Noventa días después de asumir la presidencia de Bolivia tras un estallido social, Carlos Mesa cuenta con una popularidad de 77 por ciento y el apoyo clave del movimiento cocalero, pero está asediado por sindicatos y grupos indígenas radicales.
Aunque Mesa conserva el respaldo del Movimiento al Socialismo (MAS) del diputado Evo Morales, líder de los productores de coca, otros sectores que lo respaldaron en octubre pasado amenazan con la insurrección si el gobierno no atiende sus demandas, entre ellas la anulación del modelo económico neoliberal.
Entre esos sectores se encuentran la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación de Campesinos de Bolivia.
Hasta el 17 de octubre de 2003, Mesa era el vicepresidente y Gonzalo Sánchez de Lozada el presidente de Bolivia, pero las protestas sociales contra el anuncio de exportación de gas natural a Estados Unidos a través de Chile, a lo que se sumaron otros reclamos, determinaron la renuncia del titular y su sucesión por el vice, en un proceso constitucional.
La sangrienta represión de las manifestaciones, concentradas en la ciudad de El Alto, cercana a La Paz, dejó como saldo entre 59 y 80 muertos, según distintas fuentes. Los grupos rebeldes impusieron a Mesa un plazo de tres meses para la aplicación de cambios sustanciales en la política gubernamental.
Las demandas centrales de los obreros, campesinos y organizaciones sociales que se enfrentaron con las fuerzas del orden entre el 11 y el 17 de octubre fueron el rechazo contundente a la exportación del gas natural a través de puertos chilenos, la nacionalización de los hidrocarburos, la industrialización del gas natural, la convocatoria a una asamblea constituyente y la anulación del modelo económico neoliberal.
"La mayoría de las demandas de octubre no fueron cumplidas por el gobierno", dijo a IPS el sindicalista de la Central Obrera Regional de El Alto, Roberto de la Cruz, uno de los ideólogos de las protestas.
"No hemos respaldado a Mesa. Nosotros esperábamos los cambios y por ello dimos viabilidad a una salida constitucional. Ahora le retiramos la confianza", expresó.
En esa línea de pensamiento, el principal dirigente de la COB, el minero Jaime Solares, declaró el pasado miércoles en la ciudad de Potosí la "guerra" al gobierno y anunció la puesta en práctica de la "teoría de la revolución" por el "camino a la insurrección".
Mientras, el líder campesino y diputado del Movimiento Indígena Pachacuti, Felipe Quispe, anunció que el plazo para que el presidente Mesa aplique las medidas de cambio, termina el 20 de enero.
Si no existe una respuesta a las demandas, "habrá bloqueos", advirtió Quispe, el líder que inició las movilizaciones populares a mediados de septiembre pasado con la interrupción del tráfico vehicular en las principales vías camineras del altiplano boliviano.
"No podemos ser colaboradores del sistema capitalista y cómplices de un gobierno que sirve a las transnacionales", declaró a IPS el diputado, que también encabeza la Confederación de Campesinos de Bolivia. No descarta que la meta final de las nuevas movilizaciones sea el cambio del presidente Mesa por "un indio en el poder".
Por otra parte, el MAS de Evo Morales, que acompañó las acciones de rebelión de octubre, prefiere el camino institucional para promover los cambios, confiado en que llegará al poder en el año 2007 a través de las urnas.
La balanza tiene un punto de equilibrio, hasta el momento, en la popularidad del presidente Mesa, que según una encuesta realizada por el diario El Deber, de la central ciudad de Santa Cruz, llegaba a 77 por ciento en el mes de diciembre, por encima del 66 por ciento registrado en la fecha de su asunción.
En su discurso del pasado 4 de enero, Mesa apostó a conquistar el respaldo popular con base en la transparencia de las finanzas y la reafirmación de las instituciones democráticas, en respuesta a la propuesta del cierre del Congreso realizada por De la Cruz.
El déficit del sector público durante el año 2003 ascendió a 63 millones de dólares, cifra equivalente a ocho por ciento del presupuesto anual.
Como respuesta a las demandas de los sectores sociales, Mesa anunció una consulta sobre la exportación de gas natural para el 28 de marzo, aunque el comprador estadounidense "Sempra Energy" prefirió dejar sin efecto el negocio y comprar el carburante de Indonesia.
El presidente también prometió estudiar la viabilidad de la industrialización del gas natural y anunció 250.000 conexiones domiciliarias para el suministro del carburante.
Asimismo, reclamó al Congreso la aprobación de una ley para formar una Asamblea Constituyente a la que asignó la tarea de construir un "nuevo pacto social", en respuesta a las exigencias regionales de mayor autonomía económica y política en un país centralizado en La Paz, la sede de gobierno.
Un análisis del sociólogo Alvaro García Linera expresa que Bolivia atraviesa por una crisis de Estado.
En opinión del experto, una salida probable es la autoritaria, con un posible golpe de Estado, promovida por partidos desplazados del poder, un segmento del empresariado y un ejército de intervención internacional.
Otra vía violenta sería la "insurreccionalista de cambio social", protagonizada por los actores de octubre con rasgos más radicales. La tercera opción sería la conservación del actual sistema político con matices moderados bajo el liderazgo de Mesa, según García Linera.
El riesgo de un "aborto político" está presente, advierte el sociólogo Raúl Prada.
"Al movimiento popular le conviene que Mesa se quede para consolidar la revolución popular", dijo, y recomendó a los sindicalistas preparar su actuación en la Asamblea Constituyente para crear mejores condiciones de representatividad en el poder político. (FIN/2004)
