Entre los siete países y territorios identificados como refugios para el lavado de dinero por la principal agencia mundial especializada al respecto no figuran Suiza, Luxemburgo y Gran Bretaña, a los que Estados Unidos atribuye esas prácticas.
En la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) están dos países del Pacífico Sur, Islas Cook (con 21.000 habitantes) y Nauru (de 21 kilómetros cuadrados).
También aparecen en la nómina Birmania, Filipinas, Guatemala, Indonesia y Nigeria. Otros dos países que sufrían ese estigma pero se libraron de él esta semana fueron Egipto y Ucrania.
Exhortamos a todos nuestros miembros a continuar prestando atención especial a las (…) transacciones con personas, compañías e instituciones financieras radicadas en los países y territorios en la lista, dijo este viernes en París Charles Norgren, presidente de turno del GAFI.
Norgren aplaudió los esfuerzos de Guatemala por combatir el lavado de dinero. El país introdujo recientemente normas de control para las operaciones bancarias off shore. Pero eso no bastó para que el país centroamericano fuera retirado de la infausta lista.
Críticos del GAFI califican de arbitrarias las evaluaciones de la organización, que reúne a 31 países y que se define en sus documentos como el cuerpo internacional a cargo de salvaguardar el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Los observadores que cuestionan al organismo aseguran que éste nunca desarrolló una evaluación exhaustiva del sistema financiero de todos los países.
El GAFI fue establecido en 1989 por el Grupo de los Siete países más industrializados (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón).
Sus oficinas funcionan en la sede parisina de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre cuyos 30 miembros figuran todos los países del Norte industrial.
Entre los miembros del GAFI no figuran los refugios del dinero sucio señalados en sus listas, pero sí países considerados paraísos fiscales, como Suiza, Luxemburgo y Gran Bretaña.
El último Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, divulgado en marzo de 2003, incluye esas tres naciones ricos entre el medio centenar de países y territorios donde se lava dinero.
En esa lista también figura Estados Unidos, las jurisdicciones británicas de Guernsey, Isla de Man y Jersey y países industriales como Alemania, Australia, Austria, España, Hong Kong, Holanda e Italia.
El GIFE tampoco calificó hasta ahora a países como Arabia Saudita y Pakistán, cuyas instituciones financieras son con frecuencia acusadas de facilitar dinero a organizaciones terroristas.
Próximamente analizaremos las prácticas financieras de Arabia Saudita, pero el estudio de la situación en Pakistán no está en la agenda, dijo a IPS el director ejecutivo del GAFI, Patrick Moulette.
El GAFI también carece de información sobre el sistema financiero palestino, acusado por Israel de financiar al terrorismo. Autoridades israelíes requisaron millones de dólares la semana pasada de locales de bancos palestinos.
No tenemos información la respecto. No es nuestra función tener información sobre los sistemas financieros de todos los territorios, dijo Moulette.
La dirección ejecutiva del GAFI discutió en París esta semana con países no integrantes de la organización posibles medidas de lucha contra el lavado de dinero, en particular para impedir el financiamiento de actividades terroristas.
Norgren dijo que las reuniones realizadas durante tres días, concluidas este viernes, se concentraron en prácticas como el uso de organizaciones de caridad, remesas internacionales irregulares y transporte de efectivo.
Un documento del GAFI difundido este jueves, La guerra financiera contra el terrorismo, menciona dos ejemplos de remesas irregulares, los de las entidades Al Barakaat y Dahabshiil.
Ambas surgieron luego de más de un decenio de guerras civiles y tribales en Somalia para cubrir las necesidades de unos 750.000 refugiados y emigrantes, explicó la organización.
Al Barakaat y Dahabshiil brindaron ayuda financiera crucial a somalíes carentes de recursos.
Pero luego de los atentados contra Washington y Nueva York del 11 de septiembre de 2001, investigadores en Estados Unidos las identificaron como instrumentos para el financiamiento de la red terrorista Al Qaeda, a la que se atribuyó la operación que dejó 3.000 muertes.
Según las pesquisas, las entidades sirvieron para canalizar al menos 10 millones de dólares a los terroristas, indicó el GAFI.
Menos de un mes después del 11 de septiembre, el GAFI sumó ocho nuevas recomendaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas a las 40 preexistentes.
Entre esas sugerencias figura la ratificación de diversas convenciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como la resolución 1.373 del Consejo de Seguridad y la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo.
Además, urgió al congelamiento y confiscación de bienes sospechosos, el reporte de transacciones dudosas y la evaluación de remesas.
El GAFI define el lavado de dinero como el procesamiento de ganancias delictivas para disfrazar su origen ilegal. Esta práctica permite al delincuente disfrutar sus ingresos sin poner su origen en peligro, agrega.
Las ventas ilegales de armas, el contrabando, el narcotráfico y el proxenetismo producen enormes cantidades de dinero.
