Tras un año de ocupación de Iraq dirigida por Estados Unidos, se perciben ciertas mejoras en materia de derechos humanos, pero la violencia no cede y la seguridad de los civiles está bajo permanente amenaza, advirtió Amnistía Internacional.
La principal conclusión del informe de 12 páginas Iraq un año después es que la coalición ocupante está muy lejos de haber cumplido con su promesa de mejorar la situación de los derechos humanos de todos los iraquíes.
La violencia es endémica, en forma de ataques de grupos armados o de abusos de las fuerzas ocupantes, y millones de personas han sufrido las consecuencias de la destrucción o el saqueo de infraestructura, el masivo desempleo y la incertidumbre sobre el futuro, indica el informe.
Para que el año próximo sea mejor que el pasado, las fuerzas ocupantes, los políticos y los religiosos iraquíes y la comunidad internacional deben asumir un auténtico compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos en Iraq, opinó Amnistía, cuya sede está en Londres.
De todos modos, hubo avances, los más notorios en materia de libertad de expresión, de asociación y de reunión, según el estudio.
Se crearon gran cantidad de asociaciones religiosas, partidos políticos y docenas de organizaciones no gubernamentales, entre ellas de derechos femeninos, al tiempo que se publican 80 periódicos diarios y semanales, añadió Amnistía.
Pero civiles iraquíes continúan muriendo todos los días a causa del conflicto. Más de 10.000 perdieron la vida como consecuencia directa de la intervención militar, tanto durante la guerra como en tiempos de ocupación, según Amnistía.
La organización advirtió que las autoridades estadounidenses carecen de capacidad para establecer con precisión las bajas civiles.
Mientras, el gobierno de George W. Bush intenta justificar la pasada guerra, particularmente a falta de evidencias que respalden las acusaciones sobre los programas armamentistas del depuesto presidente Saddam Hussein y sobre sus supuestos vínculos con la red islámica Al Qaeda.
En ese marco, Washington reflotó su preocupación por las pasadas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Saddam Hussein, capturado en diciembre por tropas estadounidenses y sobre el que está pendiente un juicio por crímenes de guerra y contra la humanidad.
Las fuerzas de la coalición ocupante han revelado la existencia de tumbas masivas en muchas zonas de Iraq y ayudaron a identificar los restos.
A pesar de que aplaudieron la caída de Saddam Hussein, varias organizaciones humanitarias, en especial Human Rights Watch (HRW), cuestionaron a Estados Unidos por esgrimir de modo poco transparente los derechos humanos como argumento para hacer la guerra.
Según estos activistas, Saddam Hussein no estaba cometiendo matanzas ni planificándolas cuando comenzó el conflicto, y la mayoría de los abusos fueron perpetrados mucho antes de la guerra, cuando Washington y otros gobiernos occidentales optaron por ignorarlos.
El gobierno de Bush no puede justificar la guerra en Iraq como si fuera una intervención humanitaria, dijo a comienzos de este año el director de HRW, Kennet Roth. Este tipo de intervenciones deben reservarse para detener una matanza inminente o en curso, no usarse con retroactividad para atender atrocidades ignoradas en el pasado.
El informe de Amnistía detalla el asesinato de civiles a manos de fuerzas de la coalición y otros individuos armados, la incomunicación de detenidos, los arrestos ilegales, las denuncias de tortura, de demolición de viviendas y actos de violencia contra mujeres.
Muchos civiles murieron como consecuencia de la aplicación excesiva de la fuerza por parte de tropas estadounidenses en circunstancias dudosas. En varios casos, soldados de la ocupación dispararon contra manifestantes y los mataron, indica el informe.
En noviembre, las Fuerzas Armadas informaron que habían pagado 1,5 millones de dólares a civiles iraquíes en concepto de resarcimiento por heridas, muertes y daños a la propiedad, y que se habían presentado 10.000 demandas al respecto, recuerda el estudio.
Más allá de formular reclamos, las víctimas iraquíes y sus familias tienen pocos recursos ante al justicia, pues ningún soldado estadounidense o de otras potencias ocupantes ha sido acusado formalmente por matar a un civil. Un decreto de la Autoridad Provisional de la Coalición prohíbe esa posibilidad.
De todos modos, grupos armados insurgentes son la principal amenaza para la seguridad. Cientos de civiles murieron en ataques contra la coalición ocupante, policías iraquíes, líderes religiosos, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y agencias de la ONU.
Los ataques tienen como blanco cada vez más instalaciones civiles, como los hoteles en Bagdad y en Basora destruidos por coches-bomba el miércoles y el jueves, en que murieron al menos 11 personas.
La Autoridad Provisional de la Coalición mantiene en detención indefinida y sin acusación a entre 8.500 y 15.000 prisioneros, sin posibilidad de que sus familiares los visiten, según Amnistía.
Muchos presos liberados aseguraron haber sido torturados mediante golpizas, privación prolongada del sueño, posiciones dolorosas y exposición a luces y música fuertes.
