La soja transgénica fue condenada este jueves en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre por el autodenominado Tribunal Popular Internacional, promovido por mas de 40 movimientos sociales y organizaciones variadas.
Las acusadas directas, la empresa estadounidense Monsanto —dueña de la patente de la soja Roundup Ready (RR)— y la Federación de Agricultura del Estado de Río Grande del Sur, fueron consideradas culpables de la diseminación ilegal de semillas transgénicas en Brasil.
Pusieron asi en riesgo el ambiente, la biodiversidad, la salud de la población, el patrimonio genético agrícola existente y la economía brasileña, según la sentencia leída por el presidente del Tribunal, José Felipe Ledur, un juez de la Justicia Laboral brasileña.
Monsanto debe esclarecer las modificaciones genéticas (que) contienen las semillas que vendió a Argentina de 1995 a 2004, especialmente los genes que introdujo en tales semillas.
La sentencia, que, por cierto, carece de fuerza legal, considera asimismo que aún no hay conocimiento científico suficiente para asegurar la ausencia de riesgos ambientales y sanitarios en el uso de transgénicos, y que son necesarias mas investigaciones independientes al respecto.
Los jurados consideraron a los órganos públicos brasileños corresponsables de las irregularidades cometidas en el país.
La siembra de la soja RR, resistente al pesticida RoundUp que también produce Monsanto, causó polémica desde el inicio en Brasil y fue prohibida en Brasil por un fallo judicial de 1999, que exigía un estudio previo del impacto ambiental, en cumplimiento de disposiciones constitucionales.
Pero su siembra se generalizó en Río Grande del Sur, con semillas contrabandeadas desde Argentina, y se expandió luego a otros estados brasileños, reflejando la falta de control y omisión de las autoridades.
El gobierno, ante el hecho consumado, autorizó el año pasado a través de una legislación excepcional la cosecha y comercialización del grano sembrado ilegalmente. Luego prorrogó la medida para este año, autorizando también la siembra de semillas transgénicas acumuladas en manos de los agricultores, sin permitir su venta.
Las autoridades decidieron a la vez adoptar reglas definitivas en la materia, enviando al Congreso Nacional legislativo un proyecto de actualmente en el Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados a comienzos de febrero.
Las autoridades brasileñas permitieron, con su liviandad en el control, el contrabando de 250 camiones de semillas desde Argentina, según los testigos en el Tribunal, dijo a IPS el agrónomo argentino Walter Pengue, investigador de la Universidad de Buenos Aires, que actuó como jurado.
Su voto fue por la condena de las acusadas, en base a los testimonios que demostraron la ilegalidad de la siembra, además de los riesgos ambientales y sanitarios y los efectos socioeconómicos de la soja transgénica, que exige el cultivo de gran escala y perjudica así a los pequeños agricultores, explicó.
Además, la fuerte expansión de la soja, estimulada también por políticas oficiales, invade ecosistemas brasileños como los cerrados (sabanas que ocupan el centro del país), reduciendo la diversidad de siembras, acotó.
El objetivo del juicio que se prolongó 12 horas en total con la presencia de mas de 2.00 personas, fue llevar el debate sobre alimentos genéticamente modificados a la sociedad y denunciar a los responsables por la siembra ilegal de la soja RR en Brasil, según los organizadores.
El responsable de la acusación, Aurelio Veiga Ríos, es, de hecho un fiscal, y ocupa el cargo de subprocurador de la República. Ríos dijo que Río Grande del Sur fue convertido en un laboratorio para una tecnología peligrosa y pidió que los que diseminaron semillas contrabandeadas paguen los daños provocados por un producto no certificado.
El acusador advirtió que Monsanto y seudocientíficos ejercieron presión por la liberación total de los transgénicos, y destacó que hay muchos investigadores contrarios a tal medida, por conocer los riesgos de la transferencia de genes entre especies distintas.
El gobernador del estado de Paraná, Roberto Requiao, envió como testimonio un video en que critica la introducción de la soja transgénica en Brasil, como un intento de someter la agricultura brasileña a los intereses del agronegocio estadounidense.
Paraná intenta ser reconocido como un area libre de transgénicos para escapar a la dependencia tecnológica, pero el Ministerio de Agricultura le ha impedido cumplir con ese propósito, dijo a IPS Alvir Jacob, agrónomo de la Secretaría de Agricultura del Estado de Paraná y uno de los testigos en el Tribunal.
El argentino Pengue destacó que no cree en una reversión de la situación en su país, donde 95 por ciento de la soja sembrada es transgénica. Volver a la soja convencional solo será posible si los mercados rechazan los transgénicos, y en este caso Argentina perderá uno o dos años ya que no dispondría de semillas, explicó.
La agricultura argentina vive ademas un proceso de sojización, ya que esa oleaginosa ya representa mas de mitad de la producción agrícola nacional, un monocultivo que presenta muchos riesgos económicos y ambientales.
