Las 16 personas ahogadas este viernes al llegar en un frágil bote a una playa de España muestran que la ola inmigratoria continúa pese a que muchos encuentran la muerte en su viaje y a que la represión y la miseria acosan a quienes logran ingresar al «primer mundo», salvo excepciones.
Los fallecidos, cuyo número puede aumentar pues aún permanecen desaparecidas tres de las 28 personas que viajaban en la embarcación hundida, equivalen a 10 por ciento de las víctimas fatales registradas en costas españolas el año pasado.
Pero ese año la mayor cifra de muertos se produjo el 17 de octubre, cuando fallecieron 37 inmigrantes que también intentaban llegar por mar y sin pasar por los puestos fronterizos por no contar con la documentación requerida.
La embarcación que zozobró este viernes provocando la muerte de los inmigrantes al chocar contra piedras sumergidas en las playas de Fuerteventura de las Islas Canarias, ubicadas frente a la costa noroccidental de Africa, era de madera y procedía de Marruecos. Las autoridades españolas detuvieron a los nueve inmigrantes que lograron salvarse del siniestro.
Así, la marea inmigratoria indocumentada prosigue, enfrentando riesgos y represión, que muchos logran eludir aunque eso no signifique necesariamente su ingreso por la puerta grande al llamado primer mundo o Norte industrializado.
Claudia, una rumana de 19 años, está en la lista de los pocos inmigrantes que se pudieron salvarse de la expulsión a último momento.
Esta joven , que estaba embarazada, y su esposo eran llevados el miércoles por policías hacia el aeropuerto de Madrid-Barajas, para ser embarcados con destino a su país de origen, tras ser detenidos en la sureña provincia de Córdoba por carecer de los documentos necesarios para su residencia reglamentada en España.
En el camino desde Córdoba a Madrid a bordo de un coche patrullero de la policía, Claudia comenzó a sentirse mal, ante lo cual pararon en un restaurante de la carretera para que pudiera dirigirse al baño.
En pocos minutos se comprobó que la mujer estaba rompiendo aguas, por lo que llamaron a una ambulancia cuyo personal debió atenderla allí mismo, dando a luz a un niño.
La pareja fue liberada de inmediato, ya que la ley española estipula que en un caso así corresponde hacerlo "por razones humanitarias".
El avión al que pensaban subir a Claudia y a su esposo partió en la noche del jueves transportando otros 70 inmigrantes hacia Rumania, como lo hace cada semana hacia ese y otros países como Ecuador, Nigeria y Colombia. En esos vuelos los trasladados viajan con dos policías españoles custodiando a cada uno de los expulsados.
Ahora Claudia, según declaró al diario madrileño El País, quiere criar junto con su marido a su niño en España porque "en nuestro país sólo hay pobreza y no queremos eso para nuestro bebé", aunque se abstuvo de decir, por precaución, hacia dónde se dirigirán cuando la den de alta en el hospital.
Por el contrario, la que sí sabe donde está y puede seguir estando es otra rumana, Lammita, de 38 años, quien se hizo famosa en toda España al difundir por la televisión su imagen y la de su hijo, por haber sido el primero nacido en 2004 en este país.
Ese mismo 1 de enero recibió en el hospital donde era atendida, en la nororiental Zaragoza, una carta de felicitación del socialista Marcelino Iglesias, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la que pertenece esa ciudad.
Lammita, su hija de tres años y el recién nacido Aronas volvieron a ser noticia 15 días después, cuando el diario El Periódico de Aragón publicó una foto suya, con el bebé a cuestas pidiendo limosna en las calles de Zaragoza.
Al publicarse la información, el gobierno aragonés dio orden de que se localice a la madre y a sus hijos para ofrecerles ayuda y para que primen los derechos y el bienestar de los dos menores.
Esta madre rumana recibió ofertas de ayuda cuando estaba en el hospital y no las aceptó, según El Periódico de Aragón. Una explicación puede ser, según la publicación, que Lammita hubiera sido traída a España por una de las muchas mafias que se dedican al tráfico de personas, para mendigar o para otras tareas.
Esas organizaciones criminales suelen traer mujeres para hacerlas trabajar en el servicio doméstico y retenerles una parte de sus salarios o, incluso, para obligarlas a prostituirse.
Por otro lado, decenas de municipios vascos y catalanes se están oponiendo a entregar los datos de los inmigrantes a la policía y al gobierno de España.
Hasta diciembre de 2003, toda persona que estuviera en este país con o sin visado o permiso de residencia tenía derecho a inscribirse en su municipio y recibir los beneficios sociales correspondientes, entre ellos el de sanidad, el más demandado.
Los municipios otorgaban la residencia sin más exigencia de que el solicitante rellenara un formulario y fijase residencia en un domicilio de ese lugar. Ese formulario y sus datos solamente quedaban registrados en el municipio respectivo.
Con la nueva Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno del centroderechista José María Aznar y aprobada en el parlamento gracias a la mayoría absoluta de que dispone, los ayuntamientos están obligados a pasar a la administración central los datos de los registrados, sin límites.
Los ayuntamientos catalanes y vascos que se niegan a proporcionar esa información al gobierno central responden así a un pedido de la organización no gubernamental Apoyo a Inmigrantes Rompiendo Barreras.
