Los ciudadanos de América Latina no están contentos con los frutos de las políticas de ajuste y las reformas económicas iniciadas a partir de comienzos de la década del 90 ni con los dividendos que les han reportado sus sistemas democráticos. La pobreza, que venía bajando, ha vuelto a incrementarse, y la deuda social acumulada con los sectores más desfavorecidos se convierte en una amenaza de mediano plazo para la estabilidad regional. Así lo resaltaron en Lima el secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, José Antonio Ocampo, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias. Ocampo, ex ministro de Hacienda de Colombia y de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), dijo que hay una doble frustración ciudadana. La primera está asociada a la considerable brecha existente entre las expectativas que generó la extensión de la democracia en la región y los resultados de la misma y la segunda está ligada a la disminución del intervencionismo estatal, para darles mayor juego a las fuerzas del mercado a través de privados.
