Lo que más impresiona de Colombia es el estado de pobreza en que viven las poblaciones de la septentrional región de Choco, en su mayoría descendientes africanos e indígenas abandonados por el Estado y desplazados de sus lugares de origen por la guerra civil, narró un alto funcionario de la ONU.
Esas personas han sido obligadas a guarecerse en zonas selváticas muy remotas donde carecen de toda asistencia o ayuda humanitaria, señaló Kamel Morjane, Alto Comisionado adjunto de las Naciones Unidas para los Refugiados, quien regresó esta semana a Ginebra tras un viaje a Colombia y Ecuador.
Morjane quedó impresionado por las condiciones en que viven los desplazados en Choco, ante una ausencia total de los servicios que tradicionalmente presta el Estado, en particular los de salud y educación.
A la gravedad del cuadro que Morjane encontró al norte de Colombia, próximo a la frontera con Panamá, se suma la magnitud del problema general de los desplazados de los hogares en Colombia por el largo conflicto armado interno, que suman entre dos y tres millones de personas. Una de las más profundas crisis humanitarias actuales en el mundo, precisó.
Sólo en Africa, en la República Democrática del Congo y en Sudán, los movimientos de desplazados son superiores a los de Colombia, comparó el representante de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Otro aspecto que golpeó al visitante fue la invisibilidad de este problema en la propia Colombia. La cuestión de los desplazados es ignorada no sólo en los ciudades europeas o en Estados Unidos sino también en Bogotá, lamentó.
La prensa se desinteresa del asunto de los desplazados, que afecta a las minorías, corroboró el alto funcionario de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Los medios de comunicación locales se dedican más a la información de la situación política del proceso de paz en el país o de los vínculos de la violencia colombiana con el narcotráfico, mientras que la crisis humanitaria sigue totalmente olvidada.
En las conversaciones con las diferentes comunidades se escucha un solo clamor: más presencia del Estado. La magnitud de este problema es extremadamente grande, resumió.
La situación en Colombia, escenario desde hace casi medio siglo de conflictos armados con participación de guerrillas de izquierda, tropas regulares del Estado, paramilitares derechistas y narcotráfico, inquietó también esta semana a la sociedad civil.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (Ciosl), la principal central de trabajadores del mundo y con sede en Bruselas, incluyó a Colombia entre los temas que planteará durante la próxima sesión del 15 de marzo al 23 de abril en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En Colombia se verificó una disminución de los asesinatos de dirigentes sindicales, señala el informe de la Ciols, pero, según dijo a IPS la portavoz de esa entidad, Barbara Kwateng, han aumentado otras formas de represión, como las detenciones arbitrarias, las amenazas de muerte, los desplazamientos forzados y otras violaciones.
La central sindical mundial expresó también sus fuertes reservas por la invitación del Parlamento Europeo al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, quien hablará la semana venidera en la sede de la institución, en Estrasburgo.
Otra entidad independiente, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), estimó que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU debe apremiar a Colombia para que adopte y aplique una política humanitaria coherente con el derecho internacional y en particular con los instrumentos que el país ha ratificado.
La OMCT, que tiene sede en Ginebra, demandó prestar atención especial a la legislación colombiana, que otorga a las Fuerzas Armadas algunas funciones de policía y de justicia.
La Comisión, el máximo organismo especializado de la ONU, debe poner a disposición los recursos para que las autoridades colombianas y los grupos armados ilegales respeten los derechos humanos, reclamó la OMCT.
La Ciols recordó que dos semanas atrás el gobierno de Estados Unidos certificó que Colombia cumplía con las condiciones requeridas en la observancia de los derechos humanos, un requisito para que es país de América del Norte otorgara la ayuda militar.
Sin embargo, numerosas organizaciones de derechos humanos protestaron por la certificación y sostuvieron que disponen de abundantes pruebas documentadas de los abusos cometidos en el país y de la relación con esos delitos de altos oficiales del Ejército, precisó Kwateng.
Por su parte, Morjane estimó que el respeto de los derechos humanos, uno de los objetivos de Acnur en Colombia, contribuirá a que la población de desplazados de sus hogares recupere el sentido de seguridad.
Con un presupuesto anual de 5,6 millones de dólares, Acnur colabora con otras organizaciones independientes y del mismo sistema de la ONU en la atención de los desplazados internos y de los refugiados.
El fronterizo Ecuador, en el sur, acoge en su territorio a unos 250.000 refugiados colombianos, mientras que en el vecino del norte, Panamá, hay unos 2.000 y en Venezuela, limítrofe por el este, unos 15.000.
Portavoces de Acnur opinan que la solución de la crisis de Colombia se debe encarar con enfoque regional, que implica la participación del resto de los países de América y también de los donantes.
