Activistas y defensores de los consumidores acusan al gobierno de Estados Unidos de hacer muy poco para detener la propagación del mal de las vacas locas, obedeciendo a presiones de la poderosa industria de la carne.
Varios altos funcionarios del Departamento (ministerio) de Agricultura proceden del sector cárnico y lechero y podrían mantener lealtades a sus antiguos empleadores, argumentan los críticos.
A inicios de enero, funcionarios estadounidenses aseguraron que aplicarían de inmediato un nuevo paquete de medidas para proteger el suministro nacional de carne de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida como enfermedad de las vacas locas, luego del hallazgo, el 9 de diciembre, del primer animal infectado en el noroccidental estado de Washington.
El ganado proclive a contraer EEB es aquel alimentado con raciones que contengan suplementos de proteínas animales. La enfermedad es mortal, y sus primeros síntomas son desórdenes motores que impiden el movimiento normal.
El causante no es un virus ni una bacteria, sino un agente conocido como prion, que altera las proteínas del cerebro, dándole a este una consistencia esponjosa.
Una variedad de la también mortal enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que ataca a humanos, está vinculada al consumo de productos cárnicos elaborados con animales contaminados con EEB.
Desde los años 90 han muerto 153 personas por el mal de Creutzfeldt-Jakob, sobre todo en Europa.
Las medidas de protección incluyen el retiro de la cadena de producción de todos los animales que no puedan mantenerse en pie, así como de los tejidos cerebrales, nerviosos y óseos que podrían contener EEB, además de protecciones adicionales en la elaboración de alimentos procesados y de un programa nacional para identificar el origen del ganado.
Pero los anuncios no lograron ahuyentar los temores de los consumidores.
Los precios del ganado en el mercado de futuros cayeron, y ninguna de las 30 naciones que prohibieron el ingreso de carne estadounidense da señales de levantar las restricciones. Los controles ya costaron millones de dólares en exportaciones perdidas.
Los últimos pasos de Estados Unidos son patéticos, dijo el coautor del libro Mad Cow USA (Estados Unidos vaca loca), John Stauber.
Hoy en Estados Unidos los criadores alimentan legalmente al ganado con miles de millones de kilogramos de desperdicios animales, e incluso destetan a los terneros suministrándoles un alimento basado en proteínas de la sangre del ganado, agregó.
En lugar de una alimentación vegetariana que respete la naturaleza de las especies de pastura, los ganaderos estadounidenses echan mano a restos de órganos, sanguíneos y óseos e incluso a estiércol, en especial heces de pollo.
En los últimos dos años, sólo se analizaron 20 mil cabezas al año en Estados Unidos, menos de 10 por ciento de los animales que no pueden mantenerse en pie.
Sospecho que los últimos casos de vaca loca en Estados Unidos y Canadá son la punta del iceberg que podría seguir creciendo mientras no se prohíban las prácticas de alimentación peligrosas, sostuvo Stauber.
Para los activistas, el renuente control es responsabilidad de la industria, temerosa de que más exámenes revelen más casos y reduzcan las ventas.
La industria ha combatido con uñas y dientes el análisis de animales al menos desde 1993, cuando me involucré en este tema, pues lo último que quiere es hallar un caso de vaca loca, dijo Michael Greger, de la Asociación de Consumidores Orgánicos.
Ahora que el primer caso aparece, no quieren hallar el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ironizó.
Los consumidores organizados creen que la postura del gobierno es peligrosa, pues intenta a la vez proteger a la industria y defender la salud pública.
Tres años atrás dirigimos al gobierno una lista de recomendaciones respecto de la enfermedad de la vaca loca. Ninguna fue implementada, dijo Simon Chaitowitz, del Comité de Médicos por una Medicina Responsable, organización sin fines de lucro con sede en Washington.
Creemos que el Departamento de Agricultura no las ha adoptado pues muchos de sus altos funcionarios proceden de las industrias cárnica y láctea y les importa más proteger las ganancias ganaderas, añadió.
La encargada de prensa del Departamento de Agricultura, Alisa Harrison, el subsecretario para Mercadeo y Programas Regulatorios, Chuck Lambert, y la consejera principal para Asuntos de Alimentación y Nutrición, Elizabeth Johnson, trabajaron para la Asociación Nacional de Criadores de Bovinos, un poderoso grupo industrial de presión.
Las autoridades se defendieron alegando que las pruebas se han dirigido sobre todo a animales de alto riesgo, aquellos que presentaban síntomas de desorden nervioso o incapacidad para caminar.
La presión de la industria ha impedido al gobierno de Bush tomar las medidas necesarias para proteger al público, consideró Carol Tucker Foreman, jefa de los programas de seguridad alimentaria del Departamento de Agricultura durante el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981).
Aunque reconoció que los pasos adoptados son positivos, señaló que el ministerio no amplió las prohibiciones para excluir el uso de todos los restos de rumiantes en la alimentación animal. Ni anunció el refuerzo de recursos suficientes para asegurar que esas prohibiciones se cumplan.
*Publicado originalmente el 10 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
