Las restricciones a las libertades civiles, políticas y económicas en Cuba eclipsan el impacto positivo de los derechos sociales que el gobierno siempre tuvo como prioridad, lamentó este lunes una organización humanitaria opositora.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), sin reconocimiento legal, señaló en su informe semestral que 2003 fue un año muy desfavorable, debido a sistemáticas transgresiones en esa materia.
A su juicio, este año que comienza puede ser igualmente desalentador, pues el gobierno de Fidel Castro no parece dispuesto a introducir transformaciones o reformas modernizadoras en las leyes o regulaciones que tienen que ver con el ejercicio de los derechos fundamentales.
La CCDHRN mencionó entre las transgresiones más frecuentes a las relacionadas con las libertad de expresión, de información, de difusión y prensa, así como el derecho al debido proceso y a la protección irrestricta ante la arbitrariedad.
Todo ello contrasta fuertemente con la alta prioridad que concede el gobierno de Cuba a la ampliación y el perfeccionamiento de los sistemas de educación y asistencia médica básicos, que corresponden al campo de los derechos sociales, comentó.
En ese punto, la organización opositora advirtió que los efectos indudablemente positivos en términos de política interna e imagen exterior resultan eclipsados por la situación en materia de derechos civiles, políticos y económicos.
Como es habitual, el documento que la CCDHRN emite cada seis meses está firmado por su presidente, Elizardo Sánchez Santacruz, un notorio opositor que el año pasado fue vinculado a los servicios cubanos de contrainteligencia.
El informe, que circula en la prensa extranjera, detalla la situación de 315 personas que ya cumplen sanción o esperan ser juzgadas, bajo cargos que incluyen actos de terrorismo, sabotaje, espionaje, robo con fuerza, piratería y salidas ilegales del país, entre otros.
En el listado hay nueve condenados a cadena perpetua y 17 a 30 años de cárcel, más un caso que cumple 35 años de prisión y tres sentenciados a pena de muerte aún pendientes de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
Los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena fueron juzgados por terrorismo y condenados a la pena capital en 1998, mientras que el cubano Humberto Real Suárez, detenido en octubre de 1994, recibió igual sentencia por actos contra la seguridad del estado y asesinato, entre otros delitos.
El año pasado, el fusilamiento luego de pasar por un juicio sumario de tres personas, que secuestraron una embarcación con sus pasajeros a bordo para emigrar a Estados Unidos, rompió una moratoria de unos tres años en la aplicación de esa máxima sanción prevista en la legislación de esta isla caribeña con sistema socialista.
La CCDHRN aseguró, además, que actualmente guardan prisión 84 prisioneros de conciencia, entre quienes mencionó a Raúl Rivero, Martha Beatriz Roque, Oscar Espinosa y Manuel Vázquez, integrantes del grupo de 75 opositores encarcelados en 2003.
Según este informe semestral, una veintena de esos prisioneros están gravemente enfermos y al menos 10 de ellos están en un estado de salud que es incompatible con la internación carcelaria.
Al respecto, la organización humanitaria exhortó a las autoridades a poner en práctica, por razones puramente humanitarias, la legislación que permitiría conceder a Roque, Espinosa y otros varios una licencia extrapenal, equivalente a prisión domiciliaria.
El gobierno cubano rechaza de manera tajante las críticas por su historial de derechos humanos y, por el contrario, considera que el país está en el grupo de los que más respeta los derechos sociales, económicos y culturales.
En esa línea de razonamiento, La Habana considera aliados de la política hostil de Estados Unidos a organizaciones opositoras que denuncian restricciones de las libertades fundamentales.
El gobierno de Castro tampoco acepta las resoluciones de condena aprobadas en los últimos años por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las que también interpreta como parte de las campañas estadounidenses en su contra.
La CCDHRN, que espera desde 1987 una respuesta del Ministerio de Justicia a su solicitud de registro legal, recibió en 1990 el premio Libertad de Expresión de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Asimismo, en 1991 fue galardonada con el Premio Internacional que otorga la organización humanitaria Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
