La Corte Suprema de Justicia de Bolivia remitió al Congreso Nacional un nuevo pedido de juicio relacionado con las protestas de octubre de 2003, en las que murieron más de 60 personas y que concluyeron con la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Este proceso involucra a altos jefes militares y policiales que fueron denunciados por organizaciones políticas y sociales por su presunta participación en esos hechos. El magistrado de la Suprema Jaime Ampuero dijo que el requerimiento, que presenta judicialmente los mismos términos que el emitido en contra del ex presidente Sánchez de Lozada y sus ministros, debe esperar ahora el pronunciamiento del Legislativo, que debe autorizarlo o rechazarlo. “El requerimiento acusatorio promovido a instancias de la COB (Central Obrera Boliviana) se ha enviado a La Paz, toda vez que la Fiscalía pidió que se acumularan los antecedentes del primer caso”, sostuvo Ampuero. La Fiscalía General de la República requirió el 30 de enero a la Suprema que la responsabilidad penal de los actuales comandantes de las Fuerzas Armadas, almirante Luis Aranda, y de la Policía Nacional, general Jairo Sanabria, en los hechos de septiembre y octubre de 2003, debe derivar en un proceso judicial ordinario.
