La pena de muerte es una papa caliente para los principales precandidatos presidenciales del opositor Partido Demócrata de Estados Unidos, que se resisten a exigir la abolición de ese castigo por temor a parecer “blandos” con el crimen.
Contra las expectativas de los defensores de los derechos humanos, pocos postulantes demócratas se declararon contrarios a la pena capital en la actual campaña para las elecciones de noviembre, mientras que el gobernante Partido Republicano, fiel a su tradición, la defiende.
Dentro del Partido Demócrata, sólo promueven la abolición de la pena de muerte los precandidatos Al Sharpton, Dennis Kucinich y Carol Moseley, con escasas posibilidades de convertirse en candidatos. En cambio, Howard Dean, delantero en las encuestas, se declaró a favor.
Dean aclaró que sólo acepta la pena capital para crímenes extremos y abominables, “como actos de terrorismo o el asesinato de policías o niños”.
John Kerry, Wesley Clark y John Edwards, otros postulantes demócratas, expresaron ideas similares, mientras que Joseph Lieberman y Dick Gephardt, los más conservadores dentro del Partido Demócrata, defienden con ardor la pena de muerte.
“Esto es triste”, comentó Robert Deans, del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en referencia a la mayoría de los precandidatos demócratas. “No quieren parecer blandos con los criminales”, afirmó.
“Estamos decepcionados”, agregó Kathleen Jones, de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, una federación de grupos de los derechos civiles.
Cuando el republicano George Ryan, gobernador del estado de Illinois, conmutó hace un año la pena de muerte de más de 160 reclusos por cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, los enemigos de la pena capital se llenaron de esperanza.
Al anunciar la suspensión de las ejecuciones en Illinois, Ryan dijo hacerlo porque no estaba seguro de que las condenas fueran justas. “El sistema penal es arbitrario, caprichoso… y por tanto inmoral”, dijo.
Los detractores de la pena capital pensaron que el anuncio de Ryan estimularía al Partido Demócrata a adoptar una firme postura en contra de ese castigo en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Pero se equivocaron.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, un grupo sin fines de lucro con sede en Washington, este año serán ejecutadas 26 personas en distintas prisiones de Estados Unidos.
Desde 1977, cuando se reestableció la pena capital en este país, más de 800 hombres y mujeres fueron ejecutados.
Los detractores de ese castigo arguyen que se aplica desproporcionadamente a afroestadounidenses y a personas pobres. Cerca de 42 por ciento de los reclusos en el llamado “corredor de la muerte” son negros, aunque constituyen sólo 14 por ciento de la población nacional.
Y según Dennis Kucinich, uno de los tres precandidatos demócratas que se oponen a la pena capital, 75 por ciento de esos condenados son “no blancos”.
Los opositores de la pena de muerte señalan que la vasta mayoría de los condenados no pueden pagarse su propio abogado. “No puedo respaldar una política que se aplica tan injustamente”, declaró Kucinich.
Otro precandidato presidencial, Al Sharpton, coincidió con Kucinich. En una reciente entrevista, recordó que el actual presidente George W. Bush, luego de presenciar una ejecución en Texas cuando era gobernador de ese estado, se paró ante las cámaras y declaró: “Este es un gran día para la justicia”.
“¿Qué justicia? ¿Cómo es posible que celebremos la muerte de personas?”, se preguntó Sharpton.
Según las encuestas de opinión pública, ni Kucinich ni Sharpton tienen posibilidades de convertirse en candidatos presidenciales.
Los sondeos siguen proyectando el apoyo del público a la pena capital. En 1965, sólo 38 por ciento de los ciudadanos la apoyaban, pero para 1997 ese porcentaje había ascendido a 72 por ciento, según una encuesta de la empresa Harris. Recientes sondeos sugieren que más de 60 por ciento todavía respaldan la pena de muerte.
Durante años, grupos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, con sede en Londres, han condenado la pena de muerte y en especial que en Estados Unidos el castigo se aplique a retardados mentales y a menores de 18 años.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 82 de los reclusos en el corredor de la muerte fueron condenados por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
Hasta noviembre del año pasado, más de 70 países habían abolido la pena de muerte, pero más de 1.500 personas fueron ejecutadas en todo el mundo. En 2002, 81 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se realizaron en Estados Unidos, China e Irán, de acuerdo con Amnistía.
“Estos asesinatos premeditados proyectan una creciente sombra sobre Estados Unidos en un mundo cada vez más abolicionista”, advirtió la organización de derechos humanos.
“Los líderes políticos de Estados Unidos también deberían promover la abolición en su país. Al no hacerlo, su proclamación de Estados Unidos como paladín internacional de los derechos humanos se transforma en hipocresía”, agregó.
