El anuncio del arranque del Fondo para la Diversidad Agrícola Global durante la conferencia sobre biodiversidad celebrada en Malasia alegró a muchos, pero también encendió alarmas entre activistas de la sociedad civil quienes denuncian su perfil corporativo.
El Fondo repartirá su primera hornada de subvenciones a bancos genéticos este año, dijo Emile Frison, director general del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI, por sus siglas en inglés), durante a la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, realizada entre el 9 y el 20 de este mes en la capital de Malasia, Kuala Lumpur.
Hasta ahora se han reunido 41 millones de dólares y otros 60 millones se están acordando con potenciales donantes, añadió Frison.
La meta es lograr un fondo permanente de 260 millones de dólares para asegurar el sostén financiero de la conservación del germoplasma ingresado en depósitos especiales, conocidos como bancos de genes, en forma de plantas o muestras de semillas de cultivos alimentarios, forrajeros y forestales.
Esas muestras fitogenéticas constituyen una valiosa herencia agrícola para el futuro de la humanidad.
La puesta en marcha del Fondo fue saludada por autoridades y expertos de la mayoría de los 188 países partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, que se reunieron para discutir la implementación de asuntos clave, como el uso sustentable de la biodiversidad y la participación equitativa en los beneficios resultantes.
El Fondo fue fundado por el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y anunciado oficialmente durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable celebrada en 2002 en Sudáfrica.
Pero el Fondo está adoptando una identidad corporativa, según sus críticos. Su carta fundacional y su acuerdo de establecimiento fueron reformados para darle un estatuto legal internacional e independiente. Y han aparecido las corporaciones.
Syngenta AG -la mayor compañía mundial de agronegocios enfocada a las semillas genéticamente modificadas- salió públicamente a impulsar el Fondo.
El presidente del consejo directivo de la firma, Heinz Imhof, quien también preside la Fundación Syngenta, anunció hace poco su compromiso con el mecanismo.
Quiero reiterar el respaldo financiero al Fondo para la Diversidad Agrícola Global, cuando sea establecido. Mientras tanto, la fundación continuará apoyando su creación, dijo Imhof.
De hecho, otro miembro de la Fundación Syngenta ocupa un lugar en el panel provisorio de expertos eminentes del Fondo.
¿Acaso esto garantizará que los agricultores tendrán un acceso más sencillo a esos materiales guardados en los bancos de semillas?, se preguntó durante la conferencia el activista Patrick Mulvany, del Grupo sobre Desarrollo de Tecnologías Intermedias, de Gran Bretaña.
El costo de sostener esos bancos genéticos podría representar la desviación de recursos de otras iniciativas de conservación igualmente importantes y no está claro que asegure el acceso equitativo de los países del Norte y del Sur a las riquezas fitogenéticas.
El contexto político es establecido por el Tratado Internacional de Recursos Genéticos, del cual el Fondo es apenas un mecanismo financiero, replicó Frison.
Interrogado acerca de si el Fondo está en posición de resistir las presiones de la industria o de los países donantes, Frison sostuvo que no hay cuerdas que lo aten a sus auspiciantes y que compañías como Syngenta apoyan la iniciativa movidas sólo por buenas intenciones.
La misión original del Fondo es asegurar que las colecciones de germoplasma vegetal de los bancos de genes sean mantenidas en fideicomiso bajo los auspicios de la FAO para beneficio de la comunidad internacional.
Hasta 2001, se habían reunido 666 mil muestras de germoplasma en 11 bancos propiedad del CGIAR.
Según un informe firmado ese año por el especialista Bonwoo Koo, del Instituto de Investigación sobre Política Alimentaria Internacional, una dotación de 149 millones de dólares colocada en depósitos a una tasa de interés real anual de cuatro por ciento, permitiría generar un ingreso de 5,7 millones de dólares por año, suficiente para cubrir a perpetuidad los costos de conservar y distribuir los materiales de los centros del CGIAR.
Los países parte del Convenio sobre Diversidad Biológica también fueron instados en Malasia a considerar la ratificación del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, un importante instrumento para la conservación y el uso sustentable de la diversidad vegetal.
Mientras tanto, otros asuntos candentes como el acceso a recursos genéticos y el uso compartido de sus beneficios están un callejón sin salida.
El Convenio reconoce los derechos soberanos de las naciones en desarrollo sobre sus recursos genéticos y sobre una porción de los beneficios derivados de su explotación por parte de empresas extranjeras.
Sin embargo, los países industriales quieren mayor acceso a las riquezas del Sur y son renuentes a los reclamos de incluir la cuestión de las ganancias dejadas por productos elaborados a partir de especies conocidas y utilizadas ancestralmente en muchos países en desarrollo.
También rechazan la propuesta de establecer un régimen internacional obligatorio, y prefieren en cambio pautas y normas de adopción voluntaria y acuerdos bilaterales.
Para facilitar el acceso y un régimen de reparto de beneficios, se pidió a cada país parte que preparara un inventario de su biodiversidad, para lo cual las naciones más avanzadas en este terreno podrían ofrecer ayuda, dijo el ministro de Ambiente de México, Alberto Cárdenas.
Países como Sudáfrica, Kenia, México y Costa Rica tienen sistemas informáticos listos para registrar sus recursos, dijo Cárdenas.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Publicado originalmente el 21 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
