– La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos deben investigar a la empresa Halliburton, acusada de cobrar más de la cuenta por sus tareas en la reconstrucción de Iraq, según activistas.
La firma con sede en Texas, principal beneficiaria de los contratos por la reconstrucción de Iraq, ya es objeto de investigaciones por parte del Departamento (ministerio) de Defensa (Pentágono).
La no gubernamental Campaña Contra la Especulación de la Guerra dijo que el involucramiento del presidente George W. Bush y de legisladores de los dos grandes partidos estadounidenses constituiría un llamado a la responsabilidad de otras firmas contratadas por las fuerzas armadas.
La campaña fue iniciada por el Instituto de Estudios Sureños, centro académico radicado en el sudoriental estado de Carolina del Norte, y ya se unieron a ella 50 organizaciones de todo el país.
Halliburton, hasta hace cuatro años encabezada por el actual vicepresidente Dick Cheney, encarna ante parte del público estadounidense la naturaleza hermética de los contratos asignados para la reconstrucción de Iraq y las grandes ganancias de las empresas contratadas por el Pentágono.
Se trata, según su propia página en Internet, de una de las mayores proveedoras mundiales de productos y servicios para el sector del petróleo y el gas. Esta gran compañía no es objeto de controles exhaustivos por parte del gobierno, que le asignó lucrativos contratos en Iraq sin someterla a procesos de licitación, según los activistas que adhieren a la campaña.
Los escándalos de Halliburton y otros contratistas militares exigen una completa investigación legislativa sobre los aspectos políticos de la determinación de los contratos y sobre el comportamiento de corporaciones que reciben miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes, dijo el codirector de la campaña Chris Kromm.
Las facturas y prácticas comerciales sospechosas de Halliburton originaron interrogantes sobre el tratamiento que brinda el gobierno de Bush al dinero de los contribuyentes estadounidenses, según activistas.
Las organizaciones participantes en la campaña afirmaron que se han desperdiciado cientos de millones de dólares como consecuencia de malas prácticas de las empresas y de los escasos controles gubernamentales.
Halliburton ya es objeto de investigaciones por agencias oficiales estadounidenses.
El Pentágono inició una pesquisa luego de constatar, a través de una auditoría, que la firma sobrefacturó 61 millones de dólares, uno por cada 3,8 litros de gasolina comprada a Kuwait y enviada a tropas estadounidenses en Iraq.
Ese acuerdo había sido rubricado entre el ejército y la empresa sin mediar proceso de licitación.
Los auditores del Departamento de Defensa también analizan los contratos por alimentos entre Halliburton y organismos del gobierno. Esa supuesta sobrefacturación se calcula en 27,4 millones de dólares.
Es necesaria una comisión bipartidista e independiente para revisar la actividad de los contratistas como Halliburton y la de las empresas que ésta subcontrata, dijo el vicepresidente de la organización Contribuyentes por el Sentido Común, Keith Ashdown.
La organización académica World Policy Institute (WPI), con sede en Nueva York, difundió el miércoles un estudio que deja en evidencia el gran aumento de los contratos asignados a Halliburton y otras gigantescas firmas como consecuencia de las invasiones a Afganistán e Iraq.
El presupuesto del Pentágono es de 400.000 millones de dólares anuales y crece sin cesar. Mientras, el Departamento de Seguridad Interna, creado en la actual presidencia en el marco de su guerra contra el terrorismo, gasta unos 40.000 millones al año.
Hasta ahora, las operaciones militares en Afganistán y en Iraq han insumido unos 180.000 millones de dólares al gobierno estadounidense.
Halliburton por sí sola recibió 3.900 millones de dólares del Pentágono en 2003 por sus trabajos relacionados con esos dos países.
Estos son tiempos de bonanza para los contratistas militares, dijo Michelle Chiarrocca, de WPI.
El coautor del análisis de WPI William D. Hartung sostuvo que el mayor beneficiario de la guerra infinita contra el terrorismo ha sido, hasta ahora, Halliburton, empresa que afronta, agregó, un gran problema ético.
Además de la sobrefacturación por la gasolina kuwaití, empleados de Haliburton son acusados de recibir 6,3 millones de dólares en comisiones ilegales cobradas a otra empresa kuwaití por un contrato de alimentos preparados para tropas que se cobraron al ejército por el triple del valor habitual.
La empresa contraataca con una serie de avisos televisivos en que el gerente general de Halliburton, Dave Lesar, enumera los servicios que la compañía presta a los soldados estadounidenses.
El gobierno asignó los contratos a Halliburton por lo que sabemos, no por las personas a las que conocemos, sentenció Lesar.
Halliburton había sido contratada en secreto durante la guerra del año pasado (entre el 20 de marzo y el 1 de mayo) para apagar pozos petroleros incendiados por el régimen de Saddam Hussein en su huida.
La firma también se hizo cargo de la reparación de las refinerías, los oleoductos y la distribución de gas doméstico dentro de Iraq.
Halliburton podría incluso encargarse de la exportación de petróleo para que el país tenga dinero destinado a pagar sus gastos, reconoció el año pasado el portavoz del Cuerpo de Ingenieros del ejército estadounidense Scott Saunders.
Antes de la invasión, Halliburton contaba con 1.800 empleados en el desierto kuwaití instalando tiendas de campaña, suministrando alimentos y lavando la ropa de los soldados antes de la invasión.
La infraestructura civil de Iraq debe ser reconstruida dado el destrozo originado por la guerra contra Irán (1980-1988), de la guerra del Golfo de 1991 contra una treintena de países encabezados por Estados Unidos y de 12 años de sanciones internacionales.
La reconstrucción del país abre grandes oportunidades de negocios a las grandes compañías mundiales de ingeniería y de construcción.
El académico Consejo de Relaciones Internacionales, con sede en Nueva York, calculó que esa tarea insumirá 20.000 millones de dólares anuales durante varios años, mientras el gobierno de Bush estimó que se requerirán 100.000 millones de dólares en total.
El administrador de la gubernamental Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), Andrew Natsios, indicó el año pasado que los contratos por la reconstrucción de Iraq serían ofrecidos a empresas estadounidenses por razones de seguridad.
Natsios sostuvo entonces que el control de las compañías extranjeras para su registro llevaría demasiado tiempo. Las firmas estadounidenses licitantes ya cuentan con certificación de seguridad, afirmó.
Además, normalmente, apelamos a empresas estadounidenses porque es el dinero de los contribuyentes estadounidenses, agregó el funcionario.
