El PNUMA advierte que los cultivos transgénicos pueden ser peligrosos para la biodiversidad y la salud humana, y recomienda a América Latina y el Caribe actuar con precaución antes de adoptarlos.
Esta postura colisiona con la asumida en 2001 por otra agencia de la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que consideró los alimentos transgénicos una opción válida para combatir el hambre.
La posición del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre la investigación y desarrollo de organismos genéticamente modificados, se expresa en su informe GEO 2003, presentado este miércoles en México con entusiasta aplauso de ambientalistas.
Es bastante sorprendente la posición del PNUMA y la compartimos, dijo a IPS Silvia Ribeiro de la no gubernamental Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC), con sede en Canadá.
Mientras, María Colín, de la oficina de Greenpeace en México, señaló que habría que celebrar el pronunciamiento de la agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ya que representa una toma de posición importante.
Según GEO, preparado por la oficina del PNUMA para América Latina y el Caribe, la aplicación de la biotecnología para el cruce de genes de diversas especies animales y vegetales, puede poner en peligro la diversidad natural.
Apenas dos páginas hablan de la contaminación transgénica en las 281 del documento, una amplia investigación sobre el estado general del ambiente en América Latina y el Caribe realizada con auspicio y coordinación del PNUMA.
No obstante, los ambientalistas le otorgan gran significado, pues abordan un área de la investigación con fines comerciales en la que grandes transnacionales gastan y ganan millones de dólares al año, y a la que los activistas combaten con intensidad.
La posibilidad de que genes modificados pasen descontroladamente de una especie a otra es un riesgo real que pondría en peligro la biodiversidad que es fundamental para la seguridad alimentaria de la humanidad, advierte GEO.
El PNUMA indica que en el debate sobre los transgénicos interfieren posiciones polarizadas y grandes intereses comerciales, por lo que el principio precautorio debería aplicarse como regla principal hasta que exista un consenso científico sobre el tema.
El principio de precaución está consagrado en el Protocolo de Cartagena, el primer acuerdo internacional que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados que entró en vigor el 11 de septiembre.
Dicho principio establece que los gobiernos tienen derecho a efectuar una evaluación de riesgo de todos los organismos genéticamente modificados antes de adoptar decisiones sobre su importación o de establecer normas para su uso confinado dentro de su jurisdicción.
Las portavoces de ETC y Greenpeace coincidieron en señalar que el PNUMA adoptó una posición que favorece su lucha, pues usó argumentos similares a los suyos para referirse a los transgénicos.
El área sembrada con semillas transgénicas en el mundo llegó en 2003 a 67,7 millones de hectáreas, nueve millones más que en 2002, indican datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas, organización no gubernamental que promueve los transgénicos.
Las variedades agrícolas comerciales, soja, maíz, algodón y colza, son controladas por apenas cinco empresas transnacionales del Norte industrial, dueñas de las patentes, y más de 90 por ciento del área sembrada está en Argentina, Canadá y Estados Unidos, aunque avanza en otros países.
En América del Sur, por ejemplo, la soja transgénica cruzó las fronteras argentinas, y se cultiva ampliamente en el sur de Brasil, pero también en Paraguay y Uruguay.
En 2001, el informe de desarrollo humano del PNUD indicó que los transgénicos pueden ser la clave para combatir el hambre en el mundo y que no hay que desechar esa tecnología, lo que despertó iras de los ambientalistas.
Según esa agencia, el impacto ambiental de los organismos genéticamente modificados no está comprobado. Lo cierto es que en el mundo hay 850 millones de personas que pasan hambre y que podrían alimentarse con este tipo de cultivos, dijo el PNUD.
Ribeiro cree que la postura del PNUMA reivindica al sistema de la ONU.
Se trata de un pronunciamiento valiente, pues contradice a Washington y a las empresas de biotecnología que sostienen que los transgénicos son la fórmula para acabar con el hambre en el mundo, opinó.
Los transgénicos son variedades modificadas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies, animales o vegetales, y el uso de virus o bacterias desactivadas, como agentes vectores.
El propósito en la agricultura es mejorar el rendimiento de las cosechas, o sus características generales, como resistencia a factores climáticos, herbicidas, etcétera.
Pero los activistas estiman que ponen en riesgo la salud humana y el ambiente y crean una dependencia total los agricultores con las transnacionales que venden las semillas.
Monsanto, Dupont, Syngenta, Aventis y Dow, líderes en la materia y de importante presencia en la industria farmacéutica y de insumos agroquímicos, responden que los transgénicos no representan ningún riesgo y que su único interés es luchar contra el hambre.
Según la política de las transnacionales, los campesinos que utilizan las semillas modificadas se ven impedidos por contrato a reutilizar parte de la semilla que obtienen de sus cosechas, lo que obliga a romper la selección de semillas que tradicionalmente hacen miles que pequeños campesinos del mundo, y que es la práctica de mejoramiento de cultivos más antigua.
Pero además, las semillas transgénicas pueden llegar de forma no autorizada y mezclarse con especies silvestres, tal como ha ocurrido con el maíz de México, centro de origen de esa gramínea, tema al que el PNUMA se refiere en su informe.
La agencia de la ONU señala que el caso del maíz mexicano es un buen ejemplo de la preocupación sobre la intromisión de genes modificados en variedades domésticas.
Ojalá los gobiernos de América Latina y el Caribe tomen en cuenta la postura del PNUMA sobre los transgénicos y adopten posiciones menos permisivas con las empresas que los impulsan, señaló Colín de Greenpeace. (FIN/IPS/dc/dcl/en/04)
