Zimbabwe no está en guerra, pero algunos de sus indicadores económicos son propios de un país en armas: 620 por ciento de inflación anual, 80 por ciento de la población en la pobreza y 70 por ciento de desempleo, por ejemplo.
Somos el único país del mundo que no está en guerra cuya economía se hunde a un ritmo tan alarmante, dijo a IPS Tendai Biti, del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), el principal partido opositor de Zimbabwe.
La industria manufacturera cayó 40 por ciento… La situación es muy lúgubre, agregó Gibson Sibanda, vicepresidente del MDC.
Ambos dirigentes integran un grupo de opositores que visitaron Sudáfrica con el fin de convencer al gobierno de Thabo Mbeki de que presione al presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, para que abra un proceso de democratización en el país.
Las dos elecciones celebradas desde 2000 estuvieron plagadas de denuncias de fraude en favor del gobernante Frente Patriótico-Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU-PF) y de violencia contra los opositores.
Debe ejercerse presión para obligar al régimen del señor Mugabe a liberar a la población del reino del terror y de la catástrofe económica, dijo el secretario de Información del MDC, Paul Themba Nyathi.
Mbeki ha insistido en que se requieren mecanismos diplomáticos discretos para persuadir a Mugabe de negociar con la oposición. En ciertas ocasiones, se anunció que las conversaciones eran inminentes o que ya estaban en curso.
Pero a comienzos de esta semana, Mugabe endureció su posición y acusó al MDC de ser apenas una fachada de países occidentales que procuran acabar con su gobierno.
Mientras reciban instrucciones del extranjero, será difícil dialogar con ellos, dijo el mandatario el lunes 23 en una entrevista divulgada por le televisora estatal.
Nyathi evaluó que el presidente Mbeki está ansioso por ver avances, pero el señor Mugabe no comparte esa ansiedad. No hay ahora diálogo en Zimbabwe.
Estados Unidos y la Unión Europea prohibieron en 2000 el ingreso a sus territorios de Mugabe, funcionarios de su gobierno y dirigentes de su partido, ante denuncias por falta de transparencia electoral y de respeto a los derechos humanos.
La Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth), que reúne a 53 ex colonias de Gran Bretaña, también suspendió a Zimbabwe.
Organizaciones de derechos humanos afirman que al menos 300 personas, la mayoría opositores, murieron en Zimbabwe desde 2000. Miles de personas han sido, según esas acusaciones, torturadas, y numerosas mujeres violadas por fuerzas de seguridad y milicias oficialistas.
Harare rechaza esas acusaciones.
Otra fuente de conflicto es la reforma agraria lanzada en 2000, por la cual las autoridades requisaron haciendas de 4.500 productores comerciales, la mayoría blancos, para redistribuirlas entre campesinos sin tierra, la mayoría héroes de la guerra de la independencia concluida en 1980.
Pero buena parte de las tierras confiscadas fueron a parar a manos de funcionarios del gobierno o de personas vinculadas con éste, según insistentes denuncias. Al mismo tiempo, la producción agrícola cayó.
La reforma agraria se implementó mediante la ocupación (jambanja), a menudo violenta, de haciendas de agricultores blancos y su entrega a integrantes de la mayoría negra, en particular combatientes en la guerra por la independencia contra Gran Bretaña, finalizada en 1980.
La propiedad de la tierra es uno de los asuntos políticos centrales de Zimbabwe. La población blanca —menos de uno por ciento de la población— poseía hasta antes de ponerse en marcha la reforma agraria más de 70 por ciento de las mejores tierras agrícolas.
Pero alrededor de un millón de obreros perdieron su empleo cuando el gobierno de Mugabe se incautó de las tierras de hacendados blancos entre 2000 y 2002, informaron organizaciones de derechos humanos.
Treinta por ciento de los hacendados desalojados dejaron el país y tratan de reiniciar sus actividades agrícolas en países como Zambia, Mozambique, Uganda, Botswana, Nueva Zelanda, Canadá y Australia.
Una sequía fue otro factor agravante de la grave escasez de comida que se abate sobre Zimbabwe, la mitad de cuya población de 13 millones de habitantes requieren asistencia alimentaria externa, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los dirigentes del MDC que visitaron Sudáfrica inauguraron el Instituto Zimbabwe, centro académico con sede en Ciudad del Cabo. Su presidente, Brian Raftopoulos, aseguró que la entidad no funcionará en su país debido al clima político desfavorable.
El lanzamiento del Insitituto Zimbabwe suma una nueva dimensión a la lucha por la liberación social de nuestro país y a la búsqueda colectiva de justicia social, afirmó. (
