Lo ideal es que permanezcan en las sombras. Si aparecen en los titulares de la prensa es porque el desastre se consumó. Los ”tesoreros” o captadores de recursos para campañas electorales son el más frecuente fulminante de escándalos políticos en Brasil.
Su importancia creció con el encarecimiento de las campañas y las evidencias del peso decisivo de las finanzas en las elecciones.
”El dinero es fundamental, quien dispone de mucho tiene más posibilidades de triunfar”, dijo a IPS Claudio Weber Abramo, director ejecutivo de Transparencia Brasil, con base en un estudio de su organización sobre los comicios de 2002, que demuestra la ”relación directa” entre recursos financieros y éxito electoral.
Pero es conocido que la financiación de campañas no siempre se limita al marco permitido por las leyes. La ”caja dos” o dinero de origen ilegal es parte del juego, según admiten analistas políticos e incluso jueces electorales. En la captación de esos fondos, el ”tesorero” arriesga la imagen y la carrera de sus jefes, aunque actúe por cuenta propia.
Ese tipo de personaje misterioso y peligroso de la política parece resurgir en la persona de Waldomiro Diniz, funcionario de la Casa Civil de la Presidencia (una especie de jefatura de gabinete) y encargado de las relaciones con parlamentarios, que originó la primera grave crisis en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
La crisis estalló el 13 de febrero, cuando la revista Epoca divulgó un vídeo en que Diniz aparece negociando contribuciones financieras para la campaña del PT por la gobernación de Río de Janeiro en 2002, con un empresario acusado de explotar loterías ilegales y tener vínculos con la mafia italiana.
El funcionario fue inmediatamente despedido y sometido a investigación policial, pero tales medidas no evitaron que el gobierno se hiciera vulnerable.
El ministro José Dirceu, jefe de la Casa Civil y mano derecha de Lula, sufre presiones para que deje su cargo mientras se aclara si tuvo responsabilidades en el caso, y la oposición reclama una Comisión Parlamentaria de Investigación, que prolongaría la crisis pero cuya instalación es improbable ante el rechazo del PT y sus aliados.
El caso es señalado como la ”pérdida de virginidad” del PT, que siempre tuvo entre sus principales banderas la de la ética, pero ese partido ya estuvo involucrado en por lo menos dos escándalos anteriores, donde las sospechas apuntan a la misma búsqueda de fondos irregulares.
El primero estalló de forma trágica en enero de 2002, con el asesinato de Celso Daniel, alcalde de Santo André, ciudad industrial de la región metropolitana de Sao Paulo.
Daniel, un dirigente del PT, era el coordinador del programa de gobierno de Lula para las elecciones de octubre de 2002, y fue sustituido en esa tarea por Antonio Palocci, actual conductor de la política económica como ministro de Hacienda.
El crimen conmovió el país y desató una ola de denuncias de corrupción, fraudes y extorsiones practicadas por altos funcionarios de la alcaldía, especialmente en el sector de transportes urbanos. Un hermano del alcalde asesinado, Joao Francisco Daniel, sostuvo que parte de las ”propinas” arrancadas a las empresas se destinaba a financiar campañas del PT.
En el centro de la trama estuvo Sergio Gomes da Silva, un ex auxiliar directo del alcalde que se convirtió en próspero empresario de transportes pero mantuvo vínculos estrechos con el líder político. Los dos estaban juntos cuando Celso Daniel fue secuestrado para luego aparecer muerto a tiros.
Hace tres meses que Gomes da Silva, apodado ”El Sombra”, está detenido, acusado por fiscales de haber ordenado el asesinato de su ex jefe. El motivo sería la decisión del alcalde de poner fin a la red de corrupción.
Las denuncias de corrupción relacionadas con ese caso habían quedado sin respuesta cuando la policía lo consideró cerrado al enviar a prisión a ocho delincuentes comunes, que según se dijo habrían optado por ejecutar al alcalde cuando se dieron de quién era y de la gran repercusión del secuestro.
Pero fiscales decidieron reanudar las investigaciones.
Es natural sospechar que por detrás de la tragedia esté la búsqueda de recursos para campañas electorales, dijo a IPS un ex militante del PT, en condiciones de anonimato.
Ese partido siempre se financió con las contribuciones de sus militantes y de empresarios que lo apoyaban por convicción, pero cambió a mediados de los años 90 según la fuente. En Santo André apareció ”El Sombra” y se empezó a actuar ”fuera de la institucionalidad”, ejemplificó.
”Sintomáticamente”, la política municipal para transportes en el segundo periodo de gobierno de Daniel, iniciado en 1997, fue diametralmente opuesta a la de su primer mandato (1989-1992), cuando había dado prioridad al transporte colectivo estatal y su democratización en favor de los pobres, comentó la fuente.
En el segundo mandato se optó por la privatización, destruyendo las conquistas anteriores, destacó.
El militante cree que la historia del PT probablemente habría sido distinta si el financiamiento público de las campañas, propuesto en una reforma política que se debate actualmente, se hubiera adoptado en los años 80, ya que el partido podría haberse mantenido, además del aporte estatal, con recursos propios de la militancia y donaciones empresariales ”sin contrapartida”.
También en 2002, el PT afrontó otro escándalo local en el meridional estado de Río Grande del Sur, que gobernaba. La interceptación de un diálogo telefónico entre un militante y un jefe policial causó sospechas de que el partido recibía contribuciones procedentes del ”juego del bicho”, una lotería popular ilegal pero tolerada.
En ese diálogo, el militante pedía un ablandamiento en la represión al juego. Una investigación parlamentaria de la Asamblea Legislativa estadual, promovida por la oposición, terminó sin comprobar ilegalidades de los gobernantes.
La financiación de campañas con recursos de origen irregular es como el ”doping” de deportistas con estimulantes prohibidos. Puede mejorar el desempeño, pero es fatal si se descubre. Así lo demostró, en 2002, el caso de la senadora Roseana Sarney, del Partido del Frente Liberal, que era una de las favoritas para la presidencia según las encuestas.
La imagen, difundida por televisión a todo el país, del hallazgo de 1,3 millones de reales (unos 450.000 dólares) en efectivo en una empresa de la que era socia desprestigió por completo a Sarney en pocos días y destruyó su proyecto político, cuando no pudo explicar el origen de ese dinero ni desmentir que se destinaba a su campaña electoral.
Pero el más famoso ”tesorero” de campañas fue Paulo Cesar (más conocido como PC) Farias, quien inauguró la serie de escándalos políticos de los años 90. Era el hombre del dinero que ayudó a la elección de Fernando Collor de Mello como presidente en 1989, y luego estableció una red de corrupción en el gobierno.
Collor debió renunciar a fines de 1992, debido a los hallazgos de una Comisión Parlamentaria de Investigación, y PC Farias fue asesinado en circunstancias misteriosas en 1996.
