grupo de trabajo, pues la mayoría de ellos propició la adopción del mecanismo de presentación de recursos para exigir el cumplimiento del tratado.
En algunas intervenciones, los expertos excedieron su mandato, como en el caso de la propuesta de creación de un tribunal internacional para los derechos humanos, sostuvieron los delegados de Estados Unidos.
El momento para la redacción de un protocolo facultativo todavía no está maduro, alegaron.
Por el contrario, la no gubernamental Asociación Americana de Juristas (AAJ) opinó que se ha hecho imperiosa la necesidad de ese procedimiento para contrarrestar la formación a escala mundial de un derecho corporativo.
Alejandro Teitelbaum, representante de la AAJ en Ginebra, dijo que ese derecho corporativo niega el principio fundamental de la igualdad de todos ante la ley y establece privilegios exorbitantes a favor de las sociedades transnacionales, principales responsables de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
Otra organización de la sociedad civil, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), advirtió de que si no se adopta un protocolo opcional para esa rama de los derechos, se estaría cuestionando la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interconexión de todos los derechos humanos.
En la doctrina del derecho humanitario gana terreno la idea de unificar el pacto de derechos civiles y políticos con el de derechos económicos, sociales y culturales.
Históricamente, primero se pensó en un solo pacto que hiciera vinculantes las disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la ONU. La distinción entre los dos tratados surgió durante la guerra fría, explicaron a IPS integrantes de la delegación portuguesa, principal impulsora del proyecto de protocolo facultativo.
En los años 60, pesaba un estigma muy fuerte sobre los derechos colectivos, y por eso hubo dos pactos con diferencias cualitativas, pues los derechos civiles y políticos son de aplicación inmediata, mientras los económicos, sociales y culturales son progresivos y se definen como aspiraciones, indicaron.
Pero no tiene sentido que aún existan derechos humanos de primera y de segunda categoría, unos con un comité capaz de procesar dmandas y otros sin ese mecanismo, enfatizaron las fuentes.
Las principales potencias industriales, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, tienen reservas en relación con los derechos programáticos de tipo económico, social y cultural.
Estados Unidos sostiene que ni siquiera son derechos, sino apenas materia de políticas propias de cada país, comentó un diplomático latinoamericano.
Sin embargo, otros países industrializados respaldan a Portugal y alientan la redacción del protocolo. La Unión Europea, que por lo general actúa como un bloque en cuestiones de derechos humanos, se presentó dividida ante la iniciativa portuguesa.
Entre los países en desarrollo predominó una posición expuesta por India y el bloque africano, que condiciona los avances en la creación del mecanismo de quejas a la política de cooperación internacional, fuente de recursos para asegurar el cumplimiento de los derechos en cuestión.
Si no aumentan los fondos de la cooperación es difícil que los Estados pobres se pongan la soga al cuello y aplaudan un protocolo que los va a perjudicar, dijo la fuente latinoamericana.
El bloque de países de América Latina y el Caribe apoyó la iniciativa portuguesa y la propuesta de renovar el mandato del grupo de trabajo para comenzar a redactar el protocolo facultativo.
De Albuquerque adelantó que propondrá esa idea, en forma personal, a la Comisión de Derechos Humanos, que se reunirá en Ginebra del 15 de este mes al 23 de abril.
