La imagen de una joven portuguesa luciendo una corta camiseta y unos ceñidos pantalones, escribiendo en su barriga en letras gruesas Aquí mando yo, da la vuelta al mundo por estas horas como símbolo de la protesta contra vetustas leyes sobre el aborto, que son cuestionadas hasta por obispos católicos.
A pesar de que Portugal accedió a la democracia hace ya 29 años, merced al golpe militar izquierdista que depuso la dictadura corporativista y ultra católica instaurada en 1926 por Antonio de Oliveira e Salazar, todavía imperan en este país miembro de la Unión Europea (UE) leyes consideradas medievales por activistas de los derechos de la mujer.
En 1998, un referéndum echó por tierra con las aspiraciones de flexibilizar la legislación al respecto, al obtener 50,91 por ciento de los votos el NO al proyecto de ley que habilitaba a abortar libremente durante las 10 primeras semanas de embarazo. Aunque esa consulta no fue válida pues los votantes no alcanzaron a la requerida mitad más uno del padrón electoral, el proyecto igualmente fue retirado.
La protesta comenzó a subir de tono esta semana, con el inicio de un juicio contra 17 personas, siete mujeres, sus maridos, un médico y dos enfermeras, acusadas de practicar aborto.
El proceso judicial se lleva a cabo en un tribunal de Aveiro, una conservadora ciudad ubicada a 200 kilómetros al norte de Lisboa, donde tradicionalmente la derecha obtiene mayoría absoluta en elecciones legislativas y municipales.
El comienzo del juicio el martes fue ampliamente noticiado por medios de información nacionales y europeos, que mostraron imágenes de mujeres pobres avergonzadas y humilladas ante el juez y frente a las cámaras fotográficas y filmadoras, que no perdonaron su privacidad.
El impacto mediático causó un verdadero cisma en el gobernante Partido Socialdemócrata (PSD, de orientación conservadora pese a su nombre) y en la propia Iglesia Católica, donde voces disidentes comienzan a cuestionar la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
La acción adquirió tal dimensión que el obispo de Oporto, monseñor Armindo Lópes Coelho, se manifestó contra la penalización del aborto, considerando que el castigo legal no es solución sino que se deben crear condiciones sociales para que las familias puedan criar a sus hijos.
La Conferencia Episcopal Portuguesa rápidamente reaccionó en comunicado a las declaraciones del obispo de Oporto, que es la segunda ciudad del país y está ubicada a 300 kilómetros al norte de Lisboa.
La jerarquía eclesiástica subrayó que es de competencia de los tribunales y no de la Iglesia Católica asumir posturas frente a estos casos, porque la institución no puede interferir en el orden jurídico civil.
Al mismo tiempo y en defensa del prelado rebelde, surgió la voz de monseñor Manuel Martins, conocido en Portugal y en los países africanos lusohablantes como el obispo de los pobres, quien pese a estar jubilado continúa siendo el alto dignatario más popular de la iglesia portuguesa.
Monseñor Armindo es una persona sumamente inteligente, un excelente teólogo y la gente debe estar muy atenta a lo que él opina, expresó Martins.
Al mismo tiempo, varias declaraciones contradictorias de altos dirigentes del PSD anuncian una crisis en su seno sobre la ley del aborto en vigor.
El primer ministro José Manuel Durão Barroso mantiene un cauto silencio, debido a que importantes dirigentes de su partido como la vicepresidenta del parlamento y ex ministra de Salud Leonor Beleza y la diputada Ana Manso revelaron el martes que ya estaban trabajando en un proyecto de despenalización del aborto, lo que fue avalado por el portavoz del PSD, Pedro Duarte.
Pero horas más tarde el líder del grupo parlamentario del PSD, Guilherme Silva, desautorizó a ambas dirigentes y a Duarte, garantizando que no se debe alterar la legislación sobre el aborto.
La actitud de Silva fue objeto de críticas abiertas del propio presidente de la juventud del PSD, Jorge Nuno de Sá, y del vicepresidente del grupo parlamentario de ese partido, Gonçalo Capitão.
Nuno de Sá pidió una reunión urgente de los diputados oficialistas para discutir la postura demasiado cerrada de Silva, mientras Capitão dijo que fue una pena que el PSD reculase no permitiendo la presentación de una propuesta para discutir la actual legislación sobre el aborto.
Las críticas más contundentes a la intransigencia del partido gubernamental fueron las expresadas por la oposición de izquierda, formada por los partidos Socialista (PS), Comunista (PCP) y Bloque de Izquierda (BI).
Esos tres partidos acusan al PSD de ser rehén de su aliado, el Centro Democrático Social/Partido Popular (CDS/PP), una agrupación que no ha sido aceptada en la familia de partidos conservadores y democratacristianos de la UE debido a su orientación nacionalista ultra-conservadora.
El líder del CDS/PP y ministro de Defensa, Paulo Portas, reafirmó días atrás, inclusive, su orgullo sobre el pasado colonial de Portugal, calificando de mentiras comunistas las masacres del ejército colonial lusitano durante la lucha de liberación de las ex colonias de Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, los tres frentes de guerra de 1961 a 1974.
A su vez, Luis da Nobre Guedes, el dirigente más cercano a Portas, desautorizó las declaraciones del portavoz del CDS/PP, Antonio Pires de Lima, y del líder parlamentario, Telmo Correia, quienes admitieron una cierta flexibilidad, mostrándose inamovible en cuanto a los resultados del referéndum de 1998, que implica no cuestionar la voluntad del pueblo portugués ni de forma legislativa ni precipitando nuevas consultas populares
En la óptica del líder parlamentario del PS, Antonio Costa, todas estas contradicciones demuestran que el PSD es un rehén de su aliados, pues el que manda realmente en la coligación es el CDS/PP. Es que, en efecto, sin el apoyo de Portas, Durão Barroso sería destituido en el parlamento por los votos de los partidos de izquierda.
Sin embargo, lo que en estos días el PS no menciona es el apoyo al NO al aborto del entonces primer ministro socialista (1995-2002), Antonio Guterres, y de una buena parte del partido en ese referéndum.
Guterres, católico practicante y jefe del sector llamado conservador del PS, se empeñó en cuerpo y alma en contra de la despenalización del aborto, resultando la consulta popular con 50,91 por ciento a favor del NO.
Ese año, Portugal reafirmó su lugar junto a Irlanda, como los dos campeones de la intolerancia respecto a la interrupción voluntaria de la gravidez, no solo en la UE, sino en todo el continente europeo.
En Irlanda, el más radical de los países de la UE, el aborto es autorizado en un único caso, que es ante una emergencia para salvar la vida de la mujer, mientras en Portugal, además de este caso, se contempla la malformación de feto o cuando el embarazo es producto de una violación, pero siempre sólo hasta 12 semanas de gestación.
En el concierto comunitario, los países mas liberales en esta materia son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Italia y Suecia, que permiten el aborto a pedido de la interesada en la etapa llamada de embarazo precoz, que varía entre 12 y 24 semanas.
En Finlandia y Luxemburgo, los plazos son los mismos, pero es necesario invocar razones de violación, socioeconómicas o sociomédicas.
El caso de España es particular, al ofrecer la ley un escape al que recurren muchas mujeres, tanto españolas como portuguesas, que contempla la interrupción de la gravidez si existe un grave riesgo mental o físico para la salud, hasta las 22 semanas de gestación.
Por eso una mujer portuguesa que desee hacer un aborto sólo le basta viajar unos pocos kilómetros, hasta la primera ciudad española de la frontera, para solucionar su problema ante la ley nacional.
Esta situación, dijo a IPS el diputado Francisco Louçã, líder del BI, demuestra que las mujeres con medios económicos solucionan su problema sin mayor dificultad y les da lo mismo las leyes medievales que imperan en Portugal.
El dirigente izquierdista enfatizó que las mujeres humildes, esas que no tienen la posibilidad de financiar una interrupción del embarazo en España, se ven obligadas a soportar humillaciones terribles, ser tratadas como criminales y ver sus imágenes transmitidas a todo el país y hasta el resto del mundo por los canales de televisión. (
