El creciente poder de los mercados y la incapacidad de los gobiernos para proteger a los ciudadanos de sus fluctuaciones amenazan los derechos sociales, económicos y humanos en el Sur en desarrollo, advirtió la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
La globalización ha sido a la vez buena y mala para los derechos humanos, según la UNU.
Por un lado, el fenómeno promovió el sentido de la comunidad mundial y la solidaridad internacional, y esto se aprecia en las intervenciones colectivas en conflictos nacionales por motivos humanitarios.
También se aprecia en el nuevo consenso internacional sobre los derechos humanos, que atraviesa las barreras geopolíticas, culturales y religiosas, señaló Jean-Marc Coicaud, coeditor de La globalización de los derechos humanos, el nuevo estudio de la UNU.
Por otro lado, las desigualdades se han profundizado como consecuencia de la globalización, un proceso caracterizado por la gran movilidad de ideas, personas, mercancías y capitales a través de las fronteras nacionales, señala el informe, publicado el miércoles en Nueva York, en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La globalización ha beneficiado más a los ricos y poderosos, porque fue diseñada por los ricos y poderosos con ese fin, afirmó el coautor Henry Shue, investigador del departamento de Política y Relaciones Internacionales de Merton College, Oxford.
La UNU, con sede en Tokio, fue establecida en 1973 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, como una comunidad internacional de académicos comprometidos con la investigación, la capacitación y la difusión de conocimientos relacionados con problemas internacionales.
Mientras la desigualdad aumenta, el compromiso de los países con los derechos humanos tiene un alcance muy limitado. La comunidad internacional no ha demostrado un compromiso serio hacia estos derechos más allá de sus respectivas fronteras, sostuvo Coicaud.
En los años 90, la comunidad internacional invirtió 20.000 millones de dólares en intervenciones humanitarias en diversas partes del mundo, como Bosnia, Ruanda y Somalia. Ese monto representó apenas una fracción del presupuesto militar de Estados Unidos, que osciló entre 280.000 y 300.000 millones de dólares en esa década.
Japón, la segunda economía del mundo, gasta 40.000 millones de dólares en defensa por año.
Esto demuestra que la escasa voluntad de los países ricos para proteger los derechos humanos más allá de sus fronteras, aunque esa protección es la clave de la seguridad mundial, dijo Coicaud a IPS.
La inestabilidad política, los trastornos sociales y los millones de personas hambrientas o resentidas, que pueden manipularse políticamente, constituyen graves amenazas a la seguridad mundial, y para combatirlas se requiere una visión amplia, no soluciones militares, opinó el experto.
Es necesario concebir formas de inversión que velen por los derechos de las personas en sus propias comunidades, y no sólo mediante acuerdos comerciales, sino incorporando derechos sociales y civiles al proceso de globalización, exhortó.
Las consecuencias de la globalización son inmensas y afectan seriamente el poder de los gobiernos para aliviar los problemas socioeconómicos de sus ciudadanos, sostuvo Ruth Gavison, profesora de la Universidad Hebrea, de Jerusalén, y coautora del informe.
El estudio, de 216 páginas, cita varios factores que obstaculizan el progreso socioeconómico en muchos países, entre ellos la movilidad de las industrias y el capital, y las enormes disparidades en el costo de la mano de obra en todo el mundo.
Los trabajadores no calificados del mundo industrializado no pueden competir con los bajos salarios de los países en desarrollo. Por eso, industrias de los países industrializados se trasladan al Sur, mientras trabajadores desempleados de países pobres se trasladan al Norte, dispuestos a trabajar en condiciones que no son aceptables para los nativos, señala el estudio.
Otro factor es que las decisiones económicas más importantes son adoptadas en foros internacionales en los que, con frecuencia, las clases más privilegiadas de algunos países impulsan acuerdos que son buenos para ellos pero malos para sus compatriotas en general, declaró Gavison.
Este sistema de decisión crea dependencia de las tecnologías y el capital de los países más poderosos, lo cual aumenta la vulnerabilidad de los gobiernos y los habitantes de los países en desarrollo, concluye el informe.
