– El Sur necesita más transferencias de recursos y de tecnología del Norte y un reparto equitativo de los beneficios derivados de la riqueza biológica, que se concentra sobre todo en los países en desarrollo, según delegados gubernamentales de América Latina y el Caribe, reunidos en Buenos Aires.
Estos fueron los ejes acordados este viernes por delegados de 23 países de América Latina y el Caribe al ajustar la agenda que llevarán a la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, a celebrarse en Kuala Lumpur del 9 al 20 de febrero.
Además, los participantes debatieron propuestas que llevarán a la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (en vigor desde el 11 de septiembre) y que también será en la capital malasia, del 23 al 27 del mes próximo.
Desde la primera conferencia de diversidad biológica, que se celebró 10 años atrás en Bahamas, hubo avances en materia de conservación de la biodiversidad, dijo a IPS el embajador argentino Raúl Estrada Oyuela, encargado de asuntos ambientales de la cancillería y quien presidió la reunión regional.
Sin embargo, en los otros dos objetivos del Convenio, que cuenta con adhesión de 188 estados, las negociaciones están más estancadas. Se trata del uso sustentable de la diversidad biológica y de la participación equitativa en los beneficios que resulten de esa riqueza natural.
La conservación de la biodiversidad es un objetivo respaldado por la mayoría de los países en desarrollo e industriales, principalmente la Unión Europea, remarcó Estrada Oyuela.
Pero para un uso sustentable de los recursos &# 8211;genes, especies y ecosistemas- haría falta dinero que no llega, señaló.
El diplomático se refería a los recursos financieros que la convención prevé para proyectos que contemplen la utilización de la biodiversidad en el marco del desarrollo sustentable.
El Convenio prevé la financiación de proyectos por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), administrado principalmente por el Banco Mundial y en menor medida por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Organizaciones no gubernamentales y gobiernos de países en desarrollo cuestionan al GEF porque no tiene en cuenta las prioridades de las naciones pobres, y se restringe a aprobar proyectos volcados más a la conservación que al uso sustentable de los recursos biológicos.
Por otro lado, Estrada señaló la preocupación latinoamericana por el escaso progreso en materia de participación equitativa de los beneficios, que deben ser compartidos entre los países poseedores de recursos y los que los explotan con fines industriales.
Nuestra región quiere poner el énfasis en aumentar el financiamiento para proyectos de uso sustentable, y en trabajar más en la participación en los beneficios, porque si una planta con propiedades curativas de la Amazonia termina en un laboratorio en Suiza, debe haber un reconocimiento parejo para todos, ejemplificó Estrada Oyuela.
En este sentido, los participantes analizaron las propuestas para crear un régimen de control de acceso a los recursos genéticos y distintas formas de reconocimiento a quienes conocen sus propiedades, como comunidades indígenas y campesinas, útiles a menudo para las poderosas industrias de alimentos, medicamentos o cosmética.
Así como en los últimos 10 años se resolvió elaborar el Protocolo de Cartagena para regular el transporte y la manipulación de organismos vivos genéticamente modificados, como semillas y granos, del mismo modo se debe proceder en materia de participación en los beneficios, afirmaron delegados.
En Kuala Lumpur hay que lanzar un proceso de negociación similar al que derivó en el protocolo de bioseguridad de Cartagena, luego se verá si es un régimen internacional o un protocolo específico, pero hay que ir por etapas comenzando en la próxima conferencia, insistió Estrada Oyuela.
Al respecto, la región reconoce que las comunidades indígenas deben tener mucho peso en las decisiones. El conocimiento tradicional sobre los usos curativos de plantas y animales está en la base de numerosos hallazgos de la industria, que luego se beneficia de las patentes por recursos y conocimientos que no le son propios.
Las comunidades originarias deben participar pero también tienen que entender que lo importante aquí no es esconder los recursos sino organizarse para venderlos bien, porque las posiciones defensivas no conducen a nada, advirtió el diplomático.
De la cita participaron funcionarios ambientales de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, Uruguay y Venezuela.
