Atrasos en el pago de salarios, huelgas, falta de materiales y pacientes sin atención oportuna son algunos elementos de la crisis en los hospitales colombianos, asediados por la corrupción y el mal manejo de sus recursos.
El Hospital San Pablo, en la septentrional ciudad de Cartagena, le debe a sus trabajadores 40 meses de sueldo. En la misma ciudad, comenzó en julio el proceso de liquidación y cierre del Hospital Universitario.
Otro hospital universitario, el de Barranquilla —el más importante del norte del país—, debe a sus trabajadores dos meses de sueldo. Varias unidades, entre ellas la de medicina nuclear, están prácticamente cerradas.
Los hospitales atienden a la población de menores recursos económicos. Cerca de 23 millones de personas viven con un ingreso menor a dos dólares diarios, según el gubernamental Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
Los hospitales públicos no tienen recursos para funcionar porque el dinero (que les asigna el gobierno) se queda en manos de intermediarios financieros del sector privado, dijo a IPS el sindicalista Angel Salas, secretario de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados Hospitalarios (ANTHOC).
Una fuente de la Academia Nacional de Medicina que pidió reserva de su identidad dijo a IPS, coincidiendo con Salas, que esos intermediarios se apropian de recursos que deberían destinarse a la atención de los pacientes, a la investigación y a la remuneración de los médicos.
La problemática situación de los hospitales es estructural y comenzó en diciembre de 1994, con la promulgación de la Ley 100 que creó el Sistema de Seguridad Social Integral, según Salas.
El objetivo de la ley era universalizar la atención médica, a la que solo accedía 24 por ciento de los colombianos, la mayoría de ellos trabajadores afiliados al Seguro Social, empresa administrada por el Estado y financiada con aportes de empleados y empresarios.
El ministro de Protección Social, Diego Palacio, reconoce que el objetivo no se ha cumplido. En el mejor de los casos, el sistema cubre 57 por ciento de los 44 millones de habitantes del país.
Para Palacio, sin embargo, se ha avanzado. Antes de la reforma, 57 por ciento de la población no contaba con servicios de salud porque no tenía como pagarlos, dijo.
A los sindicalistas, las cuentas les salen distintas. ANTHOC calcula que 68 por ciento de los habitantes carecen de cobertura, a pesar de que Colombia destina 11 por ciento de su producto interno bruto a la salud, una de las proporciones más altas de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De todos modos, los usuarios perciben mejoras en el sistema. En los lugares más apartados, por ejemplo, una madre pobre puede llevar a sus hijos a un centro de salud para que reciba atención básica, y allí se le suministran medicinas a un costo mínimo.
Pero cuando un paciente requiere atención en un hospital público, el asunto se complica. En algunos casos solo se brinda atención en caso de emergencia, porque los trabajadores están en huelga reclamando el pago de salarios atrasados.
En otros casos, no hay insumos o camas disponibles, o el equipamiento médico está fuera de servicio por falta de mantenimiento.
Con la Ley 100, el gobierno recortó las transferencias que debía hacer a los hospitales, y asignó el manejo de los recursos presupuestales a firmas privadas de intermediación financiera denominadas empresas prestadoras de salud y empresas administradoras de riesgos.
Una fuente sindical que pidió reserva de su nombre dijo a IPS que las firmas de intermediación financiera le deben a los hospitales cerca de 367 millones de dólares.
A consecuencia de la crisis, programas de salud pública como los de inmunización y prevención se han debilitado, con el consecuente recrudecimiento de enfermedades que estaban controladas.
El ministro Palacio consideró que el Estado carece de un buen sistema de vigilancia para asegurar que los recursos del presupuesto de salud (cerca de 1.400 millones de dólares anuales) lleguen a su destino.
El problema comenzó a corregirse el 23 de diciembre, con la aprobación de una licitación para una auditoria a las firmas de intermediación financiera del sector. El estudio tendrá un costo de 3,5 millones de dólares.
El Defensor del Pueblo (ombusdman) afirma que el problema del sector hospitalario no es solamente financiero. Los usuarios también carecen de información adecuada sobre los mecanismos que deben utilizar para hacer respetar sus derechos.
