La justicia es especialmente dura en Japón con los extranjeros, que en muchos casos no tienen las garantías del debido proceso, denunciaron activistas de los derechos humanos.
”Los extranjeros que delinquen no tienen un juicio justo en Japón debido a sus desventajas idiomáticas y culturales. Como muchos de ellos carecen de visa, ya están en infracción antes de ser arrestados, lo cual los vuelve extremadamente vulnerables”, señaló el abogado Yasushi Kigashizawa.
Según Kigashizawa, los extranjeros reciben sentencias especialmente duras como resultado de una interpretación deficiente durante los procedimientos judiciales y del uso de confesiones realizadas en interrogatorios policiales, a veces en ausencia de abogados.
Los activistas señalan también que las autoridades no garantizan los derechos humanos de los presos, que en muchos casos no reciben atención médica y son sometidos a una disciplina inusualmente estricta.
Un estudio publicado en octubre reveló que más de 34 por ciento de los reclusos han sido atacados en prisión, y dentro de éstos, los más afectados son los extranjeros.
La activista Mikiko Kyakuno relató que su trabajo con extranjeros en prisión le permitió comprobar ”una arraigada xenofobia”.
Kyakuno pertenece al Grupo de Apoyo a Govinda, formado por 12 voluntarios japoneses en apoyo a un hombre nepalés condenado a cadena perpetua en octubre por un asesinato que él niega haber cometido.
El caso es considerado por los defensores de los derechos humanos como un claro ejemplo de la discriminación que enfrentan los convictos extranjeros en Japón.
Govinda Prasad Malinali fue condenado por el asalto y asesinato de una mujer japonesa en 1997. Ese año, fue detenido por permanecer en el país más allá del plazo autorizado en su visa, pero posteriormente fue acusado del crimen.
En 2000, la Corte de Distrito de Tokio lo declaró inocente por falta de pruebas, pero antes de que fuera repatriado, fue detenido nuevamente sin explicaciones y encarcelado. Luego fue vuelto a juzgar y sentenciado a muerte en octubre.
Kyakuno decidió unirse al Grupo de Apoyo a Govinda porque está convencida de que es inocente. ”Sus abogados rechazan el veredicto final y acusan a los jueces de fingir que hicieron justicia a expensas de un extranjero”, señaló.
En la cárcel, Govinda languidecerá sin esperanzas, sometido a una disciplina muy estricta, señaló Kyakuno.
Los condenados a cadena perpetua sólo pueden recibir visitas de familiares bajo un estricto control. Además, los familiares sólo pueden hablarle en japonés o inglés, porque son los idiomas que manejan los guardias de la prisión. La misma regla se aplica a las cartas entre el recluso y su familia.
Además, la familia de Govinda no cuenta con medios para permanecer largos períodos en Japón y depende del apoyo de activistas japoneses, que no tienen fondos suficientes para financiar esos gastos, señaló Kyakuno.
”La detención causó una profunda tensión psicológica a Govinda y su familia”, agregó.
Dentro de todo, Govinda tiene suerte. ”Cuenta con un fuerte grupo de apoyo y una prensa solidaria. Por otro lado, hay miles de extranjeros en condiciones igualmente atroces que languidecen en la cárcel sin apoyo alguno”, observó la activista.
La Agencia Nacional de Policía informó que más de 7.600 extranjeros fueron detenidos en 2002, frente a 7.150 el año anterior.
Los chinos encabezan la lista (3.632), seguidos por los vietnamitas (583) y los coreanos (473).
Aunque los extranjeros constituyen un pequeño porcentaje del número total de personas detenidas (285.000 en 2002), persiste la percepción pública de que ellos son los principales responsables de los crímenes. La policía, impulsada por destacadas figuras políticas, lanzó una campaña para impedir los ingresos ilegales de extranjeros.
Este tipo de campañas puede llevar a la imposición de sentencias más duras sobre los extranjeros, advirtió Higashizawa, que promueve una nueva ley de protección de los derechos humanos.
Como muestra, basta el juicio de dos hombres chinos que el pasado junio se transformaron en los primeros extranjeros condenados a muerte en Japón por el asalto y asesinato de tres empleados japoneses de una sala de juego de ”pachinko”.
Ching Daiwei y He Li, ambos con visa estudiantil, fueron arrestados junto a otro joven chino al que llamaron su líder en mayo de 1992. El tercer hombre escapó a China y actualmente está en la lista internacional de personas buscadas.
Los dos detenidos confesaron los homicidios en un interrogatorio policial realizado sin intérprete, aunque posteriormente retiraron su confesión en el juicio. Su sentencia está ahora en proceso de apelación.
Organizaciones no gubernamentales y abogados esperan que la formación en enero una nueva comisión de derechos humanos, integrada por expertos jurídicos gubernamentales e independientes, provea un mecanismo independiente para investigar supuestas violaciones cometidas por la policía. (
