El grupo terrorista ETA anunciará en los próximos días una tregua, por lo que dejará de cometer atentados, al menos temporalmente.
Fuentes sindicales del nacionalismo vasco dijeron a IPS que los dos sindicatos de esa orientación, tras pedirle a ETA que declare una tregua, recibieron una respuesta positiva y la información de que el anuncio se haría para las navidades, sin establecer el tiempo de duración del cese del fuego y ”a la espera de la evolución de los acontecimientos”.
Los sindicatos ELA, nacionalista moderado con mayoría absoluta en el País Vasco, y LAB, minoritario y vinculado a Batasuna, el grupo político que responde a ETA, suscribieron un acuerdo a fines de noviembre para defender conjuntamente sus reivindicaciones laborales en esa septentrional Comunidad Autónoma, una de las 17 que integran España.
Después de la firma de ese pacto dirigieron su pedido a ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), creada en los años 60 bajo la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), pero que siguió con sus actividades violentas en la democracia iniciada tras la muerte del dictador, cuando todos sus presos fueron amnistiados.
En los dos últimos años, las policías francesa y española profundizaron su cooperación y sus acciones contra ETA. El jueves por la noche, el último producto de esa actividad fue el arresto en Francia de Ibon Fernández Iradi, alias Susper, considerado uno de los máximos dirigentes de ese grupo.
Fernández Iradi ya había sido apresado hace un año, también en Francia, pero escapó de la cárcel días después.
Después de su primera detención, documentos que tenía en su poder dieron base para el apresamiento de otros integrantes de ETA y la desarticulación de su aparato de captación de nuevos miembros.
Fuentes policiales españolas informaron de que un resultado de esta nueva detención es la incautación de más documentación ”muy importante”, que poseían en su refugio Susper y otras dos personas que fueron detenidas junto con él.
El dirigente etarra será extraditado y puesto a disposición de la justicia española, acusado de 18 atentados, entre ellos los realizados contra el político socialista Juan María Jáuregui, el empresario José María Korta, el agente de la Policía Vasca Mikel Uribe y el secretario general del Diario Vasco, Santiago Oleaga.
También se lo acusa de haber preparado la carta-bomba que al estallar hirió de gravedad al periodista vasco Gorka Landaburu, un luchador contra la dictadura de Franco y crítico de las acciones terroristas perpetradas por ETA desde que se recuperó la democracia.
Patxi Zabaleta, un dirigente histórico de Batasuna que junto con otros activistas se apartó de ese partido y creó Aralar, un grupo que sigue defendiendo la independencia del País Vasco pero rechaza la violencia, no cree que ETA tenga el propósito de declarar una tregua.
Según dijo a IPS, sabe que hay un debate dentro de ETA y que no se excluye la posibilidad de una nueva tregua, pero eso no está planteado en la actualidad. En su opinión, tendría que ocurrir ”un hecho político de gran calado” para que el grupo deje de actuar violentamente.
Una de las razones que no favorecen que se declare la tregua es la actitud obstruccionista del gobierno español presidido por el centroderechista José María Aznar, añadió Zabaleta.
Una actitud que, en su opinión, llevó al gobernante Partido Popular a convertirse en una minoría sin poder en la nororiental Comunidad Autónoma de Cataluña, y que de mantenerse le daría los mismos resultados en el País Vasco.
Sin embargo, desde la misma ETA se dice que el País Vasco vive lo que Zabaleta denomina ”hecho político de gran calado”.
En el último Zutabe, el boletín interno etarra, se sostiene que ”Euskal Herria (País Vasco en vascuence) vive un momento político importante (…) pues se ha abierto un debate sustancial que ha colocado en el centro del panorama político las bases del conflicto y las cuestiones centrales a resolver por nuestro pueblo”.
El debate al que se refiere es el suscitado por un plan de autodeterminación presentado ante el parlamento de la Comunidad Autónoma por el jefe del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe.
ETA considera sustancial la discusión abierta, pero opina que el plan de Ibarretxe es cerrado, excluyente y limitado a lograr mayor autonomía en vez de independencia, según Zutabe.
La última tentativa de negociar con ETA se produjo en 1998 y 1999. El 16 de septiembre de 1998 el grupo declaró una tregua unilateral, después se produjo una reunión en Suiza entre su dirección y una delegación del gobierno español y sorpresivamente, el 3 de diciembre de 1999, ETA dio por terminado el intento de diálogo.
Todas las fuerzas políticas, incluyendo al nacionalismo vasco moderado, le demandaron que no volviera a la violencia y que prosiguiera las conversaciones con el gobierno de Aznar, para llegar a un fin negociado de la violencia, pero ETA rechazó esa demanda por la vía de los hechos y reanudó sus atentados.
Ahora el gobierno vasco, consultado por IPS, se negó a dar cualquier opinión sobre la posibilidad de que ETA declare una nueva tregua, y el gobierno español mantiene la misma posición que adoptó al final del cese del fuego anterior: ETA debe dejar de matar y entregar las armas que le queden.
Según fuentes nacionalistas, la detención de Susper podría influir para que se concrete la tregua, ya que el grupo terrorista vería aun más limitada su capacidad para cometer atentados, pues se producirían nuevas detenciones.
Después del primer arresto del dirigente etarra y a partir de la información contenida en los documentos que se le incautaron, la policía realizó cuatro operaciones en España que la llevaron a detener a más de 70 personas pertenecientes a ETA o vinculadas con ella.
El 18 de noviembre, la última de esas operaciones permitió detener a 12 personas, desmantelar el aparato de captación del grupo terrorista y golpear duramente su infraestructura operativa, según fuentes policiales.
