La empresa Bechtel, beneficiaria del mayor contrato para la reconstrucción de Iraq, consideró en el pasado eludir leyes de Estados Unidos en su afán por mantener una buena relación y lucrativos negocios con el régimen de Saddam Hussein.
La compañía constructora preveía contratar ”proveedores de tecnología no estadounidenses” para esquivar las sanciones económicas establecidas en 1988, luego de que Saddam Hussein ordenó el uso de armas químicas contra la minoría kurda.
Eso indica un telegrama confidencial enviado al Departamento de Estado (cancillería) estadounidense por la ex embajadora en Iraq April Glaspie y divulgado esta semana por el no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional (NSA).
El documento salió a luz a través de los procedimientos establecidos por la Ley de Libertad de Información.
Bechtel firmó en abril uno de los mayores contratos asignados hasta hoy por la gubernamental Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), referido a la reparación de infraestructura en Iraq, país invadido en marzo por tropas estadounidenses.
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El acuerdo prevé un pago inicial de 34,6 millones de dólares y un monto total de hasta 680 millones.
Bechtel asegura que siempre ha respetado y cumplido las sanciones económicas contra Iraq, pero el documento recién revelados muestra que estaba dispuesta a desafiar aun a sus muchos y estrechos amigos en el gobierno estadounidense para mantener sus negocios en Iraq.
El informe de la embajadora Glaspie al Departamento de Estado consigna que representantes de Bechtel amenazaron con no respetar las sanciones económicas, aprobadas en el Congreso durante la presidencia del republicano Ronald Reagan (1981-1989).
”Representantes de Bechtel dijeron que si las sanciones económicas contenidas en el proyecto del Senado se convierten en ley, la compañía acudirá a proveedores no estadounidenses de tecnología y continuarán haciendo negocios en Iraq”, indica el telegrama de Glaspie al Departamento de Estado.
El documento también muestra detalles de cómo Bechtel cortejó a Saddam Hussein, con la aprobación de diplomáticos estadounidenses y con pleno conocimiento del uso de armas químicas iraquíes contra tropas de Irán y civiles kurdos.
La empresa constructora ”estaba, por cierto, bien al tanto de lo que sucedía en Iraq, y no tenía escrúpulos para hacer algún dólar allí”, dijo Jim Vallette, director de investigadores de la no gubernamental Red de Energía y Economía Sustentable, con sede en Washington.
”No le preocupaba lo que Saddam (Hussein) le hacía a su propio pueblo”, agregó Valette.
El director ejecutivo del NSA, Tom Blanton, dijo que su organización está dedicada a arrojar luz sobre la ocupación de Iraq, echando una mirada a la historia de la relación entre el país árabe y Estados Unidos.
”Lo que estamos haciendo con estos documentos es intentar dar algún contexto perdido a las actuales decisiones políticas y de contratos”, sostuvo Blanton.
Llueven acusaciones sobre el gobierno de Bush por los contratos para la reconstrucción de Iraq asignados por Usaid a empresas estrechamente vinculadas con altos funcionarios del gobierno.
Mientras, aliados de Estados Unidos como Alemania, Francia y Rusia se quejan por la decisión de permitir que participen en la reconstrucción iraquí sólo a empresas de los países que se involucraron en la guerra contra Iraq.
En los años 80, Bechtel firmó un contrato de servicios técnicos para un proyecto petroquímico de 2.000 millones de dólares de costo. Junto con otras empresas estadounidenses, ganó 300 millones de dólares por la construcción de esas instalaciones.
Pero ese acuerdo peligró cuando el Senado estadounidense manifestó su intención de castigar a Bagdad por el uso de armas químicas contra la población kurda.
Cuatro años antes, por otra parte, había quedado bien documentado el uso del mismo gas tóxico contra soldados iraníes.
La iniciativa del Senado incluía sanciones económicas estrictas, como el bloqueo total de préstamos internacionales y de cualquier tipo de asistencia.
Según el telegrama de la embajadora Glaspie al Departamento de Estado, el entonces ministro iraquí de Industria y yerno de Saddam Hussein, Husayn Kamil, manifestó a representantes de Bechtel su molestia por la aprobación en el Senado de la Ley de Prevención del Genocidio.
Kamil ”descargó su bilis durante una hora y media”, y dijo que la medida ”tomó a su gobierno completamente por sorpresa” porque se registraba ”en momentos de mejora de relaciones” bilaterales.
Washington ”mezcla la política con los negocios”, insistió el ministro iraquí, según el mensaje de la diplomática estadounidense a sus superiores.
Glaspie consideró en su mensaje que Kamil era ”uno de los más cercanos asesores de Saddam Hussein, algunos dicen que el más cercano”. ”Tomamos la furiosa reacción de Kamil (…) como un reflejo preciso de la propia reacción de Saddam”, agregó la diplomática.
Dos días después de la reunión con el yerno del dictador iraquí, representantes de Bechtel se reunieron con Glaspie para informarle.
Temerosos de perder el control, amenazaron entonces con apelar a proveedores no estadounidenses para mantener el contrato a pesar de la decisión del senado, indicó la diplomática en su mensaje.
El incidente, según Vallette, demuestra con claridad cómo la compañía hoy beneficiaria del mayor contrato por la reconstrucción de Iraq estuvo a punto de chantajear a Washington cuando su lucro entraba en colisión con una decisión del Congreso.
Blanton consideró también que el telegrama es una evidencia de la complejidad de la relación entre Saddam Hussein y Estados Unidos.
”La guerra en Iraq se ha presentado en términos moralistas, de blanco contra negro. Pero en la realidad histórica, la relación entre Estados Unidos e Iraq nunca fue en términos de blanco y negro”, sostuvo.
Para Vallette, el documento también pone en cuestión si Becthel puede beneficiarse de la reconstrucción de Iraq, dado que eligió hacer negocios con Saddam Hussein a pesar de la evidencia de que este dictador usaba armas prohibidas.
”Creo que cualquier compañía que lucre con las brutalidades de los dictadores no debería estar a cargo de la supuesta construcción de una democracia en Iraq, o en cualquier parte”, concluyó.
Otra empresa a la que se asignaron contratos —Halliburton, otrora conducida por el actual vicepresidente estadounidense Dick Cheney— es acusada por auditores del Departamento de Defensa (Pentágono) de negarse a entregar documentos internos.
Esos papeles son necesarios para desentrañar problemas contables referidos a un contrato petrolero en Iraq y que, según investigadores, costaron 61 millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses.
