La Corte Penal Internacional (CPI) comenzará la semana próxima, en su sede de La Haya, las audiencias para estudiar la legalidad de la muralla de seguridad que Israel construye en Cisjordania, y se esperan grandes manifestaciones en esta ciudad al sudoeste de Holanda.
Grupos israelíes se preparan para una manifestación en las afueras del tribunal, e incluso obtuvieron permiso para llevar el armazón de un ómnibus destruido por un ataque suicida en el que murieron 11 personas.
Pero en las calles de La Haya también estarán presentes representantes de Paren la Guerra, una coalición de grupos no gubernamentales que se oponen al proyecto de levantar el muro alrededor del mayor territorio palestino ocupado. Los líderes de este grupo esperan contar con apoyo de activistas de Europa y Medio Oriente.
Cualquiera sea la resolución de la CPI, que sesionará de este lunes al miércoles, no será preceptiva, pero observadores señalan que será considerada como una conclusión autoritativa del derecho internacional.
El tribunal es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y comenzó a investigar el caso tras un pedido expreso de la Asamblea General del foro mundial.
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La barrera es una estructura serpenteante de más de 700 kilómetros que intenta separar el territorio de Israel de los territorios ocupados, pero en su recorrido deja aisladas también a varias localidades palestinas del resto de Cisjordania.
La mayor parte de la muralla consiste de una base de concreto con una superestructura de mallas metálicas y alambres de púas. En todo su extensión, la pared de concreto mide ocho metros de alto y tiene torres de vigilancia.
El gobierno del primer ministro israelí Ariel Sharon dice que la muralla es necesaria para disuadir a los atacantes suicidas que intentan ingresar a Israel.
Pero los palestinos señalan que la intención de Sharon es que la pared pase a ser una frontera permanente. Además, acusan a los israelíes de haber desplazado a cientos de miles de familias para construirla.
El gobierno israelí se negó a participar de las audiencias del tribunal, temiendo que su participación pudiera dar más peso y legitimidad a la decisión final.
Tel Aviv cuestionó en enero, mediante una declaración, la autoridad de la CPI para estudiar el caso. Esta postura fue respaldada por Estados Unidos, el principal aliado de Israel.
El experto holandés en ley internacional André Nollkaemper, de la Universidad de Amsterdam, sostiene que las objeciones se basan en el temor de que el tribunal se convierta en un actor con decisión sobre asuntos políticos internacionales.
En este marco, uno podría pensar en la posibilidad de que la Asamblea General (de la ONU) pida luego, por ejemplo, que se estudie la legalidad del uso de la fuerza en Iraq, dijo a IPS.
Y, claramente, eso es algo que ni Europa ni Estados Unidos quieren ver, añadió.
Pero Nollkaemper dice que el hecho de que un conflicto legal pueda tener ramificaciones políticas no significa que la Corte no pueda fallar sobre el asunto legal específico.
El tribunal es capaz de distinguir entre los aspectos legales y los aspectos políticos del caso, y un consejo bien argumentado de la CPI puede ser un útil elemento para una futura resolución del conflicto, alegó.
Claro que no solucionará el conflicto, pero podría ser una elemento vital para que las dos partes encuentren la base de una futura salida política, indicó el especialista.
La Corte escuchará declaraciones de representantes de Arabia Saudita, Argelia, Bangladesh, Belice, Cuba, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Palestina, Senegal, Sudafrica, Sudán y Turquía.
La Liga Arabe y la Organización de la Conferencia Islámica también enviarán delegados para hacer oír su punto de vista sobre el caso.
A fines del año pasado, la Asamblea General de la ONU rechazó, por 144 votos contra cuatro y con 12 abstenciones, la construcción de la muralla, y exhortó a Israel a remover las partes que ya habían sido edificadas.
La Asamblea aprobó además una resolución que pide a la CPI estudiar cuáles son las consecuencias legales de la construcción de esta muralla por parte de Israel, la potencia ocupante, en el territorio palestino.
Mientras, un proceso similar se realiza en Israel. El Centro Hamoked para la Defensa del Individuo y la Asociación para los Derechos Civiles pidieron este mes a la Suprema Corte israelita que falle sobre la legalidad de la muralla y las restricciones que implica para los palestinos de Cisjordania.
Desde que se lanzó el proyecto de construcción en junio de 2002, la oposición internacional ha crecido en forma acelerada.
Esta semana, el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que el muro iba en contra de la ley internacional y señaló que su ruta corta parte del territorio palestino, además de ser una medida que va más allá de lo permisible para una fuerza ocupante.
La Cruz Roja aseguró que, por culpa de la murralla, miles de palestinos han sido privados de acceso a agua, atención médica y educación, y que los constructores destruyeron propiedades palestinas.
El organismo humanitario, con sede en Ginebra, dijo respetar el derecho de Israel a defenderse, pero llamó al gobierno de Sharon a no planificar, construir o mantener esa barrera dentro de territorio ocupado.
El investigador de derechos humanos sudafricano John Dugard divulgó en septiembre un informe hecho para la ONU en el cual concluyó que el muro es ilegal y su construcción es un acto de anexión de territorio palestino que debe ser condenado por la comunidad internacional.
Dugard señaló que los 210.000 palestinos que quedaron del otro lado de la muralla, es decir, en supuesto territorio israelí, no tendrán acceso a servicios básicos y perderán su empleo. Israel arguyó que ese informe es parcial.
La construcción de la barrera también fue condenada por la organización humanitaria Amnistía Internacional, que pidió a Israel detener las obras de inmediato.
Esto demuestra que el caso ha tenido gran difusión en el tribunal de la opinión pública internacional. La semana próxima será el turno de los expertos legales.
