El gobierno australiano está promoviendo un controvertido estudio sobre el entierro de gases invernadero para combatir el recalentamiento del clima, y acaba de lograr el apoyo de un importante grupo ecologista de Estados Unidos.
El almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono (gas invernadero liberado por la combustión de carbón, gas y petróleo) puede ser el camino para persuadir al poderoso sector energético de que es necesario prevenir el recalentamiento global, alega el director del estadounidense Centro Climático para el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en inglés), David Hawkins.
Lo que estamos explorando es si el poder político representado por la industria de los combustibles fósiles puede utilizarse para mover el proceso hacia delante, en lugar de mantenerse en la negación a actuar, añadió.
Hawkins dedicó la última semana a dar conferencias por toda Australia, hablando del potencial de convertir el carbón en gas, quemarlo con fines energéticos, capturar el dióxido de carbono que se libere en esa combustión y bombearlo a depósitos subterráneos.
Hawkins cree que este es un abordaje aceptable para Estados Unidos y para Australia, pues los dos países se negaron a firmar el Protocolo de Kyoto, que establece recortes obligatorios de las emisiones de gases invernadero para las potencias industriales, pero aún no está en vigor.
Ambos gobiernos ven en esta solución la salida para la cuestión de (sostener) el consumo de carbón, y en verdad tiene ese potencial, sostuvo Hawkins, quien asesoró al ex presidente Jimmy Carter (1997-1981) como administrador de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental.
Pero el senador australiano del opositor Partido Verde, Bob Brown, cree que Hawkins va en la dirección equivocada. Parece insólito decir que debes ir a la cama con el enorme sector de combustibles fósiles y que todos debemos ayudarlo, en lugar de poner nuestro peso a favor de las nuevas industrias de la energía renovable, afirmó.
Cuando terminaban las negociaciones de la conferencia que dio origen al Protocolo de Kyoto, las presiones australianas lograron concesiones asombrosas. Mientras otros países industriales deberían reducir para 2012 sus emisiones a menos de las que tenían en 1990, la meta de Australia es de ocho por ciento más.
La electricidad generada a carbón aporta 35 por ciento de las emisiones australianas de gases invernadero, y sólo la industria del aluminio consume 15 por ciento de esa generación eléctrica.
Sin embargo, las empresas del carbón, la electricidad y el aluminio consideraron que incluso esa meta era muy alta y convencieron al primer ministro John Howard de rechazar el Protocolo.
En lugar de reducir las emisiones promoviendo agresivamente el consumo eficiente y las fuentes renovables de energía, como la solar, eólica y otras, el gobierno ha puesto su interés en el almacenamiento del dióxido de carbono.
Aunque se trata de una técnica no probada y, según la mayoría de las estimaciones, más costosa que la eficiencia energética y las fuentes limpias, tiene la ventaja de que no obligará a reducir la producción de carbón ni de aluminio.
En julio de 2003, el gobierno estableció el Centro de Investigación Cooperativa para Tecnologías de Gases Invernadero, con un presupuesto de 153 millones de dólares para siete años. Su objetivo es hallar opciones para la captura y entierro de carbono.
La mayoría de los científicos creen que el cambio climático global se debe en gran medida a las emisiones humanas de gases invernadero.
Los productores de combustibles fósiles tienen mucho para ganar si estas técnicas logran un futuro más sustentable para ellos en Australia y en el mundo, afirma un documento del Centro, conocido por las siglas CO2CRC.
Algunos de las petroleras y mineras más grandes del mundo (British Petroleum, Río Tinto, ChevronTexaco, Shell, BHP-Billiton y Woodside Petroleum) son auspiciantes oficiales de los proyectos del CO2CRC.
Si estas técnicas se desarrollan, las corporaciones podrían reducir los riesgos legales y financieros que corren por ser las principales responsables de emitir gases vinculados al cambio climático, añade el documento.
Si la industria de verdad quiere ser tomada en serio, debe admitir que el recalentamiento global es un problema, que esas acciones pueden resolverlo y que se decide a ponerlas en práctica. Esa voluntad cambiará el panorama político. Pero si no es así, el NRDC no mantendrá ningún interés en sepultar gases, dijo Hawkins.
Los ecologistas se oponen a esta técnica. Pero la investigación cuenta con apoyo entusiasta de Robin Batterham, gerente general de desarrollo científico y tecnológico de Río Tinto, una de las mayores compañías mineras del mundo que, según cifras de 2002, es responsable de cinco por ciento de las emisiones australianas de gases.
Batterham trabaja tres días por semana para Río Tinto y los dos restantes como principal consejero científico del primer ministro Howard, en áreas que incluyen la política energética. Un conflicto de intereses inaceptable, apunta el senador Brown.
Tiene que elegir entre un empleo u otro, advierte.
En una presentación ante el gobierno, Río Tinto desalentó el papel oficial en el respaldo a las fuentes renovables e insistió en cambio en la captura y almacenamiento de carbono como una perspectiva prometedora.
También Hawkins respalda la urgencia de investigar y probar esta técnica.
El gobierno australiano ha dicho que quiere unir su compromiso en resolver el recalentamiento global con alguna prueba de que este abordaje funciona. Pero esto da pie a una actitud de espera del sector privado, que no podemos permitirnos, sostuvo.
Hawkins está extraviado, dice Brown. Si los recursos que pide se aplicaran a las fuentes limpias y a la energía renovable el efecto sería mayor, concluyó.
